Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Foto: EFE/J.J. GUILLÉNVALÈNCIA. La siempre compleja relación con el Ministerio de Fomento, del que dependen las inversiones más costosas del Gobierno de España, se augura diferente con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El nombramiento del valenciano José Luis Ábalos como ministro sitúa al frente de la cartera a un perfecto conocedor de las carencias en materia de infraestructuras que sufre la Comunitat, y en particular las de València, su ciudad.
Las diferentes fuerzas políticas, patronales, sindicatos... todas las entidades políticas y civiles coincidieron este martes en que el nombramiento de Ábalos es una oportunidad para que las reivindicaciones valencianas se sitúen entre las prioridades de un ministerio del que la Generalitat, año tras año, ha lamentado el maltrato hacia la Comunitat en materia de inversiones.
El principal aspecto positivo es que Ábalos tiene bien claras las tareas pendientes, tales como las ejecución del Corredor Mediterráneo -con mención especial al túnel pasante para acceder desde el norte al centro de València, la estación soterrada diseñada por Portela y el canal de acceso por el sur de la ciudad-. Si Ábalos no cumple con la ciudad de la que fue concejal al menos no será por desconocimiento.
Precisamente se da la paradoja de que en la Generalitat se respiraba hasta ahora cierto optimismo ante las promesas de su antecesor, el popular Íñigo de la Serna, a quien la abrupta irrupción de los socialistas ha privado de demostrar si realmente iba a cumplir con su larga lista de promesas.
Las mayores críticas al dirigente saliente -abanderadas por los socialistas María José Salvador, consellera de Vivienda, y Vicent Sarrià, concejal de Urbanismo- se centraron en la lenta ejecución de las obras del corredor y en la decisión de financiar solo al 50% la mencionada solución ferroviaria para la capital del Turia, dos circunstancias que ahora Ábalos podrá remendar.
Por descontado, la lista de asuntos pendientes de Fomento en la Comunitat va mucho más allá. Sin abandonar el campo ferroviario, Ábalos se encontrará con exigencias socialistas como las de concluir el servicio de AVE hasta Barcelona y Murcia, la solución a nudos como el de La Encina o la ejecución del llamado Tren de la Costa en Alicante.
En materia de Cercanías hereda un ambicioso plan para el periodo 2017-2025 que contemplaba una inversión total de 1.436,55 millones de euros y que ilusionó a las decenas de alcaldes que participaron en su redacción. El PP, no obstante, solo presupuestó 52,4 millones en el primer año presupuestado, el presente 2018.
Todo ello solo teniendo en cuenta las actuaciones más destacadas, puesto que las carencias en materia de infraestructuras van mucho más allá en la Comunitat. Un reciente informe de la patronal autonómica cifraba en la friolera de 20.700 millones el volumen de actuaciones por desarrollar en la autonomía, correspondientes a todas las administraciones. El grueso, no obstante, correspondía al Estado, en particular, a Fomento.
Otra reivindicación socialista con la que se topará Ábalos será la gratuidad del peaje la AP-7. En diciembre de 2019 expira la actual concesión que gestiona Aumar, filial de Abertis, y el Govern del Botànic en bloque reclama que pase a ser una infraestructura gratuita. El PP, por contra, ante el elevado coste de su mantenimiento, mantenía hasta ahora la incógnita sobre si volvería a licitarla o si aplicaría un peaje blando para costearla.
Un tanto más sencillo que se podría marcar Ábalos sería el desbloqueo de dos leyes valencianas que afectan a sus competencias. Se trata, como informó este diario, de la Ley Por la Función Social de la Vivienda, conocida como la 'Ley Antidesahucios', y la Ley del Taxi, ambas recurridas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al apreciar vicios de inconstitucionalidad.
