La Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana ha emitido una resolución favorable al informe de impacto ambiental de las plantas solares FV Serrata Solar y FV Pedrera Solar, promovidas por las empresas Serrata Solar SPV SL y Pedrera Solar SPV SL en los términos municipales de Algorfa y Rojales. Tras evaluar de forma conjunta ambos proyectos, dado que comparten ubicación y línea de evacuación, la administración ha determinado que no se requerirá una evaluación ambiental ordinaria, siempre que se cumplan estrictamente las condiciones técnicas y ambientales impuestas.

Ambas instalaciones, con una potencia de 10 MW cada una y una ocupación conjunta de 25,46 hectáreas, se situarán en terrenos agrícolas en desuso, junto al Paraje Natural de Lomas Juliana-Hoyo del Serrano-Barranco Calderón. La línea de evacuación, de 3,9 kilómetros y soterrada, conectará con la subestación de Rojales tras atravesar zonas urbanas y agrícolas, la AP-7 y la vía pecuaria Colada de Torrevieja.

Durante el proceso de información pública se presentaron alegaciones por parte de colectivos ecologistas, que advertían del posible aislamiento ecológico del espacio natural del Hoyo Serrano. No obstante, los informes sectoriales recabados avalan la compatibilidad de los proyectos con la normativa territorial y ambiental, siempre que se ejecuten las medidas correctoras previstas.

Entre las condiciones exigidas, destacan la instalación de elementos de integración paisajística, la preservación de zonas de vegetación, la creación de corredores ecológicos, la instalación de cajas nido y oteadores para fauna, el control de erosión del suelo y un plan de vigilancia ambiental durante toda la vida útil de las plantas. También se prohíbe el uso de herbicidas y se recomienda el mantenimiento con ganadería extensiva.

La resolución subraya que los proyectos no afectarán a espacios protegidos ni a bienes culturales catalogados, y que se adoptarán protocolos específicos ante posibles hallazgos arqueológicos. Además, se establece un plazo de cuatro años para iniciar las obras, transcurrido el cual el informe de impacto ambiental perderá su validez si no se ha obtenido la autorización definitiva del proyecto.

Esta decisión se enmarca en la estrategia autonómica y estatal de fomento de las energías renovables como instrumento clave para la descarbonización del sistema energético y la lucha contra el cambio climático. Con estas plantas, la Generalitat da un paso más hacia el objetivo de alcanzar los 2.500 MW de potencia fotovoltaica instalada en 2030.