ALICANTE (AP/EP). Primera visita institucional del vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera (Vox), a la ciudad de Alicante desde su toma de posesión, el pasado mes de junio (aunque sí había había participado con anterioridad en actos no vinculados a sus responsabilidades). Y primera polémica por el contenido de sus manifestaciones. El también conseller de Cultura ha mantenido este martes una reunión de trabajo con varios representantes de las asociaciones de vecinos de los barrios de la Zona Norte -de la que finalmente se ha ausentado la consellera de Justicia, Elisa Núñez, por problemas de agenda- con el fin de escuchar sus necesidades ante los problemas de los que adolecen y se ha comprometido a poner en marcha inversiones para darles solución, así como a implementar las medidas que estén al alcance de la Generalitat que permitan atajar la situación de inseguridad y la ocupación ilegal de viviendas, que ha vinculado de forma directa a la inmigración irregular.
En todo caso, no ha llegado a detallar en qué consistirían esas medidas como posibles soluciones, ni qué inversiones concretas podrían abordarse a corto o medio plazo, al margen de señalar que la prioridad sería "tirar" al actual gobierno estatal compuesto por PSOE y Sumar en tanto que gran parte de las competencias sobre la regulación del sector de la vivienda no están en manos de las comunidades autónomas, sino que corresponden al Estado.
"Hemos venido a abordar temas importantes, porque entendemos que no existe libertad sin seguridad, y hemos venido a enterarnos de la situación en cuanto a seguridad, del grave problema que estos barrios sufren en cuanto a la inmigración ilegal, en cuanto a la ocupación de viviendas, y otros muchos más problemas", ha señalado. "Hemos venido a intentar abordar estos problemas de inmigración ilegal y de ocupación de viviendas que padecen estos barrios". Al respecto, ha señalado que "por supuesto" que la inseguridad está relacionada con la inmigración ilegal y por la ocupación. "No solo principalmente, pero es uno de los factores decisivos: los okupas son gente que está ocupando ilegalmente una vivienda que le es ajena, y la propiedad privada debe ser sagrada en este país", ha enfatizado.
Lo cierto es que Barrera no ha llegado a facilitar datos concretos sobre la realidad de la okupación ilegal en el conjunto de la Comunitat, ni en el caso concreto de la ciudad de Alicante, aunque sí ha apuntado que "aquí me han hablado de que podríamos estar por encima del 50% de las viviendas, que a mí me parece una barbaridad; no sé si esto es real, y no tengo ahora mismo datos sobre la situación de la Comunitat, pero nuestra política y nuestra intención es la de aplicar tolerancia cero ante la okupación ilegal", ha asegurado.
"Pensamos que la ocupación ilegal debe ser combatida; y por supuesto, la inmigración ilegal; y lo que ocurre es que ahora no solo no se combate, sino que con los impuestos de todos nosotros, desde el Gobierno central se alimenta, se fomenta, con la inestimable ayuda de empresas o de asociaciones de tráfico humano que se aprovechan de las desgracias de seres humanos", ha insistido. Así, ha llegado a apuntar que durante el mes de enero, se habría producido la llegada de más de 8.000 personas al país de forma irregular, lo que supone "una cifra seis veces mayor que en enero del año pasado". "Este problema hay que abordarlo de forma definitivamente y que puedan haber inmigrantes, pero de forma regular y controlada", ha apuntado.
Respecto a las soluciones, ha señalado que la solución al problema de la inmigración irregular y de la okupación "es bien compleja porque no depende de las comunidades autónomas, depende del Gobierno; por lo que la primera solución es tirar al Gobierno que tenemos, que es parte del problema". No obstante, al apuntar a las posibles medidas que podría implementar la Generalitat, únicamente ha señalado que se había comprometido ante los vecinos a acometer algunas inversiones que no ha llegado a concretar.
"El entorno está muy deteriorado en cuanto a suciedad, falta de inversiones y en materia de comunicaciones; entonces lo que voy a trasladar al presidente, al señor Mazón, lo que nos hemos encontrado y lo que nos han trasladado los vecinos para que, en la medida de nuestras posibilidades, sea una acción prioritaria poder invertir en todos estos barrios, aunque no podamos arreglar la okupación ilegal, si podamos empezar a invertir y anticiparnos, para que cuando, desde el Gobierno central, las podamos arreglar, ya estén en marcha aquí una serie de medidas en mejora de infraestructuras, a la limpieza y a la seguridad de los barrios", ha explicado.
En esa batería de propuestas, según ha dicho, también se incluiría un refuerzo policial. "Mientras exista la inseguridad, se tendrá que aumentar la soluciones policiales, tanto a nivel local como a nivel de fuerzas de seguridad del Estado; hay una falta de medios absoluta y también de falta de medios humanos", ha señalado, para aludir a la situación registrada en Barbate con las lanchas de los narcotraficantes y las que disponen las fuerzas de seguridad.
De igual modo, sobre el incremento de medios, ha señalado que su intención es solicitar que el Ayuntamiento de Alicante pueda aumentar los medios disponibles en el conjunto de los barrios del distrito. "Somos socios de gobierno tanto en la Generalitat como en varias administraciones", en alusión al Partido Popular (PP), "y vamos a solicitar una atención especial en los barrios más necesitados y creemos que los barrios de la Zona Norte son esos barrios más necesitados", ha explicado, ante la presencia del edil de Seguridad de Alicante, Julio Calero (PP), que se ha sumado a la visita institucional, tras incorporarse al desarrollo de la reunión en curso con los representantes vecinales.
Por su parte, el propio Calero ha defendido las actuaciones puestas en marcha por el Ayuntamiento, con iniciativas como el servicio de Policía de Barrio, para que "la convivencia pueda continuar en unos niveles óptimos". "Estamos trabajándolo, ahora vamos a hacer una serie de correcciones en el servicio de Policía de Barrio para aumentar aquí en la zona más presencia. El Ayuntamiento no ha dejado de trabajar nunca en este barrio y es una de las zonas donde más se implementan todos los servicios", ha sostenido. Asimismo, ha admitido que pese a los diferentes planes en la Zona Norte, los vecinos siguen transmitiendo sensación de "inseguridad", lo que hace que esta zona sea "de las que más implicación tiene el Ayuntamiento", ha asegurado.
Por parte de las asociaciones vecinales, el presidente de la Junta de Distrito 2 y miembro de la Asociación de Vecinos de Juan XXIII, Francisco Camacho, ha lamentado que en la Zona Norte "está todo hecho una ruina" y considera que "se ha perdido" la convivencia en los barrios, aunque ha descartado que exista un problema grave de inseguridad. "Quizás haya peor imagen de la que tenemos, pero lo que hay que hacer prácticamente es que la calle sea del ciudadano. Si está el coche mal aparcado, encima de la acera, que pase la policía y lo ponga en su sitio. También el tema de la patada a la puerta, que nos está haciendo mucho daño", ha expresado, al tiempo que ha reclamado convenios para hacer viviendas sociales, para que las personas paguen alquileres bajos y "puedan vivir dignamente".
En relación a las peticiones a la Generalitat y al Ayuntamiento, Camacho ha reclamado "un plan de choque con unas pequeñas inversiones", con el objetivo de que los barrios de la Zona Norte, tras "tocar fondo, vayan hacia arriba". "No pedimos otra cosa, no pedimos nada que no se pueda hacer", ha enfatizado. Además, ha pedido que los cuerpos policiales atiendan a todos los vecinos cuando llaman por distintos asuntos, puesto que ha denunciado que únicamente les atienden cuando llaman los representantes vecinales.
De igual modo, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Juan XXIII, Celia Campelo, sí ha puesto especial énfasis al referirse al problema de la ocupación ilegal de viviendas al afirmar que "un 97% de personas del barrio son okupas, mínimo". "Hay portales que no hay ni un propietario, todos son okupas. No puedes irte de tu casa y dejarla dos horas suelta porque cuando llegas, está ocupada", ha indicado, al tiempo que ha alertado del "miedo" del vecindario y del aumento de venta de droga en los barrios.
No obstante, también ha participado en el encuentro Maximiliano Escudero, mediador social de la Zona Norte desde hace 17 años, a través de un proyecto desplegado por el Ayuntamiento de Alicante, quien ha negado que los barrios del distrito sean "los más peligrosos" de la ciudad. Al respecto, ha señalado que esa imagen se ha trasladado por la existencia de "conflictos entre algunas familias".
En cuanto a su labor como mediador, ha explicado que trabaja en los centros juveniles y se enfrenta principalmente a "problemas de comportamiento". En este sentido, ha apostado por la educación como forma de cambiar la sociedad y ha lamentado que en muchas ocasiones se expulse a los niños de los centros escolares por malas conductas, lo que provoca que dejen de ir a la escuela y estén en la calle.
El vicepresidente primero del Consell también se ha referido a las líneas centrales que prevé desplegar en la ciudad de Alicante desde sus competencias en la Conselleria de Cultura y Deportes para asegurar que ya se está trabajando en colaboración con el Ayuntamiento, sin bajar al terreno de los ejemplos concretos. "Hemos colaborado ya en el pasado y vamos a seguir colaborando en polideportivos; y en cuanto a Deporte, colaboramos a través de las federaciones para impulsar el deporte base y el deporte profesional", ha señalado.
"Entendemos que la cultura es algo vivo y cuando nos vayamos habrá muchas cosas por hacer", ha admitido. Con todo, ha apuntado que "tenemos la obligación de fomentar la cultura dando espacio a todos, no discriminando a nadie, e intentando que la cultura no sea un arma de adoctrinamiento como ha sido durante los últimos años", ha añadido.
Y sobre el proyecto concreto de la reforma del Teatro Principal, ha sostenido que "es verdad que necesita que se le meta mano, hablando pronto y claro, como todo lo que tiene que ver con la cultura, que somos la pata pobre del gobierno". "Nos hemos encontrado un patrimonio olvidado y estamos analizando varios proyectos entre los que está el Teatro Principal", ha concluido, sin avanzar detalles.
Por lo pronto, la intervención pendiente para rehabilitar tanto su estructura exterior como para acondicionar el patio de butacas queda pendiente de un proyecto coordinado entre los tres copropietarios de la sala: el Ayuntamiento, la Fundación Banco Sabadell y la Conselleria de Cultura. En principio, sus representantes habrían mostrado su disposición a promover las obras en la última reunión de la Junta de Propietarios celebrada el pasado diciembre.