BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm asumirá definitivamente la gestión del parking de l'Aigüera, con el auxilio de una empresa. Así lo aprobó este lunes el pleno a propuesta del gobierno local. Una moción que desencadenó una situación especial teniendo en cuenta que unos puntos después se volvería a debatir la iniciativa de Ciudadanos para municipalizar el servicio y que no prosperó toda vez que estaba aprobada la primera. Hay que tener en cuenta el PP gobierna con mayoría absoluta, así que tiene siempre la última palabra.
Para empezar, el parking de la Plaza SSMM Reyes de España funciona hasta junio con una concesionaria. Pero cuando termine este contrato, asumirá la gestión el ayuntamiento con el auxilio de una empresa, que se encargará por ejemplo del mantenimiento de las instalaciones.
El concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, explicó que esta nueva fórmula permitirá que el Consistorio sea el que establezca las tarifas, con el fin de poder poner varios tipos teniendo en cuenta diversas circunstancias: “para el comercio y restauración, para trabajadores, de tipo social o para residentes”.
Por parte de la oposición, el portavoz socialista, Rubén Martínez, presentó una enmienda que pedía que los trabajadores conservaran sus derechos con el cambio, algo que no prosperó; mientras que el portavoz de Cs, Juan Balastegui, expresó su malestar ante lo que él entendía que era su propia moción pero asumida por el PP y sin presentar los informes que le habían solicitado cuando comenzó a plantear la idea en el pleno de septiembre de 2019.
No obstante, la municipalización que planteaba la formación naranja, según explicaron en pleno, contemplaba la opción de que más de una empresa pudiera gestionar los servicios de los que no puede hacerse cargo el ayuntamiento. Algo que necesitaba de más informes y alargaba el proceso, un tiempo del que no disponen.
El desconcierto vino cuando tiempo después y con la gestión directa aprobada, el pleno abordó la moción de Ciudadanos en la que pedían la municipalización. Una propuesta que no retiró el proponente, evidenciando la guerra por ver quién se llevaba el gato al agua en esta gestión directa del parking, y que el PP ganó gracias a su posición.
Pero este no fue el único asunto tratando en el pleno, salió adelante con el voto favorable de toda la Corporación, la propuesta del alcalde, Toni Pérez, para solicitar al Consell la “Condición de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana” para Benidorm, en base al nuevo decreto autonómico aprobado el pasado 10 de enero que desarrolla la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de 2018.
Con idéntico resultado, la Corporación ha acordado solicitar a la Dirección General de Costas la concesión sobre el embarcadero y las construcciones existentes en la isla de Benidorm en base al proyecto básico de rehabilitación integral de dichas construcciones en un Centro de Interpretación y por “el plazo máximo posible” conforme a la Ley de 1988.
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Por unanimidad ha prosperado la moción presentada por el alcalde para pedir a la Diputación Provincial de Alicante que ceda al Ayuntamiento el tramo de la carretera CV-753, que enlaza con l’Albir popularmente conocida como ‘turística’, a su paso por Benidorm. Se trata, concretamente, de un tramo de 1,6 kilómetros, que se inicia en la avenida Doctor Severo Ochoa y que se prolonga hasta el término municipal de l’Alfàs del Pi, a la altura del trinquet ‘Vicente Pérez Devesa’.
Con mayoría, el pleno ha aprobado la propuesta para aprobar el precio del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos para el año 2020. El concejal del área, José Ramón González de Zárate, ha indicado que el Ayuntamiento abonará en 2020 por el servicio prácticamente el mismo importe firmado en 2013 por el entonces gobierno socialista. La diferencia entre el importe de 2013 y el que se va a abonar en 2020 viene marcada por la subida anual del IPC y por la salvedad de tener que abonar el alquiler de nuevos vehículos, al estar los actuales completamente amortizados desde 2010. No obstante, edil ha recalcado que “el ciudadano no va a pagar ni un euro más por el servicio”.
También en materia de contratación y con idéntico resultado, se ha decidido comunicar a la empresa SICE, concesionaria del alumbrado público y de las instalaciones de regulación de tráfico, que deberá “continuar con la prestación del servicio en los términos actuales” hasta “el 30 de septiembre”, fecha en la que se estima que habrá ya nuevo adjudicatario. A este respecto, De Zárate ha aclarado que “por decisión técnica” y en base a la normativa estatal el actual contrato se va a dividir en dos: uno referido a los servicios de tráfico y otro exclusivo para el alumbrado público.
