Ana Barceló y la ideología del botox

Ha tenido que pasar un mes, y un auto judicial de por medio, para que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, haya accedido a regañadientes a destinar vacunas contra el virus para los profesionales sanitarios de los hospitales privados. A regañadientes y a cuentagotas. Doña Barceló está más entretenida en destituir altos cargos que le lleven la contraria o que siembren la más mínima duda sobre su gestión dela pandemia. Es lo que le ha pasado a Elvira Mensat, directora de Salud Pública de Valencia, quien en un informe cuestionaba la existencia de un protocolo para la administración de vacunas sobrantes. Destitución fulminante e ilógica…. Si había, o hay, un protocolo medianamente nítido, ¿a santo de qué ha salido a la palestra la pequeña legión de políticos vacunados que se han saltado la cola? ¿Cómo es que Mónica Oltra desconoce los índices y criterios de vacunación en las residencias de ancianos? Misterio. Habrá que explicar por qué se ha puesto la vacuna un sindicalista “vip” como es Arturo León, secretario general de CC.OO del País Valenciano: un liberado sindical, técnico de riesgos laborales, que ni está ni ha estado en la primera línea de combate, aunque ahora se alega que se va a incorporar un día a la semana a su puesto en el Hospital General de Alicante. Queda más fácil por cierto, y más cool, cebarse con el obispo de Alicante/Orihuela, Jesús Murgui.

Fue el Colegio de Médicos de Alicante quien acudió a los tribunales para que se incluyeran a los de sanitarios de la privada. Y de ahí el auto. Yo no creo que Barceló lo haya hecho a posta, como con muy mala baba. No sé. Sí que creo que esta ahijada política de Ángel Franco sigue alegremente la marea “guay” y “diver” del Botànic de estigmatizar la actividad privada, es decir, los hospitales y clínicas que en su criterio se forran a espuertas a costa de los males ajenos, avida dollars. Todos ellos dedicados a retoques de pechos y pómulos, alargamientos de pene, y reducciones de estómago para los gordos, gordas y gordes del universo inflado (por cierto, a algo de eso se dedica en sus ratos libres María Ángeles Medina, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia , la misma que armó un pollo en La Sexta sustentándose en una falsedad alarmista).

Pero no. No todos se dedican a operar tetas, cosa en la que no ha reparado Barceló, sumergida también en la cruzada de revertir el modelo de gestión del Hospital de Torrevieja sin que hasta la fecha de hoy haya demostrado con pelos y señales que su opción (que es la de Podemos, IU y Compromís) es la mejor, pese al monumental caos que se ha organizado en Alzira tras su “nacionalización”. Yo en estas cosas soy agnóstico: que se demuestre siempre qué es lo mejor para una óptima administración del erario. Lo público, repiten como un mantra, es el remedio para todos los males, sin derecho a réplica y sin ningún tipo de matizaciones. Lo que no sea una defensa a ultranza de lo que consideran “público” es neoliberalismo salvaje: así, a bocajarro. Y en este sustrato ideológico, en este dogma soterrado, es por donde se deja transitarla ex alcaldesa de Sax. Y de ahí su lapsus de no prever vacunaciones en la privada, volcada como está contra la “ideología del botox”, sin tener en cuenta que no todo el monte es orégano. Sugiero yo que también habrá gente de bien en los hospitales privados tratando a los enfermos de Covid, incluidos los que están siendo revertidos por el sistema público (con las UCIS a tope).

Las acciones en el establishment público deben ser extremadamente ejemplarizantes; amén. Y aprovecho este totum revolutum que se ha organizado con las vacunas para relatar dos anécdotas. El alcalde de la Nucía, Bernabé Cano, cobra 600 euros por asistencia a pleno, otros 600 por junta de gobierno y 300 por comisiones. Lo ha sacado ahora a relucir el PSOE. Es decir, se lleva del Ayuntamiento unos 4.500 euros, algo más de lo que ganaba hasta ahora como diputado provincial. En enero hubo un pleno de 10 minutos. Hagan la división: 600 dividido entre diez. Me dice un amigo común que eso lo hacen todos, lo cual no me consuela. Cano es un hombre sensato, con plaza de médico en el sistema público, y que tiene la vida más que resuelta. ¿Qué necesidad hay?

Hace unas semanas, la formación política “Sueña Torrevieja” (no tengo el gusto, don Pablo Samper), denunciaba que el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, también diputado provincial, cobró en noviembre del año pasado 7.500 euros por asistir a las juntas de gobierno de su ayuntamiento, que se pagan a 250 euros. Él y otros tres concejales más del PP. Según este partido, a Dolón le salen las dietas municipales a 44 euros por minuto. 7.500 del Ayuntamiento más lo que cobra en la Diputación, 4.400, arrojan unos ingresos equiparables a un alto ejecutivo del Ibex 35. 

Habría que aplicar ligeras correcciones a este estado de cosas so riesgo de que pensemos, estimado Carlos Mazón, de que las diputaciones no son otra cosa que chiringuitos de tomo y lomo, como denunciaba Albert Rivera en el principio de los tiempos (luego se olvidó). Ahí tenemos el “caso Divalterra” en la Diputación de Valencia, ahora que rebrota el trámite judicial. Resultaría extremadamente pedagógico que se publicara un listado integral con las dietas que cobran todos los diputados provinciales por la actividad en sus municipios. Además de Cano y Dolón, igual nos llevábamos varios disgustos más.

CODA: Si Toni Francés dispone de información “sensible” sobre los ingresos del director artístico del ADDA, Josep Vicent Pérez, debería hacerla pública, o, cuando menos, hacer partícipe de la misma al grupo de Gobierno, PP/Cs. Algo parecido es lo que hizo Gerard Fullana con el asunto de laya ex directora del Instituto Juan Gil-Albert, María Teresa Pérez Vázquez. En política, quien calla otorga.