ALICANTE. El empresario alicantino Enrique Ortiz da marcha atrás en el proceso sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante destapado en las investigaciones del caso Brugal. La anulación de las escuchas acordada por la Sección Séptima de la Audiencia en la sentencia absolutoria sobre la rama de las basuras de Orihuela ha llevado a cambiar la estrategia de su defensa hasta el punto de tratar de retractarse del acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción el pasado 9 de abril. En virtud de ese pacto, Ortiz confesaba que había facilitado diversas dádivas a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (entregas de dinero en metálico, un vehículo modelo Mini Cooper y viajes a Ibiza, Andorra y Creta) a cambio de un trato preferente en la futura planificación urbanística de la ciudad, cuando se encontraba en proceso de redacción, entre los años 2007 y 2009.

Fuentes consultadas por Alicante Plaza han precisado que el conocido promotor no ratificará ese acuerdo en el inicio de la vista, previsto para el próximo martes. De hecho, su defensa preveía registrar entre el jueves y el viernes (el miércoles es festivo) un escrito notificando esa decisión al tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia que enjuiciará los hechos, para que se tenga en cuenta su nueva posición en cuanto se dé inicio a la primera sesión del proceso y se conceda el uso de la palabra a las partes para que planteen las llamadas cuestiones previas: objeciones o aclaraciones iniciales sobre el desarrollo del juicio.

En ese trámite, como ya había anticipado Alicante Plaza, varias de las defensas solicitarán la nulidad de las escuchas con los mismos argumentos que se exponen en la sentencia: que los pinchazos telefónicos practicados por los investigadores policiales no se autorizaron de manera correcta, lo que provocó una situación de indefensión de los acusados. Entre ellos, al margen del promotor, se encuentran los exalcaldes del PP.

El tribunal deberá adoptar su propia decisión respecto a esa petición de nulidad, al margen de la resolución adoptada en el caso del proceso sobre la adjudicación de las basuras de Orihuela. De hecho, la Sección Segunda de la Audiencia adoptó una decisión distinta y validó la mayoría de los pinchazos en el juicio por estafa en el que se condenó a los administradores de la empresa Autisa, los hermanos Gregory, en otra de las causas derivadas de Brugal.