BENIDORM. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm, en la sesión ordinaria del mes de marzo celebrada hoy, ha aprobado por unanimidad la adjudicación del contrato de la obra de construcción del acceso al polígono industrial de Benidorm, en concreto las obras de enlace de la carretera N-332 y su conexión con la avenida de la Comunitat Valenciana y la rotonda de acceso.
El punto se ha debatido en el capítulo de despachos extraordinarios tras la aprobación, en este caso solo con los votos del equipo de gobierno, de una operación de préstamo en dos lotes por un valor global de 18,6 millones de euros para poder adjudicar dicho contrato. La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, ha afirmado que la operación se concierta para una inversión que “entendemos que es muy necesaria”. El préstamo supondrá, ha dicho, “poder ejecutar un vial y una rotonda que desbloqueen el polígono industrial que va a traer un indudable beneficio económico a la ciudad. Hay que hacerlo y ha de ser a cargo de recursos municipales por exigencias del Ministerio de Fomento”. García mayor ha incidido en que “nos hemos comprometido a ello para desbloquear el polígono industrial, que tantos años lleva esperando la ciudad”.
Una vez aprobada la operación de préstamo se ha procedido a la aprobación de la adjudicación del contrato de la citada obra por valor de 16.165.746,66 euros a la mercantil Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A. En este punto, la portavoz y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha abundado en que el desarrollo del polígono industrial “conllevará la creación de más de 2.000 empleos directos y otros tantos indirectos” y “permitirá que los propietarios del suelo puedan, por fin, desarrollar sus parcelas y la ciudad tenga su desarrollo terciario como han tenido otros municipios colindantes que sí han tenido permiso del Ministerio y a quienes han cedido incluso su tramo de carretera, mientras a Benidorm se lo denegaban”.
En la misma sesión se ha aprobado por unanimidad reiterar a la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat las solicitudes de declaración formal e inscripción como Bien de Interés Cultural (BIC) del Castell y el Tossal de La Cala, solicitudes que fueron aprobadas en pleno el 30 de octubre de 2017 y el 25 de mayo de 2020.
La concejal de Patrimonio Histórico y Cultural, Ana Pellicer, ha recordado que tras la restauración de la Torre de Les Caletes y la subvención de la Diputación para restaurar la Torre de Morales el esfuerzo municipal se ha centrado estos años en los dos bienes culturales como El Tossal y el Castell “a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que se pidió por primera vez”.
En ese sentido, la edil ha detallado que en agosto de 1984 ya se incoó el expediente y que tres décadas después se volvió a solicitar dicha declaración “y también que se concluyera el expediente”. Pese a ello, en diciembre de 2017 la administración autonómica informó al Ayuntamiento que hasta esa fecha no había ningún cambio en la situación del Tossal. Años después, en febrero de 2020, la Generalitat volvía a informar con relación al Tossal que, efectivamente, fue incoado el expediente en 1984, pero al no haberse resuelto la declaración el expediente había caducado. “Aunque se retomó la solicitud, a día de hoy no hay cambios. El Ayuntamiento no ha cesado en su empeño de poner en valor este fortín romano del siglo I antes de Cristo” ha insistido Pellicer.
En cuanto al Castell, la intervención arqueológica permitió recuperar restos que han sido puestos en valor, como el aljibe, el abrevadero o tramos de muralla. El Castell es, además, el punto más visitado y fotografiado de la ciudad. Pellicer ha recordado que “la ley establece que ha de ser considerada de Interés Cultural la protección de los castillos españoles, una circunstancia que es de aplicación en nuestro Castell”.
También ha salido adelante, en este caso por mayoría, el expediente de contratación del contrato de concesión del complejo inmobiliario de la Estación de Autobuses compuesto por dos lotes; la gestión de la estación y la gestión del centro comercial y hotel. El expediente se tramitará mediante procedimiento negociado sin publicidad en el que se invita a participar a la anterior concesionaria “y a todas aquellas empresas que se considere con solvencia económica y técnica para gestionar el complejo inmobiliario, con un número mínimo de cinco empresas por cada uno de los lotes”.
La portavoz del gobierno, Lourdes Caselles, ha aclarado que la comisión paritaria para la resolución del contrato fue hecha en tiempos del gobierno socialista.”Se trataba de ejecutar una sentencia del Supremo y que los políticos estuviéramos aparte. Tenía que ser completamente transparente y por eso dimos un paso al lado. Los técnicos eran quienes tenían que llegar a las conclusiones y así ha sido. Los políticos no hemos tenido nada que ver”. También ha achacado Caselles a la oposición que en ocho meses “no hayan aportado nada, tan solo dudas y faltar a la verdad” y ha recalcado que “este equipo de gobierno nunca ha mirado a otro lado, sino que modificamos la concesión en acuerdo plenario para seguir la sentencia del Supremo”. Incluso ha aludido a que la legalización de todo el complejo “se realizó con el anterior equipo de gobierno. El anterior alcalde sí iba a la comisión paritaria, al contrario que con este gobierno, porque nosotros sí nos fiamos de los técnicos”.
De la misma forma también ha sido aprobada por unanimidad la propuesta del concejal de Ciclo del Agua para solicitar a la Sociedad proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) la cesión de las instalaciones de la Estación de Bombeo de agua marina del Paseo de Tamarindos, sus conducciones de impulsión y retorno, las conducciones de captación y vertido submarinas y las obras ejecutadas correspondientes a la planta desalinizadora, así como sus correspondientes autorizaciones y concesiones a favor del Ayuntamiento. “Volvemos a pedirlo porque es importante esa infraestructura. Es una inversión clave y necesaria, incluida en el Plan Hidrológico Nacional. Pedimos que nos ayuden otras administraciones” ha explicado José Ramón González de Zárate.
El concejal ha lamentado, no obstante, que “en todo este tiempo no hemos tenido respuesta de la SPTCV y lo que pedimos es que nos cedan esas infraestructuras para poder hacer la desalinizadora, que podría tratar tres hectómetros cúbicos y que dará un gran servicio para evitar tener problemas con el agua, algo que perjudicaría enormemente nuestro turismo”.
Por unanimidad se han aprobado tres puntos relativos al inicio de procedimientos de concesiones de distinciones a agentes de la Policía Local. En el primer caso, la cruz al mérito policial con distintivo azul “por sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, haber prestado más de 10 años como Policía Local y estar en posesión de dos Felicitaciones Públicas a título individual” a los agentes Pedro Antonio Martínez Casteo y Juan Gabriel Casagrande Losada.
El segundo caso es la felicitación pública a la oficial Ana María Crespo Llopis, y los agentes Aarón Mora Aznar y Javier Navarro Guillem ‘por su intervención el 28 de enero de este año gracias a la cual consiguieron reanimar a un varón que se encontraba en parada cardiorrespiratoria mediante maniobras de RCP hasta la llegada de los servicios sanitarios.
El último caso es la cruz al mérito policial con distintivo azul para el agente Manuel Risueño Bañuls por la realización del estudio ‘Los clubes de cannabis desde una perspectiva policial’ sobre los problemas que se pueden encontrar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la hora de intervenir en un club de estas características. Un trabajo que ha sido publicado en una de las revistas jurídicas más prestigiosas del país, ‘La ley penal’, con elogios desde diversos ámbitos.
En el pleno, asimismo, se ha dado cuenta del informe de Intervención General de la Generalitat y de la nueva petición de informe de discrepancias en relación con el expediente del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de espacios públicos. Se ha hecho lo propio con el informe de fiscalización de las subvenciones y ayudas concedidas en 2020 por las entidades locales con motivo del Covid-19 emitido por la Sindicatura de Cuentas y con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha desestimado el recurso interpuesto por el empresario Antonio Manuel Puchades contra el auto del Contencioso Administrativo número 3 de Alicante relativo al sector APR-7.
Por último, y por unanimidad, los grupos políticos han aprobado una propuesta emanada de la Junta de Portavoces por la que se solicita que la sede del futuro juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Alicante, que se encuentra en fase de aprobación, tenga su sede en la ciudad de Benidorm.
La propuesta considera que Benidorm “reúne y cumple todos los requisitos para el establecimiento de un juzgado en la ciudad de estas características” y añade que “al tiempo que se contribuye a mejorar la proximidad de los servicios de referencia, acercando la justicia contencioso administrativa a la ciudadanía, se incidiría en la descentralización de los mismos facilitando la tutela judicial de los administrados”.
