Ángel Fenoll e hijo en la notificación de la sentencia de las basuras de Orihuela del 'caso Brugal' en junio de 2020. Foto: PEPE OLIVARESCALP (EFE). El exalcalde del PP de Calp Javier Morató se sentará en el banquillo de los acusados a partir del jueves por el juicio de la pieza separada del caso Brugal sobre la supuesta corrupción relacionada con el servicio de recogida y tratamiento de basuras de esta localidad de la Marina Alta.
Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el juicio arrancará el día 21 a las 10 horas con las cuestiones previas y continuará durante nueve sesiones los días 16, 17, 23 y 24 de febrero y 2, 3, 9, 10 y 16 de marzo.
Se juzga al exalcalde Morató y dos exconcejales de Calp (Fernando Penella y Juan Roselló), dos de sus familiares, un funcionario municipal y los empresarios de la mercantil Colsur SL Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll.
La causa constituye una pieza separada de la veintena que existen del denominado 'caso Brugal', después de que el ayuntamiento calpino adjudicara el contrato de ese servicio a Colsur en febrero de 1998.
La Fiscalía sostiene que los políticos pactaron con el contratista el pago de comisiones a cambio de esa adjudicación que se hicieron efectivas durante los siguientes años.
En concreto, siempre según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación pública, el entonces alcalde y los dos tenientes de alcalde se repartieron 100 millones de las antiguas pesetas (600.000 euros), mientras que otros 20 millones de pesetas (120.000 euros) fueron destinados al club de fútbol local y 4 millones (24.000 euros) a un intermediario.
El empresario incrementó supuestamente de forma fraudulenta el número de toneladas de basura tratadas para hacer frente a esos pagos con el conocimiento de los cargos públicos.
La Fiscalía cifra en 11.983.904 euros la cuantía que la mercantil adjudicataria intentó defraudar a las arcas municipales y en 4.285.998 el perjuicio efectivo ocasionado al consistorio.
El Ministerio Público solicitará inicialmente penas que oscilan entre los dos y los 14 años de prisión para los acusados por delitos continuados de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales en un juicio que se desarrollará en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial alicantina.
