ALICANTE. El acuerdo institucional firmado entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Alicante para compatibilizar el uso cultural del Auditorio Provincial (Adda) con la celebración de encuentros profesionales zanja una espera de casi 20 años para que la ciudad disponga al fin del Palacio de Congresos reivindicado por el sector turístico. Eso sí, ese convenio bilateral, aunque positivo, no elimina los costes para las arcas públicas que ha supuesto esas dos décadas de demora: al menos 2,5 millones. 

Ese es el importe de la factura final pagada por la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) por el último proyecto para el edificio que debía levantarse en el barrio de Sangueta (hubo una maqueta virtual anterior, cuando se preveía ubicar el Palacio en las faldas del monte Benacantil). Hoy ese proyecto impulsado bajo la etapa de Gerardo Camps al frente de la sociedad duerme el sueño de los justos guardado en un cajón, sin que los actuales gestores de la SPTCV sepan a ciencia cierta qué uso darle. En principio, según las fuentes consultadas, se barajaría ponerlo a disposición del Ayuntamiento para que fuese la administración local quien decidiese qué hacer con él. 

El exconseller de Economía y responsable de la SPTCV hasta 2011, Gerardo Camps. Foto: EVA MÁÑEZ

Como adelantó Alicante Plaza, el brazo ejecutor de la política de grandes proyectos de la Generalitat pagó hasta 2007 los primeros 724.425 euros al gabinete de arquitectura de Salvador Pérez Arroyo por la entrega de la primera fase del proyecto básico y de ejecución y de dirección de las obras del centro de congresos, según consta en el informe de fiscalización correspondiente a ese ejercicio al que tuvo acceso este diario. En ese informe se hablaba de una adenda al contrato inicial "al fin de ajustar los honorarios al presupuesto de ejecución material del proyecto", cuantificado inicialmente en 40 millones de euros. Esa adenda al contrato de 2006 se firmó en 2008 sin que trascendiese su importe. 

Con todo, las fuentes consultadas precisaron que el coste definitivo de los trabajos que llegaron a pagarse por ese proyecto fue de 2,5 millones. Según contrato, el gabinete de arquitectura debía percibir el 7% sobre el presupuesto de ejecución material de la obra, que se acabó cerrando en la cifra de los 50 millones. En función de ese acuerdo, el equipo redactor debía percibir el 2,5% a la entrega del proyecto básico; otro 2,5% por el proyecto de ejecución y un 2% por el proyecto de dirección de obras. 

Los terrenos del barrio de Sangueta en los que se preveía construir el Palacio. Foto: AP

Esta última fase no llegó a presentarse: los trabajos quedaron en suspenso hasta que se resolviese el debate abierto con los técnicos del Ayuntamiento de Alicante sobre la necesidad de introducir una modificación puntual en el Plan de Reforma Interior (PRI) del barrio de Sangueta. Con el cambio de color político al frente de la Generalitat y del Ayuntamiento, tras las elecciones de mayo de 2015, el proyecto decayó: las dos administraciones coincidieron en que se trataba de una obra inviable.