ALICANTE. La ordenanza de convivencia cívica que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante prevé debatir y aprobar en el pleno ordinario de noviembre, este jueves, quedará sujeta a modificaciones posteriores con el fin de mejorar su contenido. Ese es, cuando menos, el compromiso público adquirido este martes por el alcalde, el popular Luis Barcala, después de que se haya constatado una nueva oleada de muestras de rechazo sobre su redacción actual.
Al margen de las ya reiteradas por los grupos opositores del eje progresista (básicamente, las mismas que se expusieron tras su aprobación en Junta de Gobierno, en octubre de 2020) y las expuestas por la Asamblea 8M, las últimas en conocerse, este martes, fueron las manifestadas por más de una treintena de asociaciones sociales y entidades vecinales, coordinadas de algún modo por la Plataforma contra la Pobreza, y hasta Cáritas, la organización perteneciente a la Iglesia Católica, con la que, a priori, PP y Cs podrían tener más afinidad ideológica.
Los responsables de esas entidades emplazaron por carta al bipartito a retirar la ordenanza para abordar una reelaboración consensuada que tome como punto de partida el texto propuesto por la FEMP, en la que se tendrían en cuenta medidas de inserción social para los colectivos vulnerables y no se aplicarían "multas coercitivas", según los colectivos agrupados en torno a la Plataforma contra la pobreza. De igual modo, en esas cartas se instaba a PP y Cs a suprimir determinados aspectos "que afectan a las personas que viven en la calle o a las mujeres víctimas de la explotación sexual", como requería la misiva remitida por el secretario general de Cáritas, Javier Ruvira.
Sin embargo, no se atenderá ninguna de las dos solicitudes: ni retirada, ni modificación. Al menos, no por ahora. El primer edil confirmó, tras participar en la clausura de las jornadas sobre 'El futuro del agua' celebradas en el MACA, que el bipartito mantiene su hoja de ruta y que elevará la propuesta de ordenanza al pleno de este jueves con la intención de que pueda producirse su aprobación inicial sin más demoras, después de que quedase aparcada el pasado otoño, en plena negociación de los presupuestos de 2021.
Ahora, según incidió, ese escenario no volverá a producirse, pese a que se aborde en un contexto similar, en el que PP y Cs tratan de lograr que las cuentas de 2022 puedan quedar aprobadas antes de que termine el año en curso. Eso sí, Barcala aseguró que el texto queda sujeto a cambios al sostener que se trataba de una propuesta "viva" a la que todavía le queda recorrido administrativo hasta que queda aprobada de forma definitiva.
En este sentido, dio por hecho que se introducirían modificaciones en forma de alegaciones. Y que, entre ellas, figurarían las que pudiesen presentar sus socios de gobierno de Cs, después de que las propuestas formuladas como enmiendas, el pasado 11 de noviembre, quedasen desestimadas en la comisión de Presidencia del pasado viernes al haberse registrado de manera extemporánea, fuera del plazo de seis días establecido para ello.
Al respecto, garantizó que, en el periodo de alegaciones "por su puesto, examinaremos entre todos las alegaciones para estudiar su incorporación o su revisión". "La ordenanza tendrá una vida probablemente muy larga e iremos realizando modificaciones para adaptarla a las necesidades de cada momento o para atender problemas que a priori no hayan sido previstos", incidió.
EL PRIMER EDIL SOSTIENE QUE SE EXAMINARÁ LAS ALEGACIONES QUE SE PRESENTEN Y ADMITE QUE LA ORDENANZA ES MEJORABLE, AUNQUE INSISTE EN QUE GOBIERNOS DEL PSOE HAN APROBADO PROPUESTAS SIMILARES EN OTROS MUNICIPIOS SIN 'ESCÁNDALOS'
Y advirtió: "Ojo con quien se escandaliza y monta un número con esto porque en San Vicente, con un gobierno socialista, han cogido nuestra misma ordenanza y la han aprobado sin esos escándalos; en Elche están tramitando una ordenanza que es igual que la nuestra; y allí no pasa nada", explicó.
Lo cierto es que Barcala llegó a admitir que la ordenanza es "mejorable", aunque señaló que esa misma circunstancia se da "con todas las ordenanzas y con muchas de las que hemos revisado para actualizarlas desde que accedimos al gobierno". En todo caso, siguió defendiendo el texto propuesto al asegurar que "no todo el mundo que opina sobre la ordenanza y su contenido se la ha leído" y que "no todo el mundo que se la ha leído tiene la intención de entender su cometido". Así, reiteró que "ni la mendicidad coactiva, ni las mafias que explotan a las personas para mendigar, ni las mafias de trata de blancas que fomentan la prostitución van a tener sitio en esta ciudad y para eso hay que tomar medidas". "Lo que no se puede es no hacer nada", como según recalcó, hizo el tripartito, tras su llegada al poder, en 2015, cuando acordó la derogación de la ordenanza aprobada bajo el mandato de Sonia Castedo: en gran parte, la base del texto actual, como señalan los grupos de la oposición y como recogen parte de los informes técnicos internos.
Sea como fuere, Barcala abundó en la crítica hacia PSOE, Guanyar y Compromís al sostener que abandonaron "a los mendigos, a las mujeres que ejercían la prostitución a su suerte, porque no se tomó ninguna medida", enfatizó. En esta línea, añadió que "no es que se revocara la ordenanza", sino que, a su juicio, las tres formaciones que compartieron responsabilidades de gobierno entre 2015 y 2017 "no adoptaron ninguna medida" para favorecer la inserción de dichos colectivos, mientras que "nosotros hemos aprobado un Plan de Inclusión Social para prevenir y para dar una alternativa" a los obligados a mendigar o a prostituirse. Además, defendió que la ordenanza regula asuntos que preocupan a la ciudadanía como las sanciones al vandalismo o a los grafitis, por ejemplo. "Eso es convivencia; lo que trata la ordenanza es de que en Alicante se conviva en normalidad en todos los espacios públicos".
En todo caso, las tres formaciones de la izquierda que ejercen funciones de oposición -PSOE, Unides Podem EU y Compromís- ya habían reiterado sus críticas a la propuesta antes de que el primer edil confirmase su intención de debatir el texto en el pleno. Los tres portavoces opositores -Paco Sanguino, Xavier López y Natxo Bellido- acusaron a Barcala y al conjunto del equipo de gobierno de "falta de diálogo social" al promover la ordenanza, o de olvidar la asistencia a los colectivos vulnerables durante el episodio de lluvias torrenciales de este lunes, y de perseguir a los colectivos vulnerables mientras "deja a las mafias libres mirando hacia otro lado".
Así, insistieron en solicitar su retirada, tras asegurar que la propuesta "está mal planteada desde el principio, como reflejan los informes emitidos por los técnicos de la Concejalía de Igualdad", según incidió López. Bellido también compartió las críticas de Cáritas y el resto de entidades sociales y anunció que "ejerceremos todas las presiones que resulten necesarias" para que la ordenanza no llegue a aplicarse "porque la exclusión social no la vamos a solucionar a base de multas", concluyó.