El alcalde, Gabriel Echávarri, recibe al presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines. Foto: APALICANTE. Negociaciones suspendidas y previsible convocatoria de huelga a la vista en el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante. El alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, ha asumido este jueves la ruptura del diálogo con los trabajadores del servicio -ahora todavía en manos de una de las empresas de Enrique Ortiz, tras haberse superado las posibles prórrogas de la concesión previstas por contrato-, y ha anunciado que mantendrá el pliego del nuevo concurso "tal y como está". Echávarri se ha pronunciado así, a través de un comunicado, "ante las duras declaraciones realizadas por los representantes de los trabajadores de la contrata". También a través de un comunicado, el comité de empresa de la concesionaria ha acusado a los responsables de ese pliego de mentir y de ningunearles tras sostener que no habían acudido a la reunión para debatir sobre la modificación del pliego que se había convocado este miércoles.
"La situación vivida pone de manfieisto el poco o ningún interés por parte de nuestros dirigentes a solucionar los graves errores cometidos en el pliego publicado, dejando una vez más en el aire el futuro de la plantilla", apunta el comunicado. Y añade que "este comité de empresa se ve en la obligación de elaborar un calendario de movilizaciones y posteriores actuaciones, lamentando todos los perjuicios que se puedan causar a la ciudadanía de Alicante por consecuencia de la irresponsabilidad del actual consistorio".
Ese escrito ha motivado la respuesta del alcalde, quien en su propio comunicado ha indicado que ha transcurrido "más de un mes" en el que se ha transmitido a los empleados "los pormenores del pliego", por lo que desde Alcaldía han mostrado su "sorpresa" por lo que han considerado como "un ataque gratuito". "Entendemos que al emitir ese comunicado dan por rotas las negociaciones, así que, con todo nuestro pesar, por las horas de trabajo invertidas, no nos queda otra opción que asumir la postura del Comité de Empresa y dejar el pliego como está", han afirmado el primer edil.
Echávarri no ha ocultado su "decepción" por la decisión tomada por el Comité de Empresa "justo cuando acabábamos de ultimar una propuesta que, seguramente, hubiese sido del agrado de los trabajadores". Según han indicado, durante los últimos meses desde Alcaldía y desde la Concejalía de Infraestructuras han explicado "en diversas ocasiones" a los trabajadores que el pliego debía "ajustarse a la legalidad" y que resulta "complicado encajar algunas de sus reivindicaciones porque son propias del ordenamiento laboral".
En cualquier caso, desde Alcaldía han recordado que las administraciones públicas deben ser "extremadamente escrupulosas en el cumplimiento de la ley y deben velar siempre por el interés de los ciudadanos". "Es una lástima que los trabajadores no hayan comprendido que la intención de este alcalde siempre fue admitir todas aquellas reivindicaciones factibles y hayan decidido romper unilateralmente las negociaciones", ha finalizado Echávarri.
La portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, denunció este martes, después de que la Junta de Gobierno aprobase un nuevo reconocimiento extrajudicial para pagar otra factura del servicio a la empresa de Ortiz, que el tripartito había abonado ya más de 13 millones fuera de contrato a la firma del polémico constructor (investigado en los casos Brugal y Gürtel y financiador confeso del PP). El tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís licitó el servicio antes del verano, tras descartar su posible municipalización, a la vista de los informes técnicos solicitados. Guanyar continúa sosteniendo que esos informes proclives a la nueva licitación no eran vinculantes.
La Concejalía de Empleo y la Agencia Local de Desarrollo (ALDES), departamentos dirigidos por la edil Sonia Tirado, ha hecho pública este jueves, por otra parte, la concesión ayudas por importe de 2,5 millones de euros -por parte del Servef y de otras entidades- destinadas a las tareas de asesoramiento, orientación, formación y contratación de cerca de 700 personas de la ciudad de Alicante.
Estas dotaciones económicas serán destinadas, además, a los sectores de población que más han sufrido la crisis y la política de recortes, como es el caso de la población juvenil, las personas desempleadas de larga duración y las mujeres en cualquier franja de edad.
