LA NUCÍA. El Ayuntamiento de La Nucía ha iniciado el expediente de resolución de dos contratos: el servicio público de alumbrado del término municipal y el de mantenimiento, conservación y renovación de las instalaciones de iluminación de fuentes y edificios públicos. Después de varios informes realizados por los técnicos del Consistorio, ponen sobre la mesa los supuestos incumplimientos que avalarían la resolución contractual por causas imputables a la empresa, la mercantil Edison Next, anteriormente conocida como Citelum Ibérica.
Así lo reflejan los expedientes a los que ha tenido acceso este diario y por el que se calcula en 6,2 millones de euros la suma de los supuestos incumplimientos referidos por los técnicos municipales. Ambos contratos, aunque son con la misma empresa, se firmaron en años diferentes. El de alumbrado, en 2015, mientras que el de las fuentes públicas es más reciente, la firma data de diciembre de 2022. Fue en abril de 2024 cuando el Ayuntamiento inició el expediente administrativo ante "las dudas advertidas por los responsables de la ejecución del contrato", abriendo una auditoría y requiriendo después a la empresa que presentara la documentación. Tras una primera respuesta, la mercantil terminó pidiendo en octubre también la resolución del contrato e indemnización a su favor.
Como se decía, el primero cuenta con casi 10 años de ejecución prorrogables hasta los 15, así que en principio, debería de terminar en el próximo mes de marzo. La mercantil es la encargada de la gestión del alumbrado del término municipal. El Ayuntamiento considera que los incumplimientos que atribuye a la empresa alcanzan los 4.150.506,39 euros, tal y como recoge el informe jurídico del 23 de diciembre.
En sus conclusiones finales, el Ayuntamiento no acepta la respuesta de la empresa, y relata los supuestos incumplimientos, entre los que destacan lo siguientes: no justificar la finalización en tiempo de las obras previstas en las inversiones; la administración local ha abonado facturas de contratos que corresponden a la concesionaria; no justifica la disposición mínima del personal ni de vehículos comprometidos; y no ha prestado el servicio adicional de 1.400 horas anuales.
Sin embargo, Edison Next Goverment solicitó en octubre la resolución y la indemnización de 514.484,02 euros en concepto de daños y perjuicios así como la devolución de la garantía definitiva que asciende a 341.733,22 euros. Una petición que han rechazado en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 23 de diciembre. La empresa considera que ha prestado el servicio "de conformidad con lo establecido", para ello, presentó las facturas en el registro general del Ayuntamiento y las solicitudes de actualización del coste energético y de mantenimiento. En este sentido, apuntan a supuestos incumplimientos de la obligación de pago de estas facturas por parte de la administración local: desde la emitida el 31 de julio de 2021 hasta el momento en el que elaboran la respuesta, añadiendo también la inexistencia de la actualización de precios mencionada. A su vez, reseñan que estos plazos superan los seis meses permitidos de máximo. Sin embargo, todo esto decae en consideración del Consistorio por ser posterior a las causas que esgrime el propio Ayuntamiento contra la empresa.
Es por ello que en su resolución, proponen incoar el expediente de resolución del contrato por concurrir causas imputables a la mercantil, la incautación de la garantía definitiva, desestiman el escrito de octubre de la empresa y da audiencia a la adjudicataria.
Lo mismo ocurre con el contrato para el servicio de mantenimiento, conservación y renovación de las instalaciones de iluminación de fuentes y edificios públicos de La Nucía. La Junta de Gobierno Local ha aprobado los mismos acuerdos que con la adjudicación anterior. En este caso, hablan, por ejemplo, de no aportar los certificados finales de obra para justificar los trabajos establecidos; tampoco consideran que se haya justificado la finalización en plazo de las inversiones; ni se elaboró según la auditoría el informe del estado de conservación de las instalaciones; tampoco la disposición mínima del personal y de vehículos; o acusan a la mercantil de no instalar el sistema de cloración salina en las fuentes para reducir el consumo de cloro. Como consecuencia, calculan un perjuicio de 2.131.995,89 euros.
La empresa, por su parte, procedió de la misma forma, solicitando la resolución del contrato y la indemnización por valor de 240.648 euros en concepto de daños y perjuicios. En ese caso, imputaban al Ayuntamiento el impago de las facturas desde el 28 de febrero de 2023, superando también el plazo máximo de seis meses. Pero fue desestimado por el mismo motivo que el anterior.
