ALICANTE. El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, insiste y se ratifica "íntegramente" en las explicaciones facilitadas el miércoles en la controversia sobre la contratación y posterior destitución de Miguel Ángel Redondo como asesor municipal, después de que trascendiese que era un conocido de la edil no adscrita, Nerea Belmonte, y que colaboró con la Concejalía de Acción Social en la etapa en la que ella desempeñaba esas competencias. Así, el primer edil ha insistido en que él desconocía las informaciones que se han conocido a través de los medios de comunicación y que, al conocerlas, tomó las medidas oportunas, en alusión a su cese.
La confirmación de esa versión se ha producido como respuesta a la decisión de tres de los cuatro grupos de la oposición municipal, PSOE, Guanyar y Compromís, de dar traslado a la Fiscalía de la información relacionada con el contrato de Redondo para que abra una nueva línea de investigación, en el marco de las diligencias que se siguen sobre la supuesta oferta de un sueldo de 3.500 euros para influir en la posición de voto de Belmonte ante la celebración del pleno de elección de nuevo alcalde.
Los tres partidos han registrado tres escritos por separado en los que, a grandes rasgos, se coincide en la misma solicitud: que se indague sobre el supuesto beneficio que pudo haber generado el contrato de Redondo; sobre las funciones impropias que pudo haber desarrollado y sobre si esas circunstancias pudieron tener alguna relación con el sentido del voto de Belmonte en el pleno de investidura celebrado el pasado 19 de abril. También el activista vecinal y militante de Podemos, José Luis Valdés, también ha acudido a Fiscalía a ampliar su denuncia original en relación a la misma información sobre la contratación del asesor del PP ya destituido.
En cualquier caso, Barcala ha circunscrito el registro de esos escritos a lo que ha considerado como "una cortina de humo", un intento de desviar la atención sobre las diligencias que realmente están en curso, que se siguen por el supuesto intento de compra de la voluntad política de Belmonte en el proceso de negociación que los tres partidos entablaron antes del pleno en el que él resultó elegido alcalde, como candidato de la lista más votadas en las municipales de 2015.
Así, ha recalcado que a Redondo se le contrató por una cuestión de confianza y se le cesa por una pérdida de confianza, por lo que considera que "el tema está absolutamente zanjado".
Los ediles del PSOE.
Los ediles de Compromís.Eso sí, ha señalado que si la Fiscalía establece que necesita alguna aclaración al respecto, "la disponibilidad y la puesta a disposición de la justicia, está siempre, para lo que haga falta, si lo entiende oportuno, colaboraremos, como es nuestra obligación". Con todo, ha insistido en que, con esta iniciativa, los grupos de la oposición estarían incurriendo en la misma práctica que antes habían criticado en relación a la decisión del PP de presentar una denuncia por el supuesto fraccionamiento de contratos del caso Comercio. "Entonces se nos acusaba de judicializar la política; ahora, para tapar las propias vergüenzas, que son las que se están investigando ahora, que no lo olvidemos: a quién se está investigando es a PSOE, Guanyar y Compromís por esa negociación...", ha dicho. "Aquellos que criticaban lo de la judicialización, han tardado muy poco tiempo en aprovechar cualquier excusa para judicializar", ha concluido.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alicante, Yaneth Giraldo, ha manifestado, a través de un comunicado, que "visto como se están desarrollando los acontecimientos, todo indica que Luis Barcala ha recaído en las prácticas de la vieja política con la contratación de un asesor al servicio de la tránsfuga Nerea Belmonte y de la asesora de está última, la empresaria de publicidad Elsa Martínez". "Es una recaída que contradice las proclamas del PP, de Isabel Bonig por ejemplo, de que ahora reniegan de esas cosas y de que el partido se ha renovado", ha matizado la edil.
"Si el alcalde sabía desde el principio que el asesor contratado el pasado 15 de mayo era para Belmonte y Martínez estamos ante un hecho muy grave y de ahí que estemos perfilando con precisión la denuncia ante Fiscalía que vamos a presentar", ha puntualizado. Todo parece indicar que ese escrito podría registrarse este viernes.
La portavoz de Cs ha reiterado que "Barcala tiene la obligación ética y política de dar explicaciones contundentes en la comparecencia que hemos pedido para el próximo pleno ordinario porque hasta el momento solo vemos lagunas y contradicciones en las manifestaciones que ha realizado". En su criterio, "es literalmente imposible que no tuviera referencias del asesor, como si para un puesto de confianza pudiera acceder el primero que pasa por la calle", ha concluido.
