'¡Se acabó!' fue el lema que Carlos Baño eligió para alcanzar la presidencia de la Cámara de Comercio de Alicante y consolidar así su posición en el entramado empresarial alicantino. Pocas consignas resultan tan eficaces: son lo suficientemente rotundas como para movilizar y lo suficientemente vagas como para adaptarse a cualquier contexto.

Baño lo sabía cuando volvió a pronunciar esas mismas palabras poco después, en su esperado estreno en la Noche de la Economía Alicantina de 2022 -víspera del ciclo electoral-, para arremeter con más énfasis que acierto contra el entonces Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo Puig. Sin embargo, como tantas otras veces, su contundencia escondía su verdadera intención: que el ruido enmudezca a la verdad. Y la verdad, con datos en la mano, es que Puig invirtió más en Alicante que ningún otro President, con diferencia.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que el Presidente de la Cámara de Comercio de Alicante (y de Facpyme) hiperventilaba para desplazar el foco. Ni sería la última. De hecho, el pasado año nos volvió a sorprender a todos recuperando su "¡se acabó!" para cerrar filas en torno a Carlos Mazón -sin que nadie se lo pidiera- tras su gestión negligente, como poco, de la Dana de Valencia. Un discurso que avergonzó a todo el auditorio del ADDA con alguna previsible excepción.

No tuvo en cuenta que las palabras, cuando se lanzan al espacio público, tienen la curiosa manía de emanciparse de quienes pretenden patrimonializarlas. Y hoy, tras el bochornoso escándalo de corrupción de los Bonos Consumo, ese "¡se acabó!" ya no pertenece a quien lo enunció. Ahora ese es el murmullo de una provincia que entiende que sus problemas nunca fueron coyunturales ni externos, sino que son estructurales y están aquí mismo. El mismo sistema de siempre, beneficiando a los de siempre.

Un sistema en el que el acceso a la vivienda pública o la gestión de millones de euros en ayudas al comercio dejan de responder a criterios de equidad, transparencia o eficiencia, para convertirse en las oportunidades de negocio de quienes orbitan el poder en el PP. Y aquí, el caso de los Bonos Consumo es particularmente ilustrativo.

Porque lo que nació como una herramienta de apoyo al pequeño comercio alicantino derivó en un sistema opaco, improvisado y sin concurrencia real, en el que todos sus instrumentos fueron creados adhoc y en cuestión de pocos días: Mazón sacó el talonario a propuesta de Baño -ya sabemos lo intensas que son sus sobremesas- y semanas después su gran amigo se encargó de crear la sociedad privada que iba a gestionar el dinero público.

Una agilidad pasmosa, casi felina, que contrasta con el inmovilismo de la decisión que más delata la complicidad de la Diputación de Alicante en todo este escándalo: no "entretenerse" licitando una plataforma única para los Bonos Consumo de todos los municipios que sin duda habría garantizado concurrencia competitiva, transparencia y control -además de un coste mucho más razonable-. Pero Mazón tomó la decisión de no hacerlo, sabiendo que la empresa de Baño que gestionaría más tarde esos fondos ni siquiera existía en aquel momento para concurrir.

El efecto fue previsible. Muchos ayuntamientos se vieron obligados a operar cautivos de ese circuito para acceder a las ayudas a su comercio local, ya que la fórmula de la Diputación orientaba claramente la contratación encubierta de la empresa de Baño. Esa es la verdad, que mientras el PP de esta provincia trataba de convencer a los municipios de que no había dinero para más planes de ayudas, o pedían paciencia a nuestros bomberos para cobrar sus nóminas, había a quienes se les permitía pescar el dinero público con red de arrastre.

Y es que cuando no son contratos públicos, son viviendas públicas, pero hay un patrón que se repite continuamente en la gestión de los recursos públicos del PP: que siempre acaban en su entorno. Y mientras consolidan estas dinámicas de privilegio, amplían la brecha con quienes quedan fuera de esa esfera de influencia. Esa es la verdadera dimensión del problema. Ese es el drama.

Por eso lo que hoy está en juego no es solo la limpieza de los procedimientos. Es la permanencia de un modelo instrumentalizado de gestión que solo permite crecer a quienes más tienen, que renuncia a oportunidades estratégicas para todos y todas -veamos en qué han dejado el Distrito Digital-, que enfrenta a instituciones y a agentes sociales en lugar de alinearlos, y que expulsa su talento joven por la alarmante falta de horizonte político de quienes dirigen esta provincia.

Alicante no necesita únicamente un cambio de rumbo, necesita, sobre todo, un rumbo claro que hoy no existe. No hay una estrategia económica firme, ni tampoco existe una política sólida para reducir desigualdades ni para garantizar derechos básicos. Lo que hay es una inercia preocupante en la que las instituciones se alejan de la ciudadanía para convertirse en herramientas de poder, ajenas al interés general, donde unos pocos hacen negocio.

Y eso, inevitablemente, tiene consecuencias en la confianza de la ciudadanía y en la credibilidad de las instituciones. Porque cuando los ciudadanos perciben que las reglas no son iguales para todos, lo que se erosiona es la legitimidad del conjunto. Y por eso, hoy más que nunca hay que decir que ya basta de corruptelas. Basta de instrumentalizar la política para el beneficio de los de siempre.

¡Se acabó! Ha llegado el momento de resignificar aquella consigna. No como una herramienta retórica, sino como la advertencia compartida del agotamiento de esta manera de entender lo público y el anhelo de todos y todas por devolver las instituciones a quienes nunca debieron dejar de servir.

Raúl Ruiz Corchero - Diputado Provincial PSPV-PSOE