ALTEA. El Ayuntamiento de Altea ya tiene nueva Ordenanza fiscal reguladora de la tasa que devenga el servicio de recogida, transferencia y tratamiento de residuos sólidos urbanos. El pleno celebrado este viernes de manera urgente y extraordinaria ha servido para debatir un único punto en el orden del día con la finalidad de resolver las alegaciones, desestimando todas menos una formulada por el Grupo Municipal del PP. El objetivo era aprobarlo antes de terminar el año para que entre en vigor en el recibo del 2025.
Como ha venido contando este diario, se trata de la segunda modificación en dos años, un "ajuste" según dijo en el pleno el alcalde, Diego Zaragozí, y que tiene varios resultados. Los vecinos experimentarán subidas o bajadas en función del barrio en el que residen, con una oscilación de 145 euros el más alto y de 115,41 euros para el más bajo. Como novedad, el Consistorio crea una tasa específica para las viviendas turísticas.
El Ayuntamiento recibió estas alegaciones solo por parte de los dos grupos municipales de la oposición, PP y Vox. El portavoz del PSOE, Deo Sánchez, fue el encargado de explicar la resolución de las mismas, que se desestimaron todas salvo una de los populares. Estos pedían que se eliminara la disposición derogatoria incluida en el texto inicial de la ordenanza aprobada de manera provisional, un asunto técnico que incorporaron. No corrió la misma suerte la que solicitaba bonificaciones para diferentes criterios, según explicó el socialista, para que no se viera incrementado el coeficiente a pagar por el resto de contribuyentes. Mismo resultado tuvo la que pedía saber de manera concreta el porcentaje de residuos que genera cada tipo de actividad comercial y vivienda. Pero el gobierno local consideraba que el estudio económico y financiero estaba completo.
Tampoco salió adelante la petición del partido de ultraderecha que reclamaba la rebaja de otros tributos municipales para reducir la carga fiscal de los alteanos. En este sentido, Sánchez aseguró que la localidad era una de las que más bajo tenía el recibo de la basura en la zona.
El debate de los grupos de la oposición se centró en discutir si estaba justificada la urgencia para la celebración del pleno. Así, la portavoz del PP, Rocío Gómez, defendió que la ordenanza se podría haber aprobado antes del 10 de abril, entrando como punto de un pleno ordinario y pagarlo en el recibo de 2026. Algo que no reconoció el gobierno local, asegurando que de no aprobarse antes de 2025, se generaría un "importante perjuicio" de 3.623.240,27 euros. Una cifra con la que no estaban de acuerdo desde la oposición puesto que este es el coste total del servicio.
Deo Sánchez.
Rocío Gómez
Diego CoelloA su vez, reclamaron más tiempo al bipartito para estudiar la documentación, ya que aseguraron que la convocatoria se hizo 21 horas antes de la celebración del pleno. Sin embargo, Sánchez insistió en que es el mismo expediente que existe desde octubre salvo por la incorporación de la resolución de las alegaciones.
Mientras que el PP reclamó que se mejorara el servicio ya que los ciudadanos iban a pagar más por el mismo, el portavoz de Vox, Diego Coello, calificó al gobierno de 'populistas'. "Es lo que tiene gobernar, que hay que tomar decisiones aunque sean impopulares, porque lo contrario sí que es populismo", concluyó Sánchez.
La propuesta salió adelante solo con el voto favorable del gobierno de Compromís y PSOE, mientras que la oposición de PP y Vox votaron en contra, tras un debate de apenas 40 minutos.
