La edil de Educación de Alicante, Mari Carmen de España, durante su intervención en el pleno.ALICANTE. La resaca del inicio del curso escolar 2024-2025, y el estado de las infraestructuras educativas de Alicante, se ha prolongado pleno del Ayuntamiento este jueves en el debate de una propuesta de declaración institucional promovida por el PSOE por la que se pretendía acordar la reprobación de la concejal delegada del área, la popular Mari Carmen de España, por "la falta de previsión, coordinación, planificación y por la ausencia de medidas para paliar las carencias de los centros escolares", según la posición mantenida por los socialistas. No obstante, la propuesta no ha prosperado al encontrar el rechazo de PP y Vox. Pero no solo eso. La edil no solo ha evitado el castigo político público que le habría supuesto la reprobación sino que, además, ha sido ratificada en sus responsabilidades por el alcalde, Luis Barcala, quien ha respondido a las peticiones de cese formuladas en el debate con una ratificación expresa de su confianza en De España.
De partida, el edil del PSOE, Emilio Ruiz, ha defendido el registro de la reprobación al reprochar "el suspenso" que, a su juicio, arrastra en lo que respecta a procurar condiciones adecuadas en los centros educativos con ejemplos de deficiencias que, según ha sostenido, se reproducen en casi todos los colegios de la ciudad. Así, ha enumerado incidencias como la existencia de barracones sin accesos adecuados, las averías como la registrada en el ascensor del CEIP Voramar, entre otras. Así, ha conminado al alcalde, Luis Barcala, a acordar la destitución de De España ante su inacción. "Visite los centros y atienda sus necesidades", ha apuntado Ruiz, al dirigirse a la regidora.
El portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado justificada la propuesta de reprobación y ha lamentado la intervención protagonizada por De España respecto a las causas de la última avería del ascensor del CEIP Voramar, en la que insinuó que alguien podía haber tenido interés en malograr el inicio de curso en el que se ponía en marcha por primera vez la medida de la gratuidad en la educación infantil de 0 a 3 años. De igual modo, su homólogo de Compromís, Rafa Mas, ha considerado que la gestión de De España es "negligente" y ha pedido su dimisión o que se acuerde su cese. En esta línea, se ha dedicado a enumerar las deficiencias que, a su juicio, existen en los colegios de la ciudad, entre los que ha destacado los cuatro centros públicos que se dedican a la atención de alumnos de educación especial.
Por Vox, su portavoz adjunto, Mario Ortolá, ha considerado que la situación de los centros tiene tres responsables: el ayuntamiento por no ejercer su responsabilidad de mantenimiento, la inspección educativa por no velar por su correcto estado "y también la dirección del CEIP Voramar por haber permitido que se utilice a un menor con fines políticos", en alusión a la grabación de una madre subiendo a sus espaldas a un alumno con problemas de movilidad por la avería del ascensor. Además, ha sostenido que "ya dijimos que la dirección del centro debía haber reorganizado las aulas para evitar que se produjese esa circunstancia, como así se acabó haciendo después". Así, ha sostenido que Vox no iba a secundar la reprobación "porque si es por gestión, podríamos plantear la de otros concejales", pero ha advertido que el partido seguiría vigilante al respecto.
Por su parte, la edil de Educación ha sostenido que la diferencia entre el PP y las fuerzas de la izquierda es que "nosotros gestionamos para las personas, poniéndolas en el centro, y no utilizándolas para hacer política". Así, ha defendido su gestión y ha reiterado que el Plan de Infraestructuras Educativas anunciado en el inicio del curso pasado, ya está elaborado con distintos proyectos de mejora en varios centros que estarían en fase de ejecución o en proceso de contratación. Además, ha aludido a la "buena labor de coordinación con la conselleria, que ha permitido que se aborde la adjudicación del nuevo CEIP de La Almadraba". En este sentido, ha recordado que el Consell del Botànic no construyó ningún nuevo colegio en Alicante durante su mandato.
Antes de su intervención, el primer edil ya había anticipado su respaldo explícito a De España. "No solo no la voy a destituir, sino que la ratifico expresamente", ha sostenido, en términos parecidos a como ya se pronunció durante el pasado mandato respecto a la exconcejal de Educación, Julia Llopis, ahora diputada autonómica en las Cortes tras su salto a las filas de Vox. A la postre, en el momento de la votación, la iniciativa ha quedado rechazada por 17 votos: los de PP y Vox, frente a los 11 votos de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Sí ha prosperado la declaración institucional promovida por el PSOE con la que se pretendía acordar "la procedencia de que el equipo de gobierno convoque las Juntas de Distrito, previamente a la elaboración de los presupuestos, para la aprobación de los proyectos y/o necesidades prioritarias a fin de que se puedan tener en cuenta en los planes de actuación municipal y/o en la aprobación de los presupuestos municipales, y que se aumente el presupuesto participativo de los distritos de la ciudad de un 5 a un 10%". La iniciativa ha sumado 15 votos a favor, gracias a los ediles de PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem, después de que sus representantes hayan afeado al PP que no se tenga en cuenta la participación de los ciudadanos a la hora de plantear el reparto de fondos. Por su parte, la edil de Infraestructuras y Participación Ciudana, Cristina García, quien ha sostenido que ya se tienen en cuenta sus aportaciones.
La primera de las propuesta promovidas por Vox, por la que se pretendía manifestar el rechazo del Ayuntamiento de Alicante "a la subida de impuestos anunciada por el Gobierno de España y proponer al gobierno municipal que no aumente la presión fiscal de las familias y negocios alicantinos" ha suscitado el rechazo del conjunto de la izquierda. Sus representantes han considerado que esa propuesta va en contra de los intereses de la ciudadanía y de las clases trabajadoras en la medida en que eso supone recortar en servicios públicos. "Luego culpan a Sánchez de no financiar a las comunidades, pero perdonan 230 millones en impuestos a los ricos", ha sostenido Mas, en alusión a la rebaja fiscal acordada por el Consell durante la etapa de mandato de PP y Vox.
La socialista Castell, por su parte, ha acusado a Vox de "tergiversar" respecto a la propuesta del Gobierno. Por su parte, el edil de Hacienda, Toni Gallego, ha sostenido que el PP solo podía estar de acuerdo con la primera parte de la declaración, la que atañía al rechazo a la subida impositiva del Gobierno, pero no la segunda, al sostener que el equipo de gobierno ya aplica una fiscalidad blanda. Así, la iniciativa ha quedado rechazada por PP, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
