Luis Barcala. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), reacciona a los planes del Ejecutivo Central y asegura que el Ayuntamiento no aplicará el recargo del 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que prevé la nueva Ley de Vivienda para gravar los pisos vacíos. Barcala ha afirmado que esta medida, contemplada en la normativa que prepara el Ejecutivo de PSOE y Podemos sobre el mercado de la vivienda, supone "un ataque sin precedentes a la propiedad privada, plantea inseguridad jurídica y afectará negativamente al mercado inmobiliaria".
El primer edil ha sostenido, a través de un comunicado, que "la regulación que se pretende aprobar establece la posibilidad de que los municipios, por medio de sus ayuntamientos, pueden cobrar a los propietarios de viviendas vacías hasta un 150% más en el recibo del IBI, con el objetivo de reducir el ‘stock’ de inmuebles desocupados y movilizar estos pisos para su puesta en alquiler". Para Barcala, la medida, "además de absurda, es contraproducente", por lo que ha anunciado que "el Ayuntamiento de Alicante no subirá los impuestos a los alicantinos". Barcala ha afirmado que su equipo de gobierno ha reducido un 5% el Impuesto de Bienes Inmuebles y ha introducido varias bonificaciones y deducciones en el IBI "para recortar la elevada factura fiscal que pagaban los alicantinos con el tripartito de izquierdas". Y añade: "Estamos convencidos de que la mejor manera de ayudar a las empresas y familias en esta coyuntura de crisis pasa por aliviar la carga fiscal que arrastran, y no por castigarlos con más impuestos".
En este sentido, ha querido dejar claro que "si el Gobierno central obliga a los consistorios finalmente a aplicar esta subida fiscal sin sentido, el Ayuntamiento estudiará todas los mecanismos legales a su disposición para que el impuestazo de PSOE y Podemos no penalice a los alicantinos". "En nuestro ADN, y en nuestra forma de entender la política, las rebajas de impuestos son fundamentales, por lo que intentaremos seguir por esta vía, y rechazar las recetas fracasadas y ancladas en la ideología y no en la racionalidad económica" ha añadido. "Estos inventos ya se han puesto en marcha anteriormente en algunas ciudades europeas, y siempre han terminado igual: con menos viviendas en alquiler y precios más caros".
El primer edil ha insistido en que "esta nueva ocurrencia del Gobierno central no va a ayudar a solventar un problema demasiado complejo, como es el acceso a la vivienda y los precios inmobiliarios. Más bien todo lo contrario: se corre el riesgo de que la oferta de viviendas se aminore, por el miedo de los agentes económicos, grandes y pequeños, a invertir, por lo que habrá menos pisos en alquiler por la falta de seguridad jurídica, y los precios se elevarán. Justo lo contrario de lo que se persigue".
Según Barcala, "así, con subidas salvajes de impuestos y abrazando las políticas populistas, es difícil que se quiera invertir en un sector tan importante para España y para Alicante como es el inmobiliario". "Estas políticas demagógicas", ha concluido el alcalde, "ponen en riesgo la vitalidad de una actividad clave para la economía de Alicante, y no lo vamos a permitir".
El eje progresista en bloque reprocha el rechazo del PP a aplicar una regulación que solo afectará a los grandes tenedores de vivienda
Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Unides Podem EU en el Ayuntamiento de Alicante, Xavier López, ha señalado que "Barcala demuestra irresponsabilidad con sus críticas al acuerdo para la ley de vivienda entre Unidas Podemos y Partido Socialista y que solo sabe gobernar para los privilegiados de esta ciudad". "Sus políticas fiscales han beneficiado siempre a los ricos y han sido imperceptibles para la mayoría social alicantina y sus medidas para favorecer el acceso a la vivienda son inexistentes negándose a tramitar ayudas contra la emergencia habitacional, rechazando fondos para instalar la red de oficinas Xaloc en nuestra ciudad que sirva para promover vivienda social e incluso boicoteando el decreto de trato y retracto de la Generalitat que resta poder a los fondos buitres", ha añadido.
A su juicio, "el Partido Popular se ha dedicado en un municipio con el mercado tensionado como el nuestro a facilitar la instalación de promociones de alquiler vacacional y a hacer de valedores de los lobbys que han presionado para privatizar espacios y patrimonio público, convertidos en un parque temático, algo que está suponiendo la expulsión del vecindario de los barrios tradicionales". Así, ha apuntado que "Unidas Podemos EU saluda el inicio del proyecto de la nueva ley y espera su desarrollo íntegro en el País Valenciano, que suponga un freno a las pretensiones de Barcala de precarizar las familias de Alicante, cuando pone por encima cualquier otro derecho al de tener acceso a una vivienda digna".
De igual modo, el PSOE también ha reaccionado a las manifestaciones de Barcala. Su secretario general, Miguel Millana, ha denunciado que el alcalde "actúa como si fuera un concejal más de Vox poniendo en marcha un populismo trasnochado, basado en una política neoliberal que solo beneficia a unos pocos, a los grandes tenedores de viviendas, a las entidades financieras y a los fondos buitre".
"Estamos hablando de grandes tenedores de viviendas, beneficiarios de una situación injusta que grava al conjunto de la ciudadanía. El Gobierno central lo que pretende es reducir el stock de inmuebles desocupados y movilizar estos pisos para el alquiler. Es una manera más justa de que los alicantinos y alicantinas, sobre todo los jóvenes, puedan acceder a unas viviendas cuyos precios en estos momentos están sobredimensionados. Como socialistas y socialdemócratas que somos, el PSOE busca el bien general por encima de una minoría que atesora toda la riqueza. Queremos disminuir la brecha social y económica, y esta medida puede ser muy positiva para todos porque permitirá el acceso al mercado de alquiler", ha considerado, a través de un comunicado.
Millana ha afirmado que Barcala "miente cuando habla de los beneficios que ha provocado la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)". "Ha bajado un 5% que solo beneficia a las rentas más altas, a las viviendas mejor situadas y más caras. Para el trabajador y trabajadora que tiene viviendas humildes apenas ha bajado 5 o 10 euros el recibo de la contribución, lo que es una tomadura de pelo. Encima, con esta medida, el Ayuntamiento deja de ingresar 4,5 millones que podrían emplearse en políticas sociales y ayudas a familias y empresarios golpeados por la pandemia", ha insistido.
En esta línea, ha asegurado que Barcala "es un discípulo adelantado de Pablo Casado que ha anunciado que los ayuntamientos y Comunidades gobernadas por el PP no podrán en marcha esta medida del Gobierno de Pedro Sánchez. Es impresentable que el presidente del PP amenace con llevar esta norma al Tribunal Constitucional cuando el artículo 47 de la Constitución española dice: 'Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos'. Que Barcala se lea bien la ley, deje la demagogia y entienda que la nueva ley perjudicará a los grandes propietarios, más de diez pisos, y favorece a los más jóvenes y vulnerables", indica Millana.
El secretario general del PSOE de Alicante se pregunta "si hay diferencia entre lo que piensa el PP y Vox o son la misma cosa. Desde luego, escuchando las bravatas de Barcala parece un miembro más de la formación de la extrema derecha. Siempre con los poderes económicos y los movimientos especulativos y en contra de la mayoría de la ciudadanía. Esa es la verdadera cara del PP, esa es la verdadera cara de Barcala", ha concluido.
Por último, el grupo municipal de Compromís también ha salido al paso de las "estridentes declaraciones" del alcalde "frente a la voluntad del Gobierno Central de dar salida al mercado y pinchar la burbuja del mercado del alquiler, mediante un proyecto de Ley de Vivienda que tendrán que aplicar e implementar las administraciones autonómicas y locales". Desde la coalición se considera que este rechazo frontal obedece "una vez más a la voluntad de tapar que Luis Barcala no ha construido en tres años una vivienda social, no ha impulsado proyectos de vivienda pública, ha rechazado las constantes propuestas de Compromís para dinamizar el alquiler y sacar viviendas vacías al mercado dando seguridad jurídica a los propietarios, dando ayudas a reformas y controlando los precios", según ha incidido el edil Rafa Mas.
Compromís denuncia que de nuevo el PP "se pone al lado de los poderosos frente a los jóvenes y sus problemas para emanciparse o las familias para las que encontrar una vivienda, en un contexto de crisis y precarización laboral, resulta toda una odisea vital. No hacer nada como quiere Barcala no puede ser la solución a las bolsas de vivienda vacía de la ciudad y los graves problemas de acceder a un alquiler accesible. Pero una vez más la ideología y la incapacidad del Bipartito de la derecha actúan contra la mayoría de las alicantinas y alicantinos", según ha asegurado el portavoz municipal Natxo Bellido.
