ALTEA. El Ayuntamiento de Altea ha aprobado solicitar a la administración concursal que no ponga en marcha el expediente de regulación de empleo hasta la fecha de finalización del curso escolar, con el aval de Conselleria de que no se aumentará la deuda. El consistorio "sigue trabajando para intentar mediar entre las distintas administraciones y buscar una solución para Emaús" que se encuentra en concurso de acreedores con una deuda de 6 millones de euros a la Seguridad Social y 21 millones de deuda general entrelazada de todo el grupo.
En este sentido, el alcalde de Altea, Jaume Llinares ha promovido diversas acciones con el fin de mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Altea a trabajadores y usuarios de los distintos centros que gestiona Emaús y evitar el desplazamiento de los usuarios y que los trabajadores no pierdan su puesto de trabajo.
El pasado martes el acalde de Altea convocaba una reunión de urgencia con sus homólogos de las poblaciones de La Marina Baixa y Alta que cuentan con centros de Emaús (Alfaz del Pi, Benissa, Polop de la Marina, Relleu y El Verger) para firmar un documento dirigido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, solicitando que la Seguridad Social no obligue a las empresas interesadas en hacerse cargo de los servicios de Emaús a asumir la deuda de 6 millones que esta organización ha contraído con la Seguridad Social.
''La intención, como expresaba el alcalde, es buscar la unión de todos los alcaldes y partidos políticos que contamos con centros en la comarca. Por eso ayer mismo los representantes en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví; PSPV-PSOE, Julián López, Podem/Podemos, Rita Bosaho y Ciudadanos, Marta Martín, entregaban en mano a la ministra la carta firmada por los alcaldes con el ruego de que la Seguridad Social atienda las demandas de nuestras localidades en favor de Emaús''. ''Finalmente, el PP no apoyó esta carta, que firmaron alcaldes de su partido, y decidió hacer una petición a la ministra de forma unilateral'', explicaba Jaume Llinares.
A nivel municipal sí se ha logrado el consenso de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Altea. El pleno ha aprobado esta mañana una serie de acuerdos para pedir la continuidad de los servicios de Emaús en las comarcas de las Marinas. Los grupos municipales Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat, PP y CIPAL han acordado la adopción de unos acuerdos en apoyo de la continuidad de los servicios de atención a menores tutelados, mujeres víctimas de violencia de género, personas con diversidad funcional y mayores en las comarcas de la Marina Baixa y Alta, concretamente en las poblaciones donde Emaús desarrolla sus servicios.
En primer lugar, la corporación municipal del Ayuntamiento de Altea ha acordado solicitar que la Seguridad Social no obligue a las empresas interesadas en gestionar el servicio a asumir la deuda de 6 millones de euros contraída por Emaús con esta administración para hacer viable la continuidad de los servicios en estas comarcas.
También se ha acordado pedir a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que agote todas las posibilidades de mantener los servicios de su competencia de atención a menores tutelados, mujeres víctimas de violencia de género y personas con diversidad funcional en las comarcas de las Marinas, independientemente de la decisión de la Seguridad Social.
Además, se manifestará la disposición del Ayuntamiento de Altea a trabajar por la continuidad de todos los servicios en la localidad y que se buscan todos los mecanismos de viabilidad para que la residencia Les Boqueres continúe prestando el servicio.
Las gestiones y esfuerzos de Altea y las poblaciones que cuentan con servicios de Emaús han seguido en la tarde del viernes. Jaume Llinares ha recibido en dependencias de Alcaldía al subdelegado del Gobierno en Alicante, José Miguel Saval y, a solicitud del representante del gobierno central, ha organizado un encuentro con los alcaldes de las localidades que cuentan con los servicios de la organización, para dar a conocer al subdelegado el estado de la misma. Se han sumado a la reunión Daniel Montiel, presidente del Comité de Empresa de Emaús y el diputado provincial Juan Bautista Roselló.
Emaús es una asociación sin ánimo de lucro que inició su actividad en 1979 y que actualmente atiende a menores, mujeres víctimas de violencia de género, ancianos y personas con diversidad funcional y que cuenta con 300 trabajadores que actualmente acumulan un retraso importante en el cobro de sus nóminas y que pueden quedarse sin trabajo.
