Piden acabar con la temporalidad antes de esta 'revolución' y aclarar cómo será el "cribado" definitivo y los contratos de prácticas en una "negociación"
VALÈNCIA. A los sindicatos, a UGT y a CC.OO, les suenan bien las líneas generales del informe que presentó este jueves la Conselleria de Administración Pública para revolucionar el sistema de acceso a la administración autonómica con una suerte de MIR que reduce temarios, introduce prácticas pagadas y establece un "cribado" final pero quieren conocer "la letra pequeña", especialmente en cuanto a esa última prueba. El reto, coinciden, será "mantener la objetividad" reduciendo la parte memorística.
Así lo explicó a este periódico Mayte Montaner, secretaria general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT PV. "El modelo nos parece interesante porque agiliza los procedimientos y prioriza otras competencias más allá de las memorísticas", resumió. Va en la linea que han propuesto en muchas ocasiones, aseguró, y debe permitir a la administración acceder a nuevos perfiles y definir nuevos puestos de trabajo para "una administración más moderna, del siglo XXI".
También Pilar de Vera, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO PV, aseguró a Valencia Plaza que les gusta que "decrezca el peso de la memorística pura" porque hará más igualitario el proceso. "Hasta ahora es la gente que económicamente se lo puede permitir la que opta a procesos como los del grupo A, con mucho temario y que suelen ser largos y complejos", apuntó.
Pero De Vera subrayó que la clave será "mantener la evaluación objetiva" y que queda bastante "por afinar" de esa tercera fase, la definitiva para conseguir la plaza de funcionario. "Hay que ver cómo se valora la experiencia y quién. Debe haber elementos suficientemente objetivos como para que no dependa de la percepción de su supervisor en un momento dado", apuntó. Dejar atrás los 'tochos' de estudio está bien pero el sistema no puede perder objetividad, remarcan.
"La negociación en las mesas de este punto es clave", señaló Montaner. "Hay que mantener las garantías en la tercera prueba, en esa última criba. Si no, no se atraerá al talento", advirtió.
Hay más detalles que pulir, recordaron. Por ejempo, qué contrato se les hará a los aspirantes que superen el test previo y empiecen las prácticas remuneradas "porque no serán aún funcionarios", afinó la representante de Comisiones Obreras. "No hay aún un documento en firme, está todo pendiente de la elaboración", recordó.
Ambas dirigentes sindicales coincidieron también en que, más allá de la prueba piloto que se va a desarrollar en el grupo A en los próximos meses, antes de acometer esta 'revolución' hay que acabar con la temporalidad. La fecha límite para hacerlo, según el reciente Decreto ley, señalan es 2024. Ese proceso debe dar una fotografía más real de las necesidades de la administración autonómica.
Además, Montaner señaló que esta nueva forma de contratación se debe pilotar desde la 'Escola Valenciana de la Administració Pública' que se consagró en la reciente 'Ley de Función Pública'. "Es el momento de desarrollarla y potenciarla y centralizar en ella los procesos", señaló. También los de las administraciones locales, afirmó, mediante convenios.
