ALICANTE. El promotor Enrique Ortiz selló este miércoles en la Audiencia Provincial el acuerdo de conformidad por el que reconoce su culpabilidad en la causa sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante (PGOU): una de las veinte piezas en las que se separó el llamado 'caso Brugal', en una investigación abierta inicialmente por las supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida de residuos del municipio de Orihuela.

En realidad, ese acuerdo cerrado con la Fiscalía Anticorrupción y con las acusaciones que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y la agrupación local de Esquerra Unida (EU), ya quedó firmado y registrado el 9 de abril, de modo que su reiteración ante la Sección Tercera de la Audiencia -que asume la celebración del juicio- consistió en un trámite formal más. 

Eso sí, sus implicaciones sí tienen mayor alcance: con esa rúbrica, el empresario certifica su confesión sin dar un paso atrás, lo que traslada toda la presión sobre el resto de los procesados. Entre ellos, los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Por lo pronto, los dos mantienen su inocencia como línea de defensa. Según las fuentes consultadas, hasta el momento ninguno de ellos ha abierto formalmente negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción que pudiesen derivar en un pacto similar al suscrito por Ortiz (y también por el constructor ilicitano Ramón Salvador). Es más, se antoja más que complicado que ese acuerdo pueda llegar a producirse si el planteamiento que pueda formularse es el de asumir íntegramente el relato recogido en el escrito de acusación de la Fiscalía. 

En todo caso, fuentes consultadas indicaron que no se descarta la posibilidad de escuchar propuestas, en el caso de que la Fiscalía esté interesada en alcanzar una conformidad, pero insistieron en que no podría admitirse hechos que defienden que no se produjeron y que no podría asumirse en ningún caso penas que conllevasen privación de libertad ni el pago de las responsabilidades civiles que se les exige.