ALICANTE. Fempa y Atayapa lideran la lucha contra el intrusismo profesional en sector de los talleres de reparación de vehículos en la provincia de Alicante, convirtiéndose en una prioridad por la importante implicación sobre la seguridad vial, industrial, medioambiental y la supervivencia de los talleres. Entre las diversas iniciativas puestas en marcha en los últimos años, cabe destacar el servicio de denuncias, a través del cual los talleres asociados pueden (manteniendo su anonimato) poner en conocimiento de la Federación aquellas situaciones irregulares de que tengan conocimiento. Desde Fempa y Atayapa, dentro de la política de alianzas con las diferentes administraciones implicadas, se da trámite a las denuncias, colaborando con la policía autonómica, Seprona y entidades locales, al tiempo que refuerzan la visibilidad del taller autorizado, mediante la campaña mitallerdeconfianza.es, con el apoyo de la Diputación de Alicante.

En los últimos cinco años, se han recibido en Fempa 176 denuncias de talleres presuntamente ilegales o irregulares. De estas, 67 fueron en la ciudad de Alicante y comarca, 32 en las comarcas del Vinalopó, ocho en la zona de Alcoy, 34 en las Marinas y 35 en la Vega Baja.

Se estima que de la totalidad de talleres existentes en España, un 20% son ilegales o clandestinos, según datos de las distintas campañas de inspección puestas en marcha por las distintas administraciones. De ello, se desprende, por tanto, que uno de cada cinco talleres es ilegal, lo que implica que la actividad de los talleres que cumplen con la normativa puede haber caído en los últimos años más de un 20%, por el repunte de los ilegales. Ello supone una competencia desleal insoportable para los talleres que cumplen la normativa.

La Administración competente ha sancionado e incluso, en determinados casos, precintado algunos de estos talleres, aunque muchas veces se encuentra con dificultades para ello, ya que muchos de estos talleres ilegales o irregulares trabajan en viviendas, chalets o garajes particulares, lo que dificulta la localización e inspección de los mismos, al negar el acceso a los inspectores, lo que conlleva la necesidad de obtener una orden judicial.

Además, a través de estas inspecciones en algunos casos se han descubierto otros delitos asociados: vehículos robados, estupefacientes, trabajadores ilegales, placas de matrícula sustraídas...

Las consecuencias que implica la existencia de este tipo de establecimientos son de diversa índole, tanto para los derechos de los consumidores, que en caso de problemas no van a poder exigir garantía de la reparación, como para la seguridad vial, dada la dudosa calidad de la reparación y de los materiales y recambios utilizados. Asimismo, son un peligro para el medio ambiente, al desconocerse el destino de los residuos tóxicos y peligrosos que se generan en estos talleres, y para la seguridad de instalaciones y personas trabajadoras, al no cumplir en la mayoría de los casos los reglamentos, ni llevar a cabo las revisiones obligatorias o cuidar la prevención de riesgos laborales.