ALICANTE (EP). El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha precisado este miércoles que la instalación de depósitos de combustible en el Puerto "no cabe" en el modelo de ciudad, y por ello ha definido como "imprescindible" que el pleno se pronuncie mañana en contra de ello. Además, ha sostenido que las tres administraciones implicadas -junto al Ayuntamiento, lo están Gobierno y Generalitat-, deben tener "un mismo criterio" para evitar la aplicación "estricta" de la ley ante una actividad reglada.
Sin embargo, ha rechazado los términos en que Guanyar Alacant ha planteado su Declaración Institucional, porque no se pueden basar "en el no por el no". A preguntas de los medios, Barcala ha indicado que la declaración firmada por Miguel Ángel Pavón "parte de la misma bandera con la que hizo la primera denuncia y es: vamos a saltarnos todo". "No, las cosas hay que hacerlas bien", ha agregado.
Ante ello, el primer edil ha opinado que "claro que hay que estar en contra, posicionarse políticamente en contra, de dar un paso atrás en un camino ya andado", pero ha subrayado que en la que las administraciones implicadas "ignoren completamente la ley" y diga "No porque no".
En ese sentido, ha explicado que el modelo de ciudad del equipo de Gobierno popular, que ha creído "mayoritario en el pleno", una configuración del Puerto "con esos depósitos, no cabe". Y por ello, ha comentado que el pleno debe posicionarse para que "se activen todos los mecanismos legales para impedir que esos depósitos se instalen, por la cercanía y con el riesgo que pueda entrañar". "No es el modelo de desarrollo industrial que queremos para la ciudad de Alicante y el Puerto tiene otras actividades que puede desarrollar y otros usos que dar al suelo", ha manifestado.
Sobre las alegaciones en las que trabaja el ayuntamiento, Barcala ha explicado que en el Consejo del Puerto, su presidente, Juan Antonio Gisbert, trasladó a los consejeros de que existe el proyecto el pasado septiembre. "En ese mismo consejo ya le manifesté la discrepancia sobre unas instalaciones que unos años antes habían sido desmontadas", ha asegurado y ha mantenido que se trató de "una toma de razón" en la que no hubo votación. Un consejo al que asistió él como alcalde, el concejal de Hacienda, Carlos Castillo, y el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, como representante de la Generalitat.
Además, ha advertido que el proyecto se ejecutaría en dos fases, de modo que se "evita" una declaración ambiental de la Generalitat y "haría recaer todo sobre el ayuntamiento". "Esa es una de las alegaciones en las que vamos a fundamentar nuestra oposición jurídica", ha continuado.
Asimismo, ha recordado que en el Puerto se concentran Gobierno central (Puertos del Estado), Generalitat y Ayuntamiento y, por ello, ha planteado la necesidad de que las tres vayan de la mano. "En el momento en que una de las tres falle, afloje, empiece a divagar o a tener dudas; entonces, al tratarse de una actividad reglada, individualmente se puede exigir el cumplimiento estricto de la ley y nos ponen en un problema y un aprieto muy serio", ha comentado, aunque ha opinado que existen argumentos "para justificar" las alegaciones.
Al respecto, ha confiado en que desde el Gobierno central y Puertos "se tenga clara esa postura, que tienen que apostar por otras actividades y no por una que ha generado un rechazo unánime".