ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), y Vox se mantienen fieles a los términos concertados en su pacto presupuestario y rechazan la creación de la moción propuesta por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem con la intención de promover la constitución de una comisión específica encargada de consensuar la redacción de la ordenanza reguladora del funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Los dos partidos del centro-derecha han unido sus votos este martes, en el transcurso del pleno ordinario de enero, para tumbar esa iniciativa, toda vez que ambas formaciones ya habían acordado pactar la elaboración de esa norma con la condición de que no debería incluir restricciones ni sanciones. Eso sí, siempre que eso sea legalmente viable, según la apostilla que se introdujo en el anuncio de ese pacto, como informó este diario. Y, por lo pronto, así lo señalarían los informes de los que dispone el equipo de gobierno -uno elaborado por la Secretaría General y otro por el departamento de Medio Ambiente- en los que se concluye que, en la actualidad, no existe obligación legal para imponer esas limitaciones ante la inexistencia de plazos concretos definitivos para la incorporación de esas limitaciones, que sí quedan introducidos a partir del reglamento estatal por el que se traspuso a España la normativa comunitaria. De hecho, esa indeterminación es la que ha propiciado situaciones contradictorias en otras ciudades de la provincia obligadas a implantar una ZBE (las de más de 50.000 habitantes), como el aplazamiento por el que también se ha optado en el caso de Elche, o la inclusión de un régimen sancionador, como ha sucedido en Elda.
Por partes. En primer término, el edil socialista, Raúl Ruiz, ha defendido la iniciativa al considerar que la implantación de esa ZBE con las restricciones que solicita la Unión Europea (UE) resulta necesaria para no perder los 15 millones de ayudas comunitarias concedidas para la ejecución de las obras de transformación de algunos de los principales ejes viarios del Centro. En esta línea, ha criticado el proceso seguido para el desarrollo de esa ZBE al considerar que, en primer lugar, debería haberse instalado medidores de la contaminación para orientar sobre las obras a ejecutar, y no a la inversa, ya que los datos captados con esos sensores ya no podrán indicar qué obras resultaría necesario abordar, al estar ya concluidas. Además, ha advertido sobre los efectos multiplicadores de la contaminación que, a su juicio, podría conllevar el hecho de que se reduzcan carriles a la circulación sin que se adopten medidas para reducir, también, el número de vehículos que van a transitar por ellos, con la consiguiente generación de aglomeraciones y el incremento del consumo de carburantes fósiles.
"Nosotros no queremos que se impongan multas, lo que queremos es que se cumpla con la normativa de la Unión Europea", ha abundado. Además, ha insistido en que la ordenanza marco planteada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya contempla la posibilidad de establecer restricciones y sanciones ante su posible incumplimiento "sin que eso haya supuesto ningún drama" en las ciudades en las que ya se han acordado.
En segundo lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha cuestionado al equipo de gobierno sobre los motivos por los que "esconde" la ZBE. "Cualquier equipo de gobierno habría comparecido para dar a conocer esa ZBE que resulta positiva para el conjunto de la ciudad; y la ha escondido porque ha pactado con la ultraderecha de Vox", ha señalado. "Queremos saber en qué ha consistido ese pacto", ha añadido. De igual modo, ha incidido en que "las mentiras tienen las patas muy cortas" al insistir en que "en seis meses tendrán que acordar esa ordenanza, como dicen los técnicos municipales". "Diga a los comerciantes que esto es una oportunidad y conciencie a la ciudadanía diciéndoles que el 11% de las muertes que se producen en la actualidad es por la contaminación", ha recalcado. "Saque pecho señor Barcala; esto se ha conseguido bajo su gobierno y no sea tan irresponsable de esconder la mayor oportunidad que tiene para transformar esta ciudad a nivel urbano y económico", ha enfatizado.
Su homólogo de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha dicho "no entender el retraso en la puesta en marcha de la ZBE". "¿Para qué nos estamos gastando 4,4 millones en un contrato cuya finalidad es que se pongan en marcha estas medidas?", se ha cuestionado. En este sentido, ha insistido -como también lo había hecho Mas previamente- en los efectos del cambio climático, con la evidencia de las altas temperaturas registradas durante el mes de enero y ha considerado que el compromiso que el PP mantiene con el medio ambiente "es más estético que otra cosa, como también lo es con el tema de la igualdad". Al tiempo, como también había apuntado Mas, ha incidido en la necesidad de generar aparcamientos disuasorios, la ampliación de carriles bicis, o el fomento de la intermodalidad en los sistemas de transporte.
La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, por su parte, ha apuntado que los grupos del eje progresista se posicionaron en contra de la ZBE planteada por el equipo de gobierno durante la campaña electoral y ahora tratan de defenderla, por lo que les ha conminado a "aclararse". Además, les ha instado a "decir expresamente que están a favor de la imposición de multas" y ha asegurado que la competencia para redactar una ordenanza reside en la Junta de Gobierno. "Si quieren plantear otra cosa, trabajen y presenten una propuesta normativa alternativa", ha señalado.
Por el equipo de gobierno, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha acusado a los grupos del eje progresista de "sobreactuar" para recordar que, durante el pasado mandato, "ya defendimos que no se aplicarían restricciones". Así, ha sostenido que "estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer". "Alicante no tiene ningún problema de contaminación; pero aun así, estamos instalando una red de cámaras y sensores para poder tomar decisiones si así fuera necesario", ha señalado. De igual modo, ha exigido mayor rigor a PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem al insistir en que ahora ha quedado demostrado que "teníamos razón y que no es obligatorio que se impongan sanciones".
En todo caso, también ha sostenido que en la actualidad ya existe una zona con tráfico restringido, en alusión al Casco Antiguo, que seguirá contando con esa consideración. Por último, también les ha conminado a decir "abiertamente que lo que quieren es que se impongan multas". "Cuando vayan a los barrios al norte de la Gran Vía, digan a sus vecinos que no van a poder acceder al Centro si no disponen de determinados vehículos que seguramente no tienen; o digan a los residentes del Centro que no van a poder acceder al barrio con normalidad", ha apuntado. "Aquí de lo que se trata no es de sancionar ni restringir; aquí de lo que se trata es de tomar medidas eficientes" para reducir el tráfico, "a diferencia de lo que sucedieron ustedes, con la colocación de tres maceteros" en la avenida de la Constitución, ha ejemplificado, para enumerar otras actuaciones como la reurbanización y calmado de tráfico de determinadas avenidas como el Paseo de los Mártires o el eje Gadea-Marvá.
En la réplica, Copé ha lamentado que Villar haya acusado de mentir al conjunto de la izquierda cuando él mismo habría sostenido argumentos falsos en su intervención. Mas ha insistido en atribuir al PP un discurso de "negacionismo climático" tras su pacto con Vox y les ha conminado a tomar medidas reales en el margen de menos de seis meses que resta para la puesta en marcha de la ZBE. Robledillo ha reprochado a la izquierda que mantenga siempre los mismos argumentos, por lo que ha considerado innecesario escuchar a sus representantes. Y Ruiz ha insistido en la, a su juicio, falta de rigor de la que adolecería la planificación de la ZBE por el retraso en la implantación de la red de medidores, a desarrollar con posterioridad a la ejecución de las obras de reurbanización.
Villar ha zanjado el debate para defender que "aquí lo que se está haciendo es lo que marca la ley". "Lo que les molesta es lo que estamos haciendo; y sobre las mediciones, disponemos de medidores oficiales, que son los que nos basamos", ha insistido, en alusión a las críticas de Ruiz. De este modo, en el turno de votaciones, la propuesta ha quedado desestimada con los 18 votos de PP y Vox, frente a los 11 votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.
Rechazo a otra comisión sobre el PGOU
También ha quedado desestimada la moción registrada por Compromís por la que se planteaba la necesidad de crear una comisión de seguimiento sobre la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, según ha defendido la edil Sara Llobell, quien ha considerado necesario que se disponga de un foro en el que poder compartir información sobre la planificación urbanística de la ciudad, al margen de la comisión informativa de Urbanismo, en el que poder consensuar y canalizar la participación del conjunto de los grupos políticos municipales. Sobre todo, ante la existencia de retos como el desarrollo del Parque Central en los terrenos liberados de las vías del ferrocarril o la propuesta planteada por la empresa XC Business 90 para la instalación de una planta de almacenaje de carburantes en el Puerto de Alicante.
