ALICANTE. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha cuestionado este sábado "la eficacia de la gestión" del alcalde, el popular Luis Barcala, a la vista del informe emitido por el interventor municipal sobre la liquidación del presupuesto de 2019, del que se dio cuenta en el pleno ordinario de mayo. En dicho informe se concreta que el remanente de crédito disponible tras el cierre del ejercicio asciende a 48,7 millones, que podrían derivarse a actuaciones frente a la crisis del coronavirus o a financiar inversiones municipales, como ha informado este diario. 

Pero, además, se alerta de la aprobación de pagos bajo la fórmula del reconocimiento extrajudicial de créditos (por servicios no presupuestados o carentes de cobertura a través de su correspondiente contrato en vigor) por un importe global de 9,8 millones a lo largo de ese año, bajo el mandato del PP en solitario (de enero hasta junio) y del bipartito conformado tras su alianza con Cs (desde junio hasta diciembre). El pago de 2,1 millones fue aprobado por el pleno de la corporación, al tratarse de gastos realizados en el ejercicio de 2018, como los derivados del servicio de mantenimiento de la señalización vertical y horizontal, "y en algún supuesto derivados de deficiencias en el procedimiento de contratación". 

El pago de la cantidad restante, otros 7,7 millones, se acordó a través de la Junta de Gobierno. En su mayoría (4,5 millones en concreto) corresponden a la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de la ciudad, todavía en manos de Geamur pese que la vigencia de su contrato venció en julio de 2018. En estos momentos, el servicio sigue pendiente de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) dirima si mantiene la anulación del nuevo contrato, adjudicado a STV Gestión, que acordó tras estimar un recurso presentado por la propia Geamur.

En su dictamen, el interventor señala que la existencia de esos pagos no presupuestados es la consecuencia de "no iniciar los expedientes" de contratación "con la antelación suficiente para que sean adjudicados antes de la finalización del contrato anterior". Y en este punto añade una mención especial respecto al servicio de transporte público en autobús "que se está prestando en régimen de prórroga extraordinaria por lo que deberían realizarse las tareas preceptivas tendentes a evitar reincidir en esta situación".