VALÈNCIA. La recuperación de viviendas ocupadas ilegalmente se ha convertido en uno de los principales retos de la Generalitat en la gestión de su parque público. Un problema que afecta a cerca del 13% de los inmuebles que gestiona la Administración valenciana, es decir, unas 1.800 de las 14.093 unidades que integran el patrimonio público se encuentran ocupadas de forma irregular. Y todo ello, en un contexto en el que el stock de pisos sociales lleva años en descenso. Por ello, con el objetivo de prevenir y combatir estas situaciones, el Consell licitó el pasado mes de julio un nuevo servicio de intervención para la recuperación de estos inmuebles.
Este contrato se licitó por parte de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), dependiente de la Conselleria de Vivienda, por un valor de 796.831 euros, y solo ha presentado oferta la compañía La Factoría, fundada en 2011 y especializada en servicios en el ámbito social, especialmente en temas de vivienda pública y políticas públicas orientadas al bienestar de las personas, según consta en la Plataforma de Contrataciones del Estado.
El objetivo de la EVha con este nuevo servicio es responder al elevado número de expedientes abiertos y a la reducción de personal disponible para atender estas situaciones. De hecho, según reconoce la propia entidad en la memoria justificativa del contrato, "tiene actualmente en tramitación más de 500 expedientes administrativos de recuperación de la posesión, entre ellos más de 300 relacionados con ocupaciones sin título". Un problema que altera el funcionamiento del sistema de adjudicación de vivienda pública y puede provocar conflictos de convivencia en las comunidades afectadas, según sostiene la empresa pública.
El nuevo contrato tendrá una duración inicial de tres años, con la posibilidad de dos prórrogas anuales, hasta alcanzar un máximo de cinco años. El servicio se prestará en municipios de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante.
Atención las 24 horas y respuesta en un máximo de una hora
La empresa que resulte adjudicataria deberá mantener operativo un servicio de urgencias durante las 24 horas del día, los 365 días del año, incluidos fines de semana y festivos. Entre sus funciones estará atender avisos de ocupación o intrusión, activar el protocolo de actuación de la entidad y coordinarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como con las empresas encargadas de alarmas y puertas antiocupación.
El pliego establece un tiempo máximo de respuesta de una hora desde la recepción del aviso y prevé la presencia física inmediata cuando se detecte una ocupación. El servicio también deberá documentar cada intervención, denunciar las ocupaciones o daños cuando proceda y comunicar a la EVha las actuaciones realizadas. Además, asumirá tareas de representación y acompañamiento institucional en los procedimientos de recuperación posesoria, incluyendo la coordinación de desalojos, notificaciones y actuaciones derivadas de autos de entrada.
Se trata de un contrato con unas exigencias muy concretas, al que únicamente ha optado La Factoría que conoce bien este sector. Y es que esta compañía cuenta con más de 250 profesionales y presencia en todo el territorio nacional y es "la única empresa privada en España que gestiona más de 70.000 viviendas sociales", según detalla en su web, trabajando en estrecha colaboración con comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas
Este nuevo servicio "complementa" la estrategia integral que la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad viene desarrollando contra la ocupación ilegal. Así, a principios de 2026, adjudicaba el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público, con una inversión de 4.743.200 euros, por un periodo de cuatro años.
Además, desde julio de 2023 ha habido un total de 1.231 actuaciones para impedir el asalto de viviendas, incluyendo descerrajados, tabicados, cambios de puerta e instalación de 608 puertas antivandálicas, entre otras medidas.
