El alcalde de Alicante, Luis Barcala, conversa con la edil de Empleo, Mari Carmen de España, y el edil de Recursos Humanos y Seguridad, José Ramón González, en una imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha concretado este martes la designación de sus representantes en la comisión de investigación sobre el caso enchufes: el órgano político encargado de revisar el proceso de oposición a Policía Local con el fin de dilucidar si existió el presunto caso de nepotismo denunciado a través de los medios de comunicación por fuentes reservadas que permanecen en el anonimato por temor a represalias.
Lo cierto es que la designación de esos representantes por parte del bipartito no es anecdótica. El grupo municipal del Partido Popular (PP), con el alcalde, Luis Barcala, a la cabeza, ha decidido ceder la presidencia de la comisión a la edil de Empleo, Mari Carmen de España, en detrimento del concejal José Ramón González, responsable de las dos áreas relacionadas con el procedimiento de selección: las de Recursos Humanos y Seguridad. Es más, el regidor queda apartado de la composición de la comisión, ya que el concejal suplente por parte del PP será el edil de Asesoría Jurídica, Manuel Villar.
Se trata de la primera ocasión a lo largo del mandato actual en la que el equipo de gobierno decide situar a un concejal como presidente de una comisión que no ostenta las competencias sobre el área sobre la que se pretende llevar a cabo la labor de fiscalización. Así, González fue quien asumió la presidencia de la comisión sobre la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales como delegado de la Concejalía de Infraestructuras, de la que depende el servicio. Y el edil de Limpieza, Manuel Villar, fue quien dirigió la comisión sobre la prestación del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura. De igual modo, fue también el mismo Villar, como concejal de Medio Ambiente, quien desempeñó la presidencia de la comisión sobre la contrata de zonas verdes. En todos los casos, además, los grupos de la oposición solicitaron las comparecencias de los respectivos concejales presidentes ante cada una de esas comisiones, en las que tanto González como Villar se sometieron a las preguntas formuladas por el conjunto de grupos para facilitar explicaciones sobre el proceder municipal.
La exclusión de González como presidente y como miembro de la nueva comisión sobre la convocatoria de las oposiciones bajo sospecha cobra mayor trascendencia, además, después de que, el pasado miércoles, el propio alcalde rectificase sus declaraciones previas y anunciase el estudio de posibilidades para suspender el proceso de selección de los agentes hasta que se esclareciese si pudo haber irregularidades en el desarrollo de las pruebas. El primer edil también extendió entonces el alcance de esos informes jurídicos para que se determinase si existe la posibilidad de anular la convocatoria, en el caso de que se confirmen esas anomalías. Todo, un día después de que González asegurase que el equipo de gobierno no tenía potestad para interferir en la convocatoria, puesto que el tribunal responsable de dirigir el proceso es "libre, independiente y soberano" para tomar sus decisiones. En ese momento, solo auguró la posibilidad de que las oposiciones quedasen paralizadas en el supuesto de que así lo acordase un juez.
Por el momento, no ha trascendido si ya se ha concluido la elaboración de esos informes jurídicos. Ni tampoco si ya se ha avanzado en algún punto de los estudios anunciados por González (un informe solicitado al presidente del tribunal, José María Conesa y otro a los servicios jurídicos municipales) al poner en marcha el expediente informativo de averiguación de hechos incoado desde el mismo día en el que se difundieron las denuncias sobre las presuntas irregularidades. De igual modo, no se ha precisado ningún progreso en la indagación abierta por la Agencia Valenciana Antifraude, ni en los informes requeridos por la Conselleria de Administraciones Públicas a los dos vocales designados por el IVASPE que formaron parte del tribunal que tuteló las oposiciones.
Se trata de la primera ocasión en este mandato en la que el edil delegado del área a fiscalizar no preside la comisión constituida al efecto
En lo que respecta al resto de integrantes de la comisión, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs), ha designado al edil de Cultura y portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa, como vicepresidente, mientras que la vicealcaldesa y edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, figurará como suplente. Por el PSOE, lo previsible es que, por defecto, sea su portavoz, Paco Sanguino, quien forme parte de la comisión como titular. No obstante, todavía no se habría producido una notificación oficial, a la espera de adoptar una decisión coordinada con la ejecutiva del partido. Así, la designación podría recaer también en el edil y secretario general local Miguel Millana o en la edil Llanos Cano, que ha asumido la labor de fiscalización sobre el área de Recursos Humanos desde el inicio del mandato.
Por el resto de grupos, sus respectivos portavoces ejercerán como titulares: Xavier López por Unides Podem EU; Natxo Bellido por Compromís y Mario Ortolá por Vox. Sus compañeros de filas ejercerán como suplentes: Vanessa Romero, Rafa Mas y Pepe Bonet, respectivamente.
Hasta ahora, no se ha concretado la fecha de inicio de los trabajos de ese órgano de fiscalización política. Se trata de una decisión que se concretará en cuanto los seis grupos políticos notifiquen quienes serán sus respectivos representantes, según ha concretado el portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa, este martes. En principio, las sesiones tendrán una periodicidad quincenal, en función de la propuesta acordada por unanimidad en el pleno de marzo, celebrado el pasado jueves.
