ALICANTE. La regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante supera el primer trámite político con un dictamen favorable en comisión informativa, a la espera de que su ordenanza específica pueda aprobarse de forma inicial en un próximo pleno todavía sin fecha. El texto propuesto por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha obtenido el único respaldo externo del grupo municipal de Vox, en cumplimiento del pacto alcanzado en enero de este año entre los dos partidos con motivo de la negociación de los presupuestos de este ejercicio, por el que se establecía que la aplicación de ese sistema de reducción de emisiones contaminantes asociadas a la circulación de vehículos no conllevaría la implantación de nuevas restricciones ni sanciones.
Ese compromiso queda plasmado en la ordenanza, en la que únicamente se consolida el régimen de acceso restringido vigente desde el año 2011 en el perímetro de calles que conforman el Casco Antiguo. Así, se descarta la aplicación de limitaciones de acceso para el segundo anillo, configurado por las calles del Centro Tradicional, como se había llegado a plantear en el año 2022, cuando se inició la tramitación de la ordenanza. Y como también se había llegado a proponer a través de un informe de los técnicos del departamento de Tráfico en enero de este año. De igual modo, tampoco habrá limitaciones ni restricciones en el tercer eje contemplado en la ZBE, que queda delimitado por el cinturón de la Gran Vía. Esos dos últimos anillos del Centro Tradicional y Gran Vía quedan regulados como espacios para el control y recopilación de datos, con la previsión de que puedan evaluarse para implementar otras medidas adicionales en el supuesto de que resultasen necesarias en el futuro.
De hecho, así se preveía contemplar mediante la incorporación de una enmienda técnica propuesta por el grupo municipal del PSOE, en la que se planteaba que la ordenanza se revisase con una periodicidad cuatrienal, al margen de una primera evaluación que se llevaría a cabo a los tres años de su implementación. Esa fue, finalmente, la única enmienda entre las planteadas por las tres fuerzas del eje progresista que se proponía incorporar al texto en la propuesta de resolución de las objeciones planteadas.
En todo caso, el dictamen sobre la ordenanza ha prosperado por unanimidad de los votos de los dos grupos políticos presentes en la comisión -PP y Vox- después de que PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem hayan decidido ausentarse del debate tras reprochar al equipo de gobierno la existencia de varios errores en su redacción o la falta de incorporación de informes que, a su juicio, resultarían preceptivos. Entre los errores, los portavoces de los tres grupos -Ana Barceló, Rafa Mas y Manolo Copé- han enumerado circunstancias como que el texto de la ordenanza hablase de un calendario de implantación de la ZBE por fases, lo que motivó la presentación de varias de sus enmiendas. Al respecto, han señalado que, en la comisión, se les ha comunicado que no existirán fases de implantación, sino que se entraría en vigor en su integridad desde el momento en el que se produjese su aprobación definitiva. Es más, han añadido que la intención del PP era autoenmendar su propio texto para eliminar esa redacción, de forma que se evitasen posibles confusiones.
Además, antes de ausentarse de la comisión, las tres formaciones de la izquierda han insistido en poner sobre la mesa la necesidad de que el expediente de la ordenanza incluyese la memoria económica a la que se alude en el informe jurídico sobre su elaboración, en el que se indique qué previsiones de gastos o de incremento de ingresos puede conllevar la implantación de esa ZBE. Y, al tiempo, también han reclamado conocer el estudio de impacto económico y social sobre su puesta en marcha, también requerido en la normativa estatal por la que se conmina a su aprobación. No obstante, según los portavoces de los tres grupos políticos, en la comisión se les habría comunicado que la memoria económica no resultaría necesaria en la medida en que el régimen sancionador propuesto en la ordenanza de la ZBE se remite a lo previsto en otra ordenanza previa, la de Circulación de Vehículos. Respecto al informe de impacto económico y social, fuentes municipales consultadas señalan que está en fase de elaboración y que se adjuntará en el momento en el que se apruebe el proyecto de implantación de la ZBE, independiente de la tramitación de la ordenanza, aunque se trata de dos documentos relacionados.
La izquierda habla de "chapuza"
En esta línea, los representantes de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem no han escatimado en críticas respecto a la propuesta formulada por el PP que, a la postre, ha encontrado el respaldo de Vox. En primer término, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha acusado al equipo de gobierno de "ocultar informes fundamentales vinculados a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones". En concreto, portavoces del PSOE han señalado que, el pasado el viernes, se solicitó la remisión del informe económico sobre la ordenanza elaborado por el departamento correspondiente, así como el calendario de implantación por fases al que se hace referencia en la documentación. Sin embargo, las mismas fuentes han insistido en que "ninguno de estos informes se ha presentado antes de la comisión de Presidencia celebrada hoy".
"Barcala ha pretendido engañarnos para abordar una ordenanza que es un fraude. El procedimiento es una chapuza, por eso no les importa que la oposición tenga o no toda la documentación necesaria para la votación que se tenía que producir esta mañana. Han rectificado el informe técnico allí mismo, in voce, para que Vox apoye esta cuestión mientras tratan de engañar a todos los alicantinos y alicantinas", ha subrayado la portavoz.
El PP sostiene que no resulta necesaria una memoria económica específica, puesto que las sanciones previstas son las ya contempladas en la ordenanza de Circulación, y apunta que el informe de impacto se incorporará en el proyecto de la ZBE, pendiente de aprobación
Además, Barceló ha apuntado que el PSOE ha abandonado la comisión al considerar que los motivos por los que se han rechazado gran parte de sus enmiendas no se sostienen. "Estamos ante un proyecto de ordenanza que es una pantomima, un fraude con el que el alcalde reafirma el posicionamiento negacionista que comparte con Vox". Entre las enmiendas registradas por el PSOE se exigía la elaboración del informe socieconómico para evaluar el impacto de la ordenanza. "A su vez, los servicios jurídicos advierten que será necesario contar con un informe económico sobre el balance de gastos e ingresos para valorar la repercusión y efectos de la ordenanza; un documento que no está incluido en el expediente y que desconocemos si está elaborado o no", han añadido las mismas fuentes.
En segundo lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha calificado la gestión del equipo de gobierno de bochornosa o vergonzosa tras criticar la irresponsabilidad que, a su juicio, habrían manifestado "quienes gobiernan la ciudad". "PP y Vox nos han traído una ordenanza pactada, la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones con un expediente incompleto, un expediente que carece del informe económico tal y como exigen los servicios jurídicos, carece de un informe de implantación, de calendarización, de aplicación y, además, se han equivocado la redacción de artículos por los cuales han tumbado las enmiendas", ha argumentado.
