ORIHUELA. La Guardia Civil ha investigado a veinte personas por su implicación en un complejo residencial ilegal ubicado en suelo no urbanizable e inundable de un municipio de la Vega Baja del Segura. El recinto, que funcionaba como un auténtico núcleo habitado, albergaba unas 60 casas móviles y contaba con calles asfaltadas, piscina, restaurante y otros servicios propios de un camping, todo ello sin licencia urbanística ni autorización administrativa.

La operación, denominada Castramar, fue desarrollada por el Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de Alicante tras una denuncia anónima que alertó sobre un vertido de aguas residuales sin depurar que desembocaba en una acequia utilizada para evacuar aguas de riego. Un informe pericial confirmó que el vertido contenía sustancias contaminantes capaces de alterar el equilibrio del entorno natural y poner en riesgo los cultivos de la zona.

Durante la inspección, los agentes comprobaron que el recinto estaba dividido en tres calles asfaltadas y contaba con infraestructuras propias de un camping: oficina de recepción, bar-restaurante, duchas, aseos, piscinas e instalaciones deportivas, además de las viviendas tipo mobil home, muchas de ellas ampliadas con porches, terrazas o cocheras. En la práctica, funcionaba como una urbanización en la que residían de forma permanente unas 60 personas empadronadas en la misma dirección.

Según la investigación, el gerente del establecimiento habría empleado distintas estrategias para prolongar la actividad, como crear nuevas empresas o adquirir terrenos colindantes con el fin de ampliar el complejo y aumentar su rentabilidad. Las viviendas se ofertaban incluso a través de una web gestionada por una empresa inglesa, lo que facilitaba la captación de nuevos clientes extranjeros.

Los veinte investigados —propietarios del suelo, gestores, arrendadores y dueños de las casas móviles— tienen edades comprendidas entre 35 y 88 años. A todos ellos se les imputan delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y a dos se les añade otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por su implicación directa en el vertido contaminante.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Alicante, y el caso está judicializado en el Juzgado de Instrucción de Torrevieja, donde continúan las investigaciones.

De forma paralela, la autoridad municipal competente ha decretado el cierre del complejo, actualmente pendiente de ejecución, y se ha informado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, responsable de garantizar la legalidad urbanística y restaurar el suelo afectado.