Desde el Instituto Ciudad Idea Elche consideramos que se presenta casi como necesaria, todo y que debiere resultar evidente, una cierta denuncia de abandono económico ante los casos de las propiedades privadas que resultan ser catalogadas como edificios protegidos en las ciudades. Antes de continuar, vaya por delante que apoyamos rotundamente el señalar y proponer como elementos a conservar aquellos que tengan un valor trascendente de cualquier tipo para la localidad en que se encuentren, bien histórico, bien artístico, bien por cualquier otro orden cultural o identitario. Pero dicha voluntad de abundar en un bien común que es beneficiosa, cuanto menos de inicio y sin duda alguna, conlleva una responsabilidad de conservación per se que debería valorarse previamente y calcular el respaldo de las arcas, por ejemplo municipales, a la misma, pues tales bienes pasan a ser considerados públicos en cuanto al usufructo de la sociedad en su conjunto, podríamos decir, aunque actualmente la carga de mantenimiento de los mismos recaiga únicamente en sus propietarios.

Las subvenciones más importantes que existen en estos tiempos y que habitualmente proceden de Europa, persiguen otros objetivos que, no dejando de ser idóneos, no son los estrictamente patrimoniales. Y el total de administraciones, a pesar de coincidir constantemente en la política de salvación patrimonial rociada por una sensibilidad ya muy extendida, afortunadamente, tampoco tiene estos casos en cuenta.

Es una situación que presenta una considerable paradoja y que abre, para Icie, un debate importante e interesante. Si por un lado, la propiedad seleccionada deja de poder ser tratada con absoluta libertad por sus dueños dado que se le ha revestido con un manto protector que la reconvierte en propiedad de todos, si se piensa bien, ¿no sería justo que se compartiesen los gastos que surgieren en el tiempo para su conservación entre todos, es decir, con fondos públicos? A día de hoy, no existen ayudas directas para las obras de rehabilitación de elementos protegidos que no sean ya de propiedad pública de base.

No nos parece razonable exigir que se donen parcelas de dominio privado para disfrute del conjunto sin que exista contraprestación, ya que en cierto modo anida en este tipo de designación una expropiación encubierta. Y ese el tema que ponemos encima de la mesa porque, quizás, se debiera actuar en pasiva en estas cuestiones, es decir, asignar los recursos posibles para algo tan relevante y estudiar hasta dónde permitirían los mismos alcanzar un catálogo sostenible. Económicamente sostenible, que también es prioritario. ¿O no?

En el caso de Elche, cabe recordar una exposición de la que fue su arquitecta municipal, Dña. Pilar Amorós, durante una conferencia sobre el Centro Histórico de la ciudad. Venía a decir que nuestro pueblo había sido tan ágil y tan rápido en su reacción comunitaria ante el desarrollo industrial que ese espíritu había trascendido a lo constructivo y que todo el parque edilicio de Elche preexistente a loa años sesenta había sido sustituido en ese ímpetu productivo procedente del mundo empresarial y que, salvando los hitos intocables, léase la basílica, los palacios árabe y cristiano y el ayuntamiento, casi se podía afirmar que el casco antiguo que quedaba era… ¡los huertos de palmeras! Al margen de la hilaridad de la sala ante el ingenioso e inteligente comentario, todos los asistentes fuimos conscientes de la necesidad, por un lado, de salvarlos, y por otro de que lo poco que tuviéramos en pie y que mereciera la pena conservar se convertiría en un sustrato esencial que dotaría de recorrido comprensivo lineal a nuestra ciudad milenaria, tanto a los visitantes como a los propios habitantes.

Mas he ahí que nos encontramos con un sentimiento magnífico que se ha ido traduciendo en normativas de toda índole y con un trasfondo conceptual inmejorable, pero desdeñando la absolutamente imprescindible coordinación presupuestaria. A las pruebas nos remitimos y, tristemente, nuestro Palmeral adolece aún de vías de financiación suficientes… ¡aun siendo ya público! Pero ese es otro debate (¡y muy necesario!) que se acometerá en otro momento por nuestra Asociación.

El origen de estas letras ha sido el conocimiento de un caso concreto ilicitano en que los propietarios de un edifico catalogado pretenden restaurarlo y consultan a sus técnicos los caminos para solicitar las que ellos consideraban como ayudas evidentemente previstas por parte de los gobiernos varios que en esta ciudad cohabitan. Para sorpresa e incrédulo asombro de los mentados, la respuesta fue la aquí expuesta: no hay dinero a día de hoy para esas demandas. Desde ICIE nos solidarizamos con todos los similares sucesos que se vayan dando y consideramos que si se decide exigir conservación en pro de mantener viva la historia de nuestro sitio, rememos todos juntos y hágase cargo quien proceda de tenerlo en cuenta. Nos jugamos el patrimonio.

Porque también la sociedad ha entendido que parte del corpus privado conforma la identidad de la ciudad y hemos decidido que debe acompañar a las futuras generaciones. Ahora bien, obligando a que sus propietarios soporten las cargas que se derivan. ¿Qué pensaría usted, lector, si se encontrara en esa situación? Al menos, creemos que de partida se pierde el equilibrio si no hay contrapeso; y si tampoco resulta que hay red... pues la buena intención se caerá. ¿Nos jugamos el patrimonio? Icie dice no y propone establecer medios garantizados en todos los casos previamente para no concebir irrealidades, e incluimos la necesidad de evaluar los medios autogeneradores, que serían los que más justicia harían a la memoria de nuestra Ciudad y su Pueblo.

* El Instituto ICIE está formado por profesionales de muy diferentes ramas y profesiones. Cada uno de nuestros grupos de trabajo analiza los diferentes problemas de nuestro municipio y realiza propuestas para intentar solucionarlos. Por eso, estos artículos que mensualmente publicamos, gracias a Alicante Plaza, son fruto del trabajo de varias personas y no de una sola, aunque, por requisitos del guión, sólo aparezca el nombre de nuestro presidente, Manuel Romero.