El miércoles 10 fue aprobado en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley por el que se establecía el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aunque es un anhelo y una necesidad que se llevaba demandando desde hace tiempo por una parte de la sociedad, la crisis actual de la COVID-19 no ha hecho más que precipitar su implantación. Con el ingreso mínimo vital se garantiza una renta que oscilará, dependiendo de las características económicas, familiares y personales del perceptor, entre 461,5 y 1.015 euros al mes. Tal y como manifestó el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá "que en un contexto como el actual hayamos empeñado esfuerzos y recursos para mejorar la vida de los más débiles creo que nos hace un país un poco mejor. Y creo que todos deberíamos felicitarnos por ello".
Y eso es lo que se ha hecho, mejorar la vida de los más débiles. Está fuera de toda duda que el IMV no debe ser una medida coyuntural para solucionar los problemas de exclusión social de una parte importante de nuestra sociedad en estos difíciles momentos. Tiene que ser una medida de carácter permanente que ha venido para quedarse. Según el ejecutivo, se movilizarán 3.000 millones de euros para reducir la pobreza extrema de nuestro país en un 80%, beneficiándose unos 850.000 hogares y 2,3 millones de personas. De ahí la extrañeza de que se haya tardado tanto en instrumentalizar una renta mínima teniendo en cuenta que, tal y como recoge la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2018, España ocupa el sexto puesto dentro de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza, con una de cada cinco personas en esta situación.
Además, a quién más a beneficiar esta medida es, precisamente a los más vulnerables. A quienes soportan en mayor medida los efectos negativos de la crisis. A este respecto, la Comisión Europea nos había sonrojado al señalar que España arrojaba datos inquietantes de pobreza entre los menores de edad, los hogares con niños y las mujeres. La tasa de pobreza infantil relativa de España es la segunda mayor de toda la UE, con un 26,8%. En el caso de las mujeres, España ocupa la séptima posición en Europa con un 22.2%. No en vano, disponer de un IMV ha sido una constante reclamación de la Comisión Europea.
De ahí que, el IMV ayudará a paliar la situación de, precisamente los más desfavorecidos dentro de los más desfavorecidos. Según el Gobierno, el 30% de los potenciales beneficiarios serán menores y el 16% de los hogares monoparentales y, de ellos, casi el 90% monomarentales. El número de mujeres dentro de los hogares beneficiarios supone un 54% del total.
