Foto: PIXABAY IBI. Cuando se ha cumplido un año del impuesto al plástico, el sentir de las empresas de la Foia de Castalla es que se trata de una medida que solo atiende a un afán recaudatorio, pues no ven ninguna contraprestación: ni más plantas regeneradoras de plástico, ni ninguna inversión que sirva para mejorar el entorno ni avanzar hacia una sociedad más sostenible. Este gravamen afecta a un centenar de empresas de esta comarca, según los datos que maneja Ibiae. España es el único país de la Unión Europea que grava con este tributo, que se implantó en enero de 2023 y que supone una recaudación de casi 800 millones de euros en el primer año de aplicación.
A esto, añaden que para las empresas no representa únicamente tener que pagar un tributo más, que en este caso es de 0,45 céntimos por kilogramo de plástico para las firmas que fabrican o compran envases de plástico no reutilizable a proveedores, sino que a esto se suma el tener que realizar importantes inversiones en informática y personal, el gasto que supone contratar a una empresa certificadora de la implantación del proceso y tener que hacer una auditoría por cada uno de los productos que se fabrican y por cada proceso, inquietudes que ha recogido Ibiae de los empresarios.
Con todo, los empresarios se encuentran con que aplicar todo lo que supone este nuevo tributo comporta también un encarecimiento final del producto, que repercute negativamente en los consumidores y que sitúa al sector en clara desventaja respecto a otros que no tienen este gravamen y que ponen en el mercado los mismos productos con otros materiales. La ventaja del plástico se apunta a que es un material seguro, práctico y el mejor para la conservación de muchos productos frescos, y que no supone un problema, sino que debe incidirse en la educación de la sociedad y en los medios necesarios para que, por ejemplo, no acabe en el mar.
Además, tampoco tienen opción de trabajar con plástico reciclado, pues no hay suficiente en el mercado y con ello se entra de lleno la ley de la oferta y la demanda, por lo que la materia reciclada puede ser hasta un 50 por ciento más cara que la virgen, lo que la alejada de la competitividad. Con ello los empresarios se ven abocados a tener que abonar el impuesto. Y en el caso de poder utilizar material reciclado, tampoco es fácil, pues obliga a modificaciones en los procesos de fabricación.
Desde Ibiae, su director, Héctor Torrente, explica que “la implantación de este impuesto al plástico se hizo de manera rápida, sin explicarlo correctamente y sin ver ninguna contraprestación, de ahí que los empresarios consideren que el fin del mismo es recaudatorio. Con lo que el Estado recauda no vemos que se invierta en mejoras, ni en plantas de recuperación que permita poner más plástico reciclado en el mercado, por lo que consideramos que no es que sea una medida impopular, sino que es improductiva”.
El director de Ibiae remarca que “los empresarios están cumpliendo con todo lo que se les demanda, pero lejos de ver que la implantación de este tributo supone alguna ventaja, con lo único que se van topando es con más incertidumbre y más costes, lo que les va restando competitividad y va generando situaciones complicadas y malestar”.
Asegura que “esta ley penaliza en vez de incentivar, y nosotros siempre hemos considerado que es mejor bonificar que sancionar”. De momento no se han realizado inspecciones, “pero pueden hacerse. Los empresarios realizan la pertinente liquidación, hacen lo imposible para que todo esté correctamente y aún así viven en una constante incertidumbre”.
