TORREVIEJA. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Torrevieja ha presentado una moción al Pleno para instar al Gobierno de España a modificar la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con el fin de eliminar la obligación impuesta a los ayuntamientos de repercutir directamente el 100% de los costes de gestión de residuos sobre los vecinos.

La portavoz del grupo, Rosario Martínez Chazarra, ha defendido que esta medida supone “una pérdida de autonomía local” y “una carga injusta para los ciudadanos”, ya que impide a los municipios decidir cómo financiar el servicio. La propuesta plantea un sistema más flexible que permita a los ayuntamientos cubrir el coste de la recogida y tratamiento de residuos con cargo a sus presupuestos o mediante modelos mixtos, además de introducir incentivos al reciclaje y bonificaciones sociales para los colectivos con menos recursos.

La moción del PP también pide la creación de mecanismos de financiación estatal o autonómica que permitan cumplir con los objetivos europeos de reciclaje sin incrementar las tasas municipales, así como la puesta en marcha de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular, cofinanciado con fondos europeos. Una vez aprobada, el acuerdo se trasladará al Gobierno de España, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Los populares califican esta medida del Ejecutivo central como el “tasazo de Pedro Sánchez” y subrayan que “no se trata de una exigencia europea”, sino de una decisión política estatal. Según explican, la Directiva (UE) 2018/851 no impone que el servicio deba financiarse íntegramente mediante tasas, sino que permite emplear otros mecanismos alternativos. “Por tanto, la decisión de trasladar el coste total a los ciudadanos es exclusivamente nacional”, señala el grupo.

En el caso concreto de Torrevieja, el PP considera que la medida es especialmente injusta, ya que el Ayuntamiento “ha demostrado que es posible mantener un servicio de limpieza y tratamiento de residuos eficiente y moderno sin subir la presión fiscal”. En los ejercicios 2024 y 2025, el consistorio ha absorbido más de 20 millones de euros anuales de incremento del coste del contrato, manteniendo congeladas las tasas municipales y el IBI en su tipo mínimo legal, según recuerdan los populares.