Andrés Llorens defiende ante el juez que confió en los técnicos en los pagos a Isjoma

ALICANTE (EP/EFE). El exconcejal de Atención Urbana en el Ayuntamiento de Alicante y 'número dos' del equipo de gobierno de la popular Sonia Castedo, Andrés Llorens, ha alegado este jueves ante el juez que confiaba en los técnicos municipales en los pagos que se realizaban a la empresa Isjoma.

Llorens ha declarado como investigado en el marco de la causa que se sigue en el juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, donde se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de la contrata de infraestructuras para actos festivos del Consistorio a la citada mercantil.

El expolítico, que debía haber declarado en julio (retrasó su comparecencia por falta de tiempo para prepararla con su abogado), ha reiterado este jueves que confía "en el buen hacer de los técnicos municipales".

A la salida del juzado, Llorens ha indicado que no le preocupa "en absoluto" su situación procesal, porque siempre ha actuado "con honestidad", al igual que los técnicos municipales. Además, ha asegurado que ha contestado a todo lo que le han preguntado y ha intentado arrojar luz sobre este proceso, que espera "que acabe pronto". Asimismo, ha señalado que se trata de un "problema entre empresas" y confía en que "se va a resolver pronto y bien".

Llorens y el también exconcejal del PP Juan Zaragoza fueron citados por el juez instructor a declarar por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la Administración, como presidente y vicepresidente de la mesa de contratación. La investigación comenzó en 2009, después de que otro empresario, José Alavés, que también aspiraba a hacerse con la contrata, denunciara un presunto trato de favor hacia la firma que finalmente resultó adjudicataria.

Junto a los políticos, en las diligencias aparecen como sospechosos el dueño de Isjoma, Isidro García, un antiguo jefe de área de la Concejalía de Atención Urbana y otros dos técnicos.

El contrato para el montaje de infraestructuras destinadas a actos festivos y culturales fue adjudicado a la citada mercantil en febrero de 2009 para un plazo de seis años por un importe cercano a los 4,6 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la oferta presentada por Isjoma al Ayuntamiento fue redactada por los propios funcionarios municipales investigados.