ELCHE. El pleno municipal aprobaba recientemente y de forma provisional las dos Áreas de Vigilancia Arqueológica (AVA) en sendas zonas sensibles patrimonial y arqueológicamente dentro del Núcleo Histórico Tradicional (NHT), la zona del Raval-Salvador y el Recinto Histórico Artístico (RHA); es decir, toda la Vila Murada hacia el Este incluyendo el Convento de la Merced y la Casa Palacio de Jorge Juan. Una tutela arqueológica que queda bajo los permisos de la Conselleria de Cultura, que aunque venía actuando de facto, fue quien instó al Ayuntamiento a la creación de sendas AVA por unas excavaciones en 2019.
En este sentido, la Dirección General de Cultura y Patrimonio redactó un escrito en mayo de 2019, con salida al Ayuntamiento de Elche en junio, así como a las partes implicadas en las excavaciones en esta vía, varias empresas de construcción y al Seprona de la Guardia Civil. En el mismo se abrieron actuaciones previas del procedimiento sancionador con motivo de "actuaciones consumadas en la Calle San Joaquín de Elx, incluida dentro del ámbito del denominado Raval de Elx sin cumplir las cautelas arqueológicas establecidas para los ámbitos de presunción por el Artículo 62 de la Ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano". Los promotores habían alegado porque tan solo se habían realizado dos sondeos geotécnicos de 100 milímetros de diámetro, para los cuales estimaban que no era necesario obtener autorización patrimonial, quedando el resto del solar sin afección alguna.
Se evitó una sanción por una prospección, pero se instó a la vigilancia arqueológica
Sobre esas alegaciones, los informes técnicos y "sin perjuicio de que los constantes hallazgos de restos de esta índole en el ámbito del Raval con motivo de la ejecución de edificaciones de nueva planta, imponen que el Ayuntamiento lo incorpore y tutele expresamente en el Catálogo como Área de Vigilancia Arqueológica". Así que tras el toque y amago sancionador de la conselleria, los propios informes técnicos municipales propusieron la inclusión de esta AVA en el catálogo de protecciones, y la directora general, Carmen Amoraga, decidió archivar el expediente sancionador en julio de 2019 por el escaso impacto de la intervención.
