ALICANTE. Más gasto para ampliar servicio. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), prepara la primera modificación del contrato de mantenimiento de zonas verdes, adjudicada finalmente en 2020 a la empresa STV Gestión, que supondrá un encarecimiento de 1,2 millones en su coste anual a partir del próximo de enero. Así lo ha confirmado este viernes el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar (PP), durante su comparecencia en la comisión específica para la fiscalización del servicio promovida por los grupos que ejercen funciones de oposición (PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox), en la que también ha anticipado la próxima devolución de la fianza depositada por Geamur (la antigua concesionaria) cuando se hizo cargo del contrato precedente (en 2012) sin que, por el momento, se contemple la posibilidad de aplicar minoraciones o penalidades por el servicio prestado.
Por orden. El modificado del contrato, que podría entrar en vigor justo un año después de que STV Gestión se hiciese cargo de la prestación, resultaría necesario para atender las nuevas zonas verdes generadas a lo largo de los dos últimos años que no figuraban en el pliego del concurso, elaborado en 2018. Así, según ha concretado Villar durante su comparecencia, con ese incremento de precio se prevé la contratación de 14 nuevos empleados en el área de jardines, además de cinco especialistas en operativa de riego.
"Se trata de una mejora y ampliación del contrato por las nuevas zonas verdes que ha recepcionado el Ayuntamiento desde la redacción inicial del pliego. Son muchos los servicios que tenemos que cumplir y es necesario ajustar el personal de la contrata a las zonas que atendemos", ha explicado Villar, a través de un comunicado emitido al término de la sesión de trabajo de la comisión.
¿Cuáles son esas 18 nuevas zonas verdes a las que se pretende dar servicio con este modificado? Según han precisado fuentes municipales, a través de ese mismo comunicado, se trata del tronco principal de la Vía Parque, la Plaza de la Ciudad de la Justicia, la remodelación del Paseo de Gómiz, la zona verde junto al colegio de La Condomina, el jardín de la calle Arquitecto Guardiola, la obra de la avenida Padre Esplá, el Parque Lo Morant, la remodelación de la Plaza de la Viña y de la rotonda Carolina Pascual, la recogida de papeleras en El Palmeral, la remodelación de la Plaza de Castellón, el arbolado de Arzobispo Loaces, Poeta Zorrilla y adyacentes, el APA 9, el nuevo ajardinamiento en la calle de la Vega, las zonas verdes del Plan Parcial de Benalúa Sur y las nuevas calles de Rabasa y San Gabriel.
Con la ampliación del contrato, el Ayuntamiento pasará a abonar 7,1 millones de euros anuales por la prestación. El coste anual previsto en la licitación era de 5,8 millones, que ahora se refuerzan con 993.689 euros para atender las nuevas zonas verdes y otros 301.930 para la ampliación del sistema de riego. De igual modo, según Villar, también se prevé ampliar el número de inspectores municipales encargados de velar por el cumplimiento del servicio, de modo que pueda contarse con otros cinco más, al margen de los tres de los que ya se dispone.
Con todo, el incremento de precios y la ampliación de plantilla no es el único elemento novedoso que el edil responsable del área ha dado a conocer durante el desarrollo de la comisión. Al tiempo, Villar ha asegurado que el ayuntamiento se disponía a atender al menos parte de la solicitud presentada por la anterior concesionaria del servicio, Geamur, para liquidar pagos pendientes durante el periodo en el que asumió la prestación al confirmar que los técnicos municipales habían validado que se produjese la devolución de la fianza que la compañía depositó en 2012.
Se trata de una suma que supera los 724.000 euros. Con todo, no se ha llegado a concretar si también se accederá a otra de las peticiones formuladas por la compañía, una vez descontado el abono de las últimas facturas atrasadas: el pago de más de 599.000 euros como compensación económica por el tiempo en el que tuvo que seguir asumiendo el servicio con el contrato vencido (y con el mismo precio que se acordó en la adjudicación), cuando -según alegó- ya no era aplicable la figura del riesgo y ventura imputable al contratista.
De igual modo, tanto Villar, como el responsable del contrato han trasladado su compromiso del inicio de las labores de reposición de arbolado, con la intención de que puedan recuperarse al menos 1.300 ejemplares a lo largo del próximo año, entre los 1.803 que deben reponerse, según el recuento municipal. En principio, según han incidido, se trataría de un esfuerzo adicional, ya que lo habitual sería que pudiesen reponerse entre 300 y 400 árboles al año.
Al margen de ello, la sesión también ha ofrecido margen para la controversia, después de que los grupos de la oposición hayan recriminado tanto el hecho de que se pretenda devolver la fianza a la concesionaria anterior, como que no se hubiese facilitado toda la documentación solicitada para poder fiscalizar la prestación del servicio.
En esta línea, el PSOE ha acusado al equipo de gobierno de "ningunear a la comisión", ya que, según ha subrayado el edil y secretario general, Miguel Millana, "sí o sí, al margen de las conclusiones de la misma, se ha decidido abonar la fianza a la empresa Geamur. Si la comisión determina que ha habido incumplimientos no se podrá actuar contra la mercantil, lo que evidencia que jamás se ha tomado en serio esta comisión y se burla del trabajo de todos los grupos políticos de la oposición".
Además, ha incidido en que a PP y Cs "no les ha bastado con obstaculizar la comisión al no hacer entrega de la documentación solicitada", en alusión a los contratos menores concertados con Geamur entre los años 2018 y 2020. "Todo esto lo estamos solicitando desde 2020 y no se nos ha entregado, lo que nos parece una tomadura de pelo, sobre todo cuando el edil Manuel Villar nos dijo el 2 de julio que teníamos un cheque en blanco para acceder a la documentación, por lo que volvimos a pedir el expediente íntegro", ha añadido Millana.
Por otro lado, el portavoz municipal, Paco Sanguino, ha apuntado que el PSOE "pidió la relación íntegra de contratos de cualquier entidad realizados con la adjudicataria Geamur por parte del consistorio durante el periodo que la misma ha prestado sus servicios. Lo más curioso, es que el bipartito nos comenta que sobre la documentación pedida hace más de un año en repetidas ocasiones, no existen informes, lo que da una imagen de desgobierno preocupante".
En este sentido, Sanguino ha afirmado que "respecto a los contratos y abonos a la adjudicataria se nos han facilitado solo algunos abonos y solo hasta el 2018. A título de ejemplo, del año 2014 nos han pasado pagos por importe de 18.429 euros, cuando nos consta que el Ayuntamiento le abonó a Geamur más de 120.000 euros al margen de las certificaciones o en el 2014 nos han dado pagos por importe de 43.239 euros mediante contratos menores a Geamur, cuando nos consta que se le abonaron 75.000 euros".
De igual modo, la edil Llanos Cano ha añadido que "a la luz de los hechos y a tenor de las contestaciones del concejal y del afán obstruccionista del mismo, todo indica que efectivamente hay irregularidades que se quieren tapar por parte del equipo de gobierno. No podemos consentir que los trabajadores denuncien unas irregularidades y que el equipo de gobierno ni investigue ni deje investigar protegiendo no se sabe muy bien a quién. Solo actúa de esta manera quien tiene algo que ocultar".
En segundo término, la edil de Unides Podem EUPV, Vanessa Romero, ha coincidido en las críticas sobre la ausencia de parte de la información solicitada. "Seguimos sin tener la documentación completa para poder sacar las conclusiones pertinentes de la comisión de investigación de zonas verdes: faltan informes firmados por jefe de servicio, faltan facturas giradas por trabajos realizados en propiedades privadas, faltan facturas de trabajos realizados fuera de contrato... Y así y todo, el señor Villar ha anunciado la devolución de la garantía a Geamur. Nos preguntamos entonces qué poder de ejecución tiene esta comisión de investigación, si nos vamos a quedar sin herramientas con las que poder aplicar posibles sanciones, en caso de informe de conclusiones desfavorable".
Así, ha señalado que "estamos ante una de las grandes contratas del ayuntamiento, y ante los problemas de siempre, la falta de inspección y control municipal a la contrata, el que la contrata saliese ya con una reducción considerable respecto a la anterior por el plan de ajuste al que estaba sometido el ayuntamiento de Alicante fruto de la pésima gestión y endeudamiento al que nos llevó el Partido Popular, y el nulo interés por parte del equipo de gobierno de explorar otras vías para ofrecer el servicio, a lo que se le suman las innumerables denuncias por parte de las trabajadoras y trabajadores respecto a sus condiciones laborales, de las que hemos sido altavoz en la comisión".
En esta línea, ha señalado que "desde Unides Podem-EUPV recordamos que ya hay informes por parte del personal técnico que avalan la remunicipalización del servicio, que traería consigo una mejora de las condiciones laborales del personal, además de un gran ahorro a las arcas públicas al no tener que pagar beneficio empresarial ni IVA por la gestión del servicio. Pero en lugar de explorar otras opciones, el equipo de gobierno parece empecinado en hacer morir a la pequeña brigada municipal de jardines que queda, relegándola a ocuparse de El Palmeral".
Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha asegurado que "la causa principal de los problemas de este servicio, y de otras contratas municipales, es el Plan de Ajuste y la ruina económica del Ayuntamiento por la gestión de los gobiernos del PP. Las negativas consecuencias en la prestación de servicios municipales del Plan de Ajuste finalmente han tenido que ser admitidas por el señor Villar, que inexplicablemente había obviado esta cuestión en su primera exposición".
El líder de la coalición ha añadido que "desde Compromís, entendemos que la gran cantidad de servicios extraordinarios pagados en el antiguo contrato, tienen su origen en las limitaciones económicas y de personal producto del Plan de Ajuste del PP" y ha vuelto a denunciar "la escasez de inspectores para controlar el servicio, que ahora parece que se está en vías de solución y que de momento no se ha avanzado significativamente, más allá de la foto que se hizo Barcala plantando un árbol, en la reposición de los 1.803 árboles pendientes". "Se ha manifestado que pretenden plantar sobre 1300 en invierno del próximo año, y esperamos que sea así, después de escuchar muchos Barcalaanuncios al respecto que no se han cumplido", ha enfatizado.
Además, según Bellido, "en la comisión, se ha asumido ya la falta de personal de la contrata y se nos ha informado que se prepara un Modificado para el Lote 1, contratar 23 nuevos trabajadores y aumentar el precio del contrato". Por último, ha propuesto abordar con los técnicos el alinear la política de zonas verdes con una estrategia frente al cambio climático e implementar propuestas como la de "calles verdes", para generar mayor confort climático en la ciudad. "Tenemos que trabajar con el servicio de zonas verdes para aumentar nuestra resiliencia frente a nuestra fragilidad ante el cambio climático y actuar para mitigar el aumento de temperatura de la ciudad en meses estivales y generar mayores espacios de sombra. Es una cuestión que afecta a nuestra calidad de vida, la amabilidad del espacio urbano e incluso nuestras fortalezas climáticas como destino turístico", ha explicado.
En todo caso, ha apostillado que "resulta muy preocupante que la previsión del nuevo contrato ya se haya quedado obsoleto y se deba poner en marcha una modificado para aumentar el dinero del contrato y pagar más personal". "Vamos a esperar a la nueva sesión de la comisión donde veremos nueva documentación, para establecer después de las conclusiones de la comisión que tampoco serán especialmente relevantes ya que se va a efectuar el pago de la fianza del anterior contrato".
Sea como fuere, fuentes municipales han indicado que se ha previsto celebrar una próxima reunión de la comisión para el próximo 8 de noviembre con la intención de facilitar la última documentación que no se haya entregado hasta ahora. A partir de entonces, se abrirá el plazo para la presentación de los informes de conclusiones de la comisión.