ALICANTE. El cambio de rumbo que la Conselleria de Vivienda decidió imprimir a la regeneración arquitectónica del barrio de Miguel Hernández de Alicante bajo el mandato del Consell del Botànic queda consumado ahora con un ejecutivo autonómico de distinto signo político. La Entitat Valenciana d'Habitatge (EVha), adscrita a la nueva Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda que dirige Susana Camarero, acaba de readjudicar ahora la ejecución de los trabajos pendientes de ese proyecto a la constructora alicantina Gestaser Obras y Servicios: la compañía dirigida por el presidente de FOPA, Javier Gisbert, como consejero delegado.

Gestaser era, de hecho, una de las empresas mejor posicionadas en el concurso tanto por lo que respecta a la valoración de su propuesta técnica como en lo que concierne al factor precio. Y, a la postre, ha acabado logrando el encargo, tras sumar 93,75 puntos de 100 posibles, con una propuesta que planteaba un coste definitivo de 3.249.763,1 (impuestos incluidos). Es decir, 309.670 euros por debajo del precio por el que partía la convocatoria.

La propuesta de adjudicación, sancionada ahora por la Dirección General de Vivienda, quedó resuelto en la reunión de la mesa de contratación de la EVha celebrada a finales de junio, después de que confirmar que la oferta presentada por Guerola Transfer -la principal competidora de Gestaser, entre otras diez compañías interesadas que concurrieron en el concurso- incurría en baja anormalmente desproporcionada, sin que dicha constructora hubiese podido justificar el importe de los precios propuestos en el plazo requerido para ello.

Su exclusión se sumaba, así, a la ya acordada respecto a las propuestas presentadas por Assistacasa, S.L. y Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, S.A.U., en tanto que no habían alcanzado los 15 puntos en la baremación técnica de sus ofertas que se establecieron en el pliego de condiciones como requisito mínimo para poder optar a la ejecución del contrato.

De esto modo, Gestaser dispondrá ahora de un plazo de 16 meses para retomar y finalizar los trabajos que la constructora Ecisa (ahora absorbida por el grupo Urbas) dejó inacabados en los bloques 5 y 6 de la Plaza de Yolanda Escrich. Esa circunstancia fue la que llevó a los responsables de Vivienda bajo el Consell del Botànic a acordar la resolución del contrato por causas imputables al contratista, tras recabar el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Generalitat.