ALICANTE. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el edil de Recursos Humanos, José Ramón González, no tendrán ninguna obligación de comparecer ante la comisión de investigación sobre el caso enchufes, en la que se pretende dilucidar si existió algún tipo de anomalías en las oposiciones a la Policía Local que pudiesen beneficiar a determinados aspirantes. En concreto, a familiares de mandos policiales, de otros policías, de concejales y expolíticos, de representantes sindicales y de responsables de empresas que prestan algún tipo de servicio para el Ayuntamiento, según pusieron de manifiesto denunciantes de identidad reservada en una información inicial difundida por Radio Alicante.

Ahora, un informe jurídico emitido por el secretario general del pleno (que lo es también de la comisión) descarta la admisión de las solicitudes de comparecencia de Barcala y de González formuladas por los cuatro grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento (PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox) al concluir que no existe ninguna regulación autonómica o municipal en la que se contempla la posibilidad de que concejales miembros de la Junta de Gobierno, o que ostenten competencias delegadas del alcalde, deban responder ante las comisiones no permanentes o específicas. 

Así, en ese primer filtro jurídico que se acordó imponer en la sesión constitutiva de la comisión para las peticiones de diligencias planteadas por el conjunto de los grupos municipales -en respuesta a la propuesta formulada por el equipo de gobierno (PP y Cs), que fue asumida, aunque discutida, por el resto de grupos políticos-  se considera que "no procede la solicitud de comparecencia de concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local fuera del ámbito plenario o de las comisiones permanentes". 

Ese descarte podría obstaculizar la pretensión de esclarecer responsabilidades políticas -en el caso de que las hubiese- respecto al desarrollo presuntamente irregular del proceso de selección. Es decir, el objetivo que perseguían los cuatro grupos opositores al solicitar las comparecencias de Barcala y González. Lo cierto es que incluso los dos partidos que conforman el equipo de gobierno habían planteado la posibilidad de que González fuese citado para que ofreciese explicaciones ante la comisión, y hasta el primer edil había mostrado su predisposición a responder ante ese órgano de fiscalización política con la intención de despejar cualquier duda sobre el proceso. 

A partir de ahora, está por ver si el primer edil y el concejal de Recursos Humanos deciden obviar las conclusiones de ese informe para comparecer voluntariamente a petición propia pese a que en dicho dictamen jurídico se rechace que tengan obligación de hacerlo. De hecho, fuentes municipales consultadas han confirmado ya este martes que tanto el primer edil como González mantienen su compromiso de responder a la llamada de los miembros de la comisión con la intención de ofrecer las explicaciones que resulten oportunas a las preguntas que se les formule, pese a que el informe jurídico emitido por el secretario no lo considere obligatorio ni preceptivo. Así, según las mismas fuentes, se mantendría la voluntad de abordar las averiguaciones sobre el proceso de selección bajo sospecha con la transparencia que tanto Barcala como el conjunto del equipo de gobierno han venido defendiendo en público desde que trascendieron las presuntas anomalías en el desarrollo de las oposiciones.

Sea como fuere, en ese informe, facilitado este martes al conjunto de las formaciones representadas en la corporación, sí se admite las solicitudes de comparecencia de los cinco miembros del tribunal que pilotaron la convocatoria de las oposiciones bajo sospecha. Se trata del jefe de la Policía Local, José María Conesa, en su condición de presidente del tribunal; de la funcionaria nivel A1, Remedios Molina, como secretaria; del vocal designado por el presidente, Antonio Collado (jefe de la Policía Local de Xàtiva); y de los vocales nombrados por el IVASPE, Miguel Ángel Palacios y José Antonio Berbegal. 

Según fuentes municipales consultadas, los cinco habrían mostrado ya su predisposición a comparecer ante la comisión en la sesión de trabajo prevista para el próximo martes, 2 de mayo, pese a no que tampoco tendrían ninguna obligación de hacerlo. Así lo subraya igualmente el propio informe jurídico emitido por el secretario, en el que, además, se puntualiza que "solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso" de las oposiciones a la Policía Local y que el personal "funcionario o laboral no tendrá obligación legal de comparecer y por tanto lo hará de forma voluntaria".

Al tiempo, en ese dictamen se concreta que "al personal funcionario o laboral que comparezca voluntariamente se le advertirá de que no existe normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales" y que "no podrá comparecer el personal funcionario o laboral que no haya tenido parte en el procedimiento" ni tampoco "terceros ajenos a la instrucción de los expedientes".

En este sentido, el informe jurídico responde una a una a las peticiones de diligencias registradas por el conjunto de grupos políticos. Respecto a las presentadas por Unides Podem EU, el dictamen del secretario avala que pueda solicitarse la comparecencia de los cinco miembros del tribunal, así como la de sus asesores y colaboradores que participaron en el proceso. No obstante, se considera que "no procede" que se cite a los miembros de la cadena de mando de la Policía Local al no haber tenido parte en el proceso. De igual modo, rechaza que pueda comparecer el portavoz de Vox, Mario Ortolá, en la medida en que la comisión de investigación no es un pleno ni una comisión permanente. Y, por último, también rechaza la solicitud de que puedan responder ante la comisión los 20 primeros opositores que superaron las pruebas al tratarse de "terceros ajenos a la instrucción de los expedientes".

Respecto a las diligencias propuestas por el PSOE, el informe del secretario señala que la periodicidad de las sesiones de la comisión fue la aprobada en el pleno (cada quince días) de modo que no puede pasar a ser semanal salvo que se apruebe un nuevo acuerdo de pleno en ese sentido. Además, el dictamen concreta que ya se ha puesto a disposición de todos los grupos la información sobre el proceso de selección que se había solicitado, lo que incluiría la documentación remitida al IVASPE y a la Agencia Antifraude. 

En todo caso, respecto a esa información puesta a disposición de los miembros de la comisión, no se habría incorporado las plantillas con las preguntas de las cuatro pruebas por escrito incluidas en el proceso, lo que dificultaría la labor de análisis sobre cómo se desarrolló la convocatoria, como ya ha informado este diario.