Arranca la campaña: el tripartito se revienta con votos y ceses; PP y Cs se frotan las manos

ALICANTE. Las cinco formaciones políticas representadas en el pleno del Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís), en general, y las tres que comparten responsabilidades de gobierno, en particular, batieron en el pleno municipal de este jueves todos los récords habidos y por haber. No sólo por la duración de la sesión (comenzó a las 9.30 y terminó a las 19:44 horas), sino por el nivel de crispación instalado en todas las intervenciones (incluidas las del público y en una acción reivindicativa de la plataforma Stop Desahucios para evitar un desalojo); por el enfrentamiento político entre gobierno y oposición, y por las votaciones y las propuestas cruzadas entre los tres socios al frente de la gestión municipal. 

¿Propuestas del equipo de gobierno que prosperasen? Cuatro: los dos reglamentos de dos comisiones sobre la reindustrialización y por la integración Puerto-ciudad; la bonificación del Icio a la construcción de un centro para enfermos de alzheimer; el Plan Especial del Cementerio (que permite duplicar su superficie) y las fiestas locales para 2018 (12 de abril y 25 de junio). La oposición tumbó la ordenanza reguladora para la instalación de clubes de cannabis. El resto fue una guerra de mociones partidistas sin pacto previo. Y ahí fue donde las diferencias de criterio que PSOE, Guanyar y Compromís habían tratado de disimular con más o menos acierto (y con más o menos voluntad) desde 2015, acabaron convirtiéndose en ataques directos lanzados sin ningún pudor. La conclusión: la campaña de las municipales de 2019 quedó inaugurada extraoficialmente en el salón de plenos con un tripartito reventado desde dentro. Sus tres socios ya buscan por su cuenta un pretendido liderazgo de la izquierda, aun a riesgo de que cualquier iniciativa que pudiese generar algo de rédito quede eclipsada por la bronca.

De hecho, así ocurrió. Salvo el acuerdo unánime para pedir la cesión de La Británica, hubo propuestas e intercambio de golpes de todos contra todos. El PP, con apoyo de Cs y los no adscritos, logró que se crease una comisión para estudiar la candidatura de Alicante como sede de los Juegos Europeos de 2023 pese a las críticas de despilfarro del tripartito. Guanyar volvió a caer derrotada en el tercer intento para recuperar el timón del reglamento de Participación ciudadana. Cs consiguió aprobar un acuerdo de inicio inmediato de tramitación del Plan General de implicaciones inciertas, pese a que el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), defendió que ya estaba en marcha (entre otras cosas, a través del catálogo de protecciones, no aprobado, pero que se incorporaría al documento de aprobación inicial del PGOU). 

Más tarde, el PP sumó al PSOE en contra de la tasa turística reclamada por Guanyar y aprobada por Compromís en las Cortes. Guanyar recabó el apoyo de PP y PSOE para exigir que la Conselleria de Educación (Compromís) iniciase trámites para construir un nuevo colegio de La Almadraba, mientras la edil de Educación, María José Espuch (Compromís), recriminaba a Pavón el bloqueo del nuevo colegio de La Canyada. La coalición liderada por EU también consiguió que PP y Cs respaldasen una propuesta para instar a la Conselleria de Economía (Compromís) a financiar mejoras en los polígonos industriales de Alicante, pese a que la edil de Desarrollo Económico, Sonia Tirado (Compromís), dijo que se había previsto un plan plurianual 2018-2019 que ya contemplaba a Alicante. Y el PP consiguió que PSOE y Cs aprobasen una declaración institucional de urgencia para que se concediese la prórroga en la concesión de la Plaza de Toros, en contra de Guanyar y Compromís.     

Todo, además, aliñado con el anuncio de un cese en diferido: el del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), al que el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), pretende apartar de esa competencia, según se filtró intencionadamente a través del diario Información -y se confirmó después a través de la agencia Europa Press- para que el eco de esa advertencia de destitución marcase el desarrollo del debate. Y lo marcó.

El cese de Pavón 

Ese aviso de destitución merece capítulo aparte por su posible trascendencia sobre el futuro del tripartito. Según las fuentes consultadas, se trata de unos planes de cese de los que Pavón se enteró por la prensa y de los que el líder de Compromís, Natxo Bellido, fue avisado durante la noche del miércoles. Al parecer no hubo discusión ni consulta previa, pese a que él entraría en la operación como posible sustituto al frente del área de Urbanismo. Según recoge Europa Press, fuentes de Alcaldía habrían justificado la propuesta de ese relevo (que ya se habría transmitido a la dirección regional del PSPV) en la búsqueda de "un revulsivo" que consiga "agilizar la tramitación de expedientes en una concejalía que ha recibido muchas quejas" pese a que se había puesto a su disposición un refuerzo de personal. 

Lo cierto es que las quejas sobre un presunto bloqueo que Pavón niega no son nuevas ni escasas. En el pleno, él llegó a presumir de que se había concedido licencia a la construcción del ya citado centro para enfermos de alzheimer "en un plazo de un mes y once días", a lo que el portavoz del PP, Luis Barcala, le respondió que había demostrado que "cuando usted quiere sí puede". Pero, con quejas conocidas y acumuladas o no, el anuncio de esa destitución llega ahora, pasado el ecuador del mandato y sin que, según fuentes de Alcaldía, exista fecha concreta para que pueda producirse. El relevo, según las mismas fuentes, dependería del respaldo de Compromís.

Hasta este jueves nadie pudo garantizar si la destitución llegaría a ejecutarse, como sí se llevó a cabo la de Nerea Belmonte (no solo degradada, sino expulsada del gobierno y de Guanyar) o la de Víctor Domínguez (apartado de la Junta de Gobierno por una cuestión "de proporcionalidad numérica"). Fuentes del equipo de Gobierno apuntaron que podía tratarse de otra advertencia más con la que Echávarri trataría de aumentar la tensión y provocar la salida voluntaria de Guanyar del equipo de Gobierno. Algo así como una estrategia de desgaste -una vía alternativa a una expulsión directa, para que Guanyar no pudiese presentarse como la parte represaliada- dirigida sobre las líneas rojas con las que Guanyar no estaría dispuesto a transigir: lo es el control del área de Urbanismo (una condición nuclear del pacto de gobierno) y lo es una posible modificación de la contrata de la basura para pagar más a la UTE concesionaria (FCC, Ferrovial y Cívica, de Enrique Ortiz), que PSOE y Compromís contemplan abiertamente desde hace un mes.

La hoja de ruta de Guanyar, como Pavón detalló en el pleno, es distinta: reforzar el control del contrato para garantizar que se cumpla sin más costes, como establece el pliego. Detalló que había trazado un plan de trabajo intensivo que debería ofrecer resultados en seis meses con un refuerzo específico en la limpieza para cada uno de los seis distritos en los que se divide la prestación del servicio. Se arrancaría en la Zona Norte y se debería reforzar la labor inspectora con al menos doce funcionarios, dos por distrito (ahora son ocho). En esta línea, pidió el respaldo de otras concejalías y sugirió que agentes de la Policía Local en segunda actividad se sumasen a esa labor.      

Echávarri y el resto de la bancada socialista hicieron oídos sordos: sencillamente no se pronunciaron sobre la propuesta. Compromís, por su parte, reiteró su posición vestida como propuesta de "pacto por la limpieza": se trataría de que todos los grupos estuviesen dispuestos a estudiar una modificación del pliego si, tras el control adecuado de la ejecución del servicio, se demostraba que no era suficiente. En definitiva, nada que pudiese evitar un probable choque de trenes con un hipotético abandono de Guanyar en el horizonte.

La ruptura y el 'caso Comercio' 

Las fechas de un movimiento en esa dirección -la salida de Guanyar- no son baladís. ¿Qué escenario le quedaría a PSOE y Compromís en ese caso? Con nueve concejales, podrían manejar la gestión ordinaria del Ayuntamiento desde la Junta de Gobierno. En realidad, ya lo hacen, puesto que incluso con los cinco ediles de Guanyar el actual tripartito no cuenta con mayoría absoluta en el pleno (suman 14 ediles de 29 tras la expulsión de Nerea Belmonte). No obstante, sí es cierto que PSOE y Compromís lo tendrían todavía más difícil para tratar de aprobar un presupuesto. En principio, el de 2018 está en estudio con la teórica intención de que pueda entrar en vigor en enero. También es cierto que socialistas y nacionalistas tendrían un fin de mandato más cómodo si lograsen aprobar antes esas cuentas junto a Guanyar: les bastaría con prorrogarlo en 2019. Pero también tendrían la opción de renunciar a unas nuevas cuentas, prorrogar el presupuesto de 2017 y funcionar con las obras ya comprometidas como inversiones sostenibles. Así que la planificación económica tampoco sería un obstáculo para que ambos -o al menos Echávarri- pudiesen reconsiderar o retrasar esa destitución de Pavón. O lo que es lo mismo, no existe ninguna razón de peso que impida que se fuerce la máquina con más presión sobre Guanyar.  

Sea como fuere, como es lógico, la oposición entró gustosamente en el juego del cese. En casi todas las intervenciones, el portavoz del PP, Luis Barcala; su homóloga de Cs, Yaneth Giraldo; y los dos ediles no adscritos, Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte (especialmente esta última), no dudaron en dirigir sus críticas contra la interinidad del líder de Guanyar. Así que los dos partidos opositores ya cuentan los meses para que llegue 2019 y se coloquen las urnas, frotándose las manos ante el botín que puede procurarles la lucha fraticida del tripartito. 

Eso siempre que los 29 ediles de la corporación no tengan que votar antes para elegir un nuevo alcalde. Los líderes de PP y Cs coinciden este viernes en el juzgado de instrucción número 9 para ratificar sus denuncias contra Echávarri  -ya acumuladas en un mismo procedimiento- por el supuesto fraccionamiento de los contratos de Comercio. Y nadie sabe qué puede pasar si llega a producirse la imputación del primer edil después de que -durante el pasado mandato- PSOE, EU y el Bloc reclamasen con tanta vehemencia la renuncia de la exalcaldesa del PP, Sonia Castedo, tras su implicación en el caso Brugal.