SANTA POLA. A los pocos días de acceder el nuevo equipo de gobierno de Santa Pola, integrado por ediles del PP, se encontró una sorpresa: una sentencia obligaba al consistorio a tener que abonar 7,4 millones de euros a Caixabank por ser el titular del préstamo hipotecario que se dio a una empresa para construir y explotar una residencia de la Tercera Edad y Centro de Día en suelo municipal. Ese centro dejó de funcionar en 2014 y la empresa acabó en concurso de acreedores. Tres años más tarde, en 2017, el ayuntamiento acordó de la resolución del contrato de concesión de obra pública con la mejor de las intenciones y por causa imputable al concesionario, que dejó de prestar el servicio. Sin embargo, Caixabank, que es quien había concedido el préstamo hipotecario, lo recurrió: presentó un recurso contencioso-administrativo y el juzgado estimó totalmente su demanda, lo que condenó al ayuntamiento al pago de 7,4 millones de euros. En junio de 2019, la entidad financiera solicitó la ejecución de la sentencia, pese a que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Y desde el pasado 10 de marzo, el consistorio intenta por todos los medios judiciales aplazar el pago de ese fallo a la espera de que se pronuncie el TSJ. De lo contrario, alega el ayuntamiento que la ejecución puede causar una gravísima repercursión en la economía municipal y dejarlo en una situación de insolvencia.
Pero pese a los reiterados recursos ante el auto judicial inicial, que obliga al pago de los 7,4 millones, o al depósito de una fianza de 6 millones, Caixabank sigue en su propósito. Y eso que los responsables del área de Hacienda han hecho todo lo que está en su mano para que la entidad desista de ejecutar el pago a la espera que de se pronuncie el TSJ y que, en todo caso, dé firmeza a la sentencia. Pero como reconoce el ayuntamiento, "todos los intentos han resultado infructuosos y no se ha obtenido de Caixabank ningún gesto encaminado a minimizar el gravísimo daño económico para las arcas municipales". Es más, el pasado 22 de junio, tesorera municipal hizo un informe en el que venía a decir que Ayuntamiento de Santa Pola "es insolvente para el pago del despacho de ejecución provisional de la sentencia por importe de 7.401.431 euros ya que produciría quebrantos económicos a esta tesorería dando lugar a una falta de liquidez y capacidad de maniobra para poder actuar en asuntos sociales”. Ese informe fue incluido en la moción que aprobaron todos los grupos políticos en el pleno del pasado martes.
Es su propósito de alcanzar una moratoria, el consistorio santapoler dice no cuestionar ni pretende cuestionar la legitimidad de CaixaBank para solicitar, como ha instado, la ejecución provisional de la sentencia, por tratarse de un derecho del beneficiado por una sentencia. Sin embargo, -añade el ayuntamiento- "consideramos que su empeño en seguir instando la ejecución de una sentencia que aún no es firme, sobre todo a la vista de la gravísima situación económica que esa ejecución anticipada puede causar al ayuntamiento, unido al hecho de la insignificancia de los efectos para la demandante, suponen una ruptura de la buena fe con que ambas entidades deben actuar en el ejercicio de sus derechos y obligaciones".
Es más, el ayuntamiento le recuerda que también posee sentencias condenatorias contra CaixaBank y en favor del consistorio sobre la ejecución de determinados avales emitidos en su día por las entidades Banco de Valencia y Barclays Bank, absorbidas por fusión por CAixaBank y pone énfasis en que la entidad bancaria agota todas las vías judiciales y extrajudiciales para evitar, eludir o dilatar el cumplimiento de sus obligaciones de pago, debiendo ser los avales pagaderos al primer requerimiento.
El equipo de gobierno recuerda el consistorio y la entidad mantienen , la relación comercial e institucional normal, y que dentro de ésta la administración local viene cumpliendo las amortizaciones de una operación creditícia, mantiene una cuenta operativa dónde se ordenan pagos y una cuenta de recaudación de tributos locales merced a convenio por ambas partes. A ello se añade, enfatiza el Gobierno local, el número considerable de funcionarios de éste Ayuntamiento mantienen domiciliadas sus nóminas y otras vinculaciones con Caixabank.
Por ello, si en el plazo de siete días, una vez notificada la resolución del pleno, en el que se pide a CaixaBank que desista de la ejecución de la sentencia en aras a esperar el fallo del TSJ, si la respuesta de la entidad fuera negativa, la alcaldía convocaría de inmediato y con carácter público, un pleno extraordinario con el objetivo de aprobar “Declaración Institucional” para la ruptura de relaciones del Ayuntamiento de Santa Pola con la entidad".
