VALÈNCIA. El anteproyecto del presupuesto que À Punt ha presentado para 2022 contempla un importante incremento tanto a nivel global como en el capítulo de ingresos de explotación, correspondiente a la aportación que realiza la Generalitat. En total, según ha podido saber Valencia Plaza, aumenta hasta los 78 millones de euros, mientras que reclama al Consell unos 68 millones.
Estas cantidades suponen sumar 10 millones a las cuentas del presente año. La causa es el desajuste por el IVA deducible que dejará de recibir tras un cambio de criterio del Gobierno central y que tiene visos de generar bastantes problemas.
El "conflicto" entre la Agencia Tributaria y las televisiones públicas se remonta al 2014. La AEAT empezó a considerar que las cadenas sólo podían deducirse el impuesto por su actividad comercial y no por los ingresos que reciben vía presupuestos de los respectivos ejecutivos.
Hasta ese momento, los medios públicos se lo deducían por completo. Pero en 2015 entró en vigor una nueva ley del IVA y cambió el criterio. Ahora se establece que las televisiones públicas pueden deducirse el impuesto de la práctica totalidad de sus gastos, pero por el contrario aplican el criterio mediante el cual hay que repercutir el IVA a las subvenciones recibidas. En 2017, a raíz de una directiva europea, Hacienda vuelve al criterio de 2014.
Las liquidaciones efectuadas por la AEAT concluyen que los medios de comunicación públicos valencianos no tienen derecho a deducirse la totalidad del IVA desde el año 2016 hasta el 2020, tal y como se venía realizando hasta la fecha. Motivo por el que exige parte del impuesto que les fue devuelto de los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019, lo que en total se traduce en una reclamación a À Punt de 24,8 millones (y en este momento se encuentra recurrida).
A ello se añade que la previsión de no recibir las devoluciones de este año y el próximo suponga, según el cálculo de la radiotelevisión, dejar de ingresar más de 10 millones de euros. Cantidad que, por tanto, incluyen en los presupuestos de 2022 y reclaman a la Generalitat.
El borrador de las cuentas tanto de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) como de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), donde se inscribe el grueso de la plantilla, fue aprobado por el Consell Rector la semana pasada y remitido al Consell. Ahora, será éste el que tenga la última palabra en el proceso de elaboración de los presupuestos, que se prolongará hasta, como mínimo, finales de octubre antes de que pasen a tramitarse a Les Corts. Un desembolso extraordinario que resulta cuantioso y que está por comprobar si se contemplará con el acuerdo de todos los partidos que conforman el Gobierno autonómico.
Las contradicciones con el segundo canal de radio
La presidenta en funciones de la Corporació, Mar Iglesias, compareció este jueves en Les Corts Valencianes para asegurar que habían optado por unas cuentas continuistas aunque, efectivamente, incorporaban el IVA como gasto.
También comentó que el borrador del nuevo contrato-programa 2021-2023 incluye un nuevo canal para la radio, como establece la ley de creación de la radiotelevisión valenciana, con música y contenidos culturales. Algo que contradice las palabras del pasado julio del director general de À Punt, Alfred Costa, quien sostenía que el panorama mediático actual "desaconseja totalmente" crear un segundo canal en radio o televisión, por lo que pidió centrarse en fortalecer la oferta entre la cadena y la plataforma multimedia.
Iglesias, sin embargo, afirmó que espera que el documento esté listo "cuanto antes" porque el anterior caducó el año pasado y lleva meses negociándose con la Generalitat. Aunque, añadió, "no estamos dejados de la mano de dios (...), no es una cuestión de vida o muerte". En este sentido, justificó que la paralización del contrato-programa se debe al cambio de criterio de Hacienda en la devolución del IVA, algo que "rompió todo el trabajo previo". "Necesitamos saber de las fuentes que disponemos para establecer los objetivos", defendió.
Incumplimiento de la previsión de ingresos por publicidad y de los objetivos de audiencia
Como balance de 2020, la presidenta aseguró que se cumplieron la mayoría de objetivos, aunque, un año más, no fue el caso de la previsión de los ingresos de publicidad, que ascendieron a 1,6 millones en lugar de a los 2,5 de previsión. Tampoco de los de audiencia, que en 2020 alcanzó un 3% cuando el contrato-programa establecía un 3,6%.
Por otro lado, Iglesias explicó que en el convenio colectivo de los trabajadores se están "renegociando algunas situaciones" y que trabajan para tenerlo "cuanto antes". La mayor dificultad, a su juicio, es la dualidad de las dos entidades de la radiotelevisión pública (CVMC y SAMC), algo que espera que se resuelva mediante una fusión actualizando la ley de 2016.
Sede de À Punt en Burjassot. Foto: KIKE TABERNER
