ALICANTE. El PP se da cuenta de que no le salen la cuentas para modificar las cuentas. Se topó de bruces con esa cruda realidad un mes después de su regreso al poder, en la comisión de Hacienda de este lunes, en la que pretendía aprobar la primera modificación de crédito sobre el presupuesto de 2018. Toda la oposición le cerró el paso: como informó Alicante Plaza, la propuesta no convencía a nadie porque, entre otros puntos, no incluía el aumento de la partida de ayudas de emergencia social que se había planificado desde la misma aprobación del presupuesto, el pasado mes de marzo.
Así que el alcalde, Luis Barcala, y su concejal de Hacienda, Carlos Castillo, se vieron obligados a retirar el acuerdo para tratar de consensuarlo, en esta nueva etapa de gobierno en minoría (dispone de 8 concejales en una corporación de 29). Los contactos se abrieron ya este mismo lunes con PSOE y Cs y continuarán este martes con Guanyar y Compromís. Según las fuentes consultadas, en las dos citas ya celebradas, el PP inquirió a la oposición para que planteasen qué partidas consideraban que debían detraerse para poder complementar la partida de ayudas sociales con los 500.000 euros a los que el PSOE se había comprometido a llegar con Guanyar, durante la negociación del presupuesto. Pero sólo hubo una respuesta concreta: "La responsabilidad de buscar soluciones es de quien gobierna, que dejen de hacerse fotos y se pongan a ello".
Por lo pronto, el PSOE ya dejó claro este lunes que, al margen de la exclusión de partidas de tipo social que se incorporaron al presupuesto a través de un compromiso político reivindicado por Guanyar, no resultaba prioritario que se cancelase deuda de manera anticipada, puesto que esa decisión puede adoptarse igualmente a final de año, en el caso de que no se produzca una modificación normativa que amplíe plazo para impulsar inversiones con remanentes presupuestarios.
Guanyar, por su parte, ya anticipó este lunes que iba a reiterar al PP su solicitud para que esa primera modificación de crédito incorporase las propuestas ya registradas durante la negociación del presupuesto con el PSOE tanto en 2017 como en 2018. Según su portavoz, Miguel Ángel Pavón, "no sólo hablamos de las ayudas sociales de emergencia, también de los convenios con Cruz Roja y con la Fundación RAIS, del Consejo Local de Personas con Diversidad Funcional, del CIBE Alicante, de la creación de plazas de bomberos y de un agente de igualdad o del Plan General Estructural".
Sea como fuere, el PP volvió a percatarse de su realidad aritmética, después, en la comisión de Servicios, en la que los populares tuvieron que digerir la derrota de la comisión de Hacienda con el aplazamiento de otro acuerdo: la propuesta de subida de las tarifas del agua. En realidad, se trata de una decisión que ya había sido avalada con apoyo de todos los grupos políticos, en el consejo de administración de Aguas de Alicante, el pasado septiembre. No obstante, este lunes, quedó aplazada hasta la convocatoria de un nuevo consejo en el que se aclarase las advertencias señaladas en un informe del interventor municipal.
Y en tercer y último lugar, los grupos de la oposición aprovecharon la Junta de Portavoces convocada para ultimar la celebración del pleno ordinario de mayo, este jueves, para instar a Barcala a convocar de manera urgente las comisiones de Memoria Histórica y Limpieza. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, llegó a recriminarle, incluso, que estuviese negociando con el Ministerio de Hacienda una posible cancelación del plan de ajuste al que se encuentra sometido el Ayuntamiento en términos distintos a los que se acordó en el pleno. Bellido recordó que en ese acuerdo se pedía al ministerio que habilitase la misma fórmula que ya aplicó en 2014 a otros ayuntamientos como el de Madrid, sin necesidad de que se cancelase deuda.