Nuevos Riegos el Progreso / Pepe OlivaresELCHE. El edificio de Nuevos Riegos El Progreso sigue marcando la actualidad ilicitana. El miércoles por la mañana se reunieron técnicos del Ayuntamiento y técnicos de Conselleria para establecer actuaciones a llevar a cabo y empezar a dilucidar qué le ocurrirá al inmueble en el más corto plazo —la administración valenciana tiene dos meses para decidir qué hace con él—. En lo que respecta al Consistorio, los técnicos municipales tenían como objetivo por recomendaciones del edil de Urbanismo, trabajar sobre el apuntalamiento para abrir el tráfico, lo que pasaría por acabar de desmontar la cubierta del inmueble, cuya obra ya se había empezado, para que se pueda apuntalar por el interior con total seguridad y así poder reabrir el tráfico. La otra, una vez más, pedir celeridad y urgencia a Conselleria para que tomase ya una resolución final sobre el futuro del inmueble.
En este sentido, José Manuel Sánchez, concejal titular del área, mostraba la preocupación del equipo de gobierno por la situación del a fachada. En consonancia, pidió a técnicos municipales que analizaran si había otra posibilidad para causar el menor perjuicio a la ciudadanía con el cierre de la calle. Una decisión que llegó por la obligación de cumplir el requerimiento de Conselleria de paralizar la demolición urgentemente y garantizar la seguridad y el tráfico de personas. Tras el fin de semana, puesto que la notificación llegó el viernes, los técnicos municipales emitieron un informe. Según este, la alternativa al corte de tráfico pasaría por el apuntalamiento desde el interior del edificio, pero para ello habría que acabar de desmontar la cubierta para trabajar con seguridad, ya que esta se encuentra en un estado de demolición avanzado y hay peligro de derrumbe.
Como explicó el concejal, “mientras no se autorice a la propiedad a terminar de desmontar la cubierta en la situación de demolición alcanzada, no puede incorporarse ninguna persona en el interior porque es un riesgo”. Consecuentemente, expresó que si Conselleria autorizase a seguir con el desmontaje de la cubierta y se garantizase la seguridad en el edificio, se podría trabajar para apuntalar la fachada desde dentro y no estar ocupando la vía pública. Esto a su vez conllevaría la reapertura al tráfico que tantos quebraderos de cabeza está causando al equipo de gobierno por quejas vecinales y sobre todo de la oposición.
Precisamente sobre la oposición, y ante las supuestas palabras de Pablo Ruz en las que indicaba que denegó como concejal de Cultura la licencia de demolición del edificio por su necesaria protección, el edil también se mostró tajante. Hastiado de las acusaciones del PP, pidió explícitamente a Pablo Ruz que dijera públicamente si había prevaricado o si había mentido sobre su supuesta actuación para proteger el inmueble cuando era concejal de Patrimonio. Apuntó que hay obligación de conceder las licencias si se cumplen los requisitos y que un político de turno no puede decidir sobre un asunto así, que además es competencia de la Junta de Gobierno Local.
Asimismo, señaló que el edil de Urbanismo de aquella época, Vicente Granero, concedió el 20 de octubre de 2014 la licencia de segregación a la propiedad, necesaria para que el solar fuera considerado edificable. De hecho, la licencia estaba sujeta a la aceptación del Ayuntamiento para que fuera edificable. Una porción de la propiedad estaba destinada a viario en el planeamiento y previamente a la edificación debía ser segregada y cedida al Ayuntamiento para que el solar tuviera la consideración de edificable. Sánchez aseveró que no tenía nada que decir sobre esa licencia de segregación otorgada, apelando de nuevo a la legislación, y pidió al PP “que deje de manipular, mentir y hacer demagogia porque continuaron con los actos tendentes a que se edificara ese solar”.
No obstante, no cree que hubiera prevaricación, sólo “demagogia pura y absurda porque hay parte de la sociedad en contra de la demolición y queda muy bien ponerse de su lado cuando nunca lo han hecho”. Pidió que aclarara o rectificara públicamente y que explicara si también estaba a favor de la concesión que hizo su partido del Mercado Central, “ahora que es tan defensor del patrimonio de todos”.
Por su parte, desde el PP contestaron y pusieron la pelota de nuevo en el tejado del equipo de gobierno: “PSOE y Compromís son los únicos responsables del caos producido en el edificio de Riegos El Progreso". En ese sentido, apuntaron que su formación “nunca desestimó una orden derribo porque los propietarios nunca nos la solicitaron”. Y explicó Ruz que Sánchez intenta disimular su responsabilidad “acusándome de un delito muy grave que no pienso consentir. Lo que debe hacer el señor Alcalde y su equipo de Gobierno es ponerse a trabajar y asumir sus responsabilidades de gobierno. Carlos González aprobó la desprotección del edifico en 1998 y ahora les concede la licencia de demolición sin calcular los daños ocasionados para Elche”.
