En la Vega Baja del Segura retomamos estos días lo de dónde ubicar esa planta de tratamiento y valorización de residuos que llevamos décadas necesitando pero que nadie quiere cerca, porque el camino para cerrar de una vez el famoso Plan Zonal de esta comarca pasa por una decisión que nadie tiene voluntad de tomar: dónde situar unas instalaciones industriales de las que la Vega Baja aún carece y que ya existen en el resto de la Comunitat Valenciana, hasta en trece ubicaciones, casi todas las previstas -tres en Castellón, cinco en Valencia y otras cinco en Alicante- a la espera de la última en cuestión. Una decisión más tóxica todavía con el paso del tiempo, los escándalos y las corruptelas que, supuestamente aún, han enturbiado el proceso, y las numerosas resoluciones judiciales, de todo tipo, que han jalonando el camino. Una decisión que aún dará, seguro, mucho que hablar.

Cuando hace escasas fechas nos desayunábamos con la noticia de la última condena judicial de políticos y empresarios en el caso Brugal, en la pieza relativa al tema de las basuras en Orihuela, no era fácil olvidar que esa otra pieza, la de la cuestión del Plan Zonal de la Vega Baja, fue igualmente objeto de un procedimiento penal que la Audiencia Provincial de Alicante falló en octubre de 2024 absolviendo a todos los acusados. En ambas piezas, la de las basuras de Orihuela y la del Plan Zonal comarcal, ha habido sentencias absolutorias en primera instancia. Y las dos han sido recurridas por el Ministerio Fiscal. En el caso de las basuras de Orihuela ya tenemos resolución que, contrariamente a la primera, condena a algunos de los acusados. En el caso del Plan Zonal se está aún a la espera de la decisión del Tribunal Supremo, que podría confirmar la absolución o, como en el caso de las basuras, dar pie a alguna condena. El tiempo y la justicia lo dirán.

Sin desear condena de nadie que no lo merezca, resulta en cualquier caso curioso echar la vista atrás y recordar lo del Plan Zonal de la Vega Baja que, por hache o por be, no solo no termina de aclararse, sino que parece que en cada ocasión se enreda un poco más. Como con las basuras de Orihuela, lo del Plan Zonal igualmente comenzó con la licitación y adjudicación de un contrato que a alguien decidió que no debía seguir adelante: en el caso de Orihuela, por decisión de su Pleno municipal; en el caso del Plan Zonal, por acuerdo del Consorcio Vega Baja, el órgano público comarcal encargado de su gestión. Y ambas decisiones fueron tumbadas por el orden contencioso-administrativo cuando ya se había levantado la gran polvareda penal sobre las relaciones, los supuestos tratos de favor y los posibles dineros a favor de personas y de un determinado partido político que movió el aleteo de aves, más allá de las gaviotas, que casi siempre llevaban los mismos apellidos.

Pero en Orihuela, concretamente, será interesante ver qué movimientos se dan cuando su alcalde, Pepe Vegara, se ha movilizado ya para evitar que la planta de tratamiento de residuos se instale en la pedanía de Torremendo, enclave propuesto por la UTE adjudicataria del proyecto, y en la que participa precisamente Enrique Ortiz, absuelto inicialmente en este tema del Brugal, aunque condenado en el caso Gürtel tras confesar haber financiado electoralmente al PP de manera ilegal. Curioso porque, por ejemplo, en el entramado administrativo del propio Ayuntamiento de Orihuela se integra hoy como coordinador de Urbanismo e Infraestructuras quien fuera antes diputado provincial y coordinador comarcal en la Vega Baja del PP, Adrián Ballester, de quien no se recuerda entonces oposición alguna a una planta de tratamiento en Torremendo, sino más bien lo contrario al defender la legalidad de la adjudicación en su momento a la UTE de Prezero-Cívica. Ballester, que calificó de “maniobras dilatorias” los retrasos del Consorcio en manos del PSOE hace unos años para tomar una decisión, pero que ahora asumirá sin rechistar la voz de quien le paga el sueldo.

A lo que sí podemos apostar es a que no veremos ninguna decisión antes de las elecciones locales de mayo de 2027. Fundamentalmente porque cualquier decisión es mala para el PP. Porque son quienes mandan ahora en casi todos los ayuntamientos de la Vega Baja, controlan el Consorcio comarcal y presiden la Diputación y la Generalitat. Pero pese a ello, no todos, dentro del PP, opinan igual. O no pueden opinar igual, porque todos se juegan ante su electorado el voto de la basura, que aquí pesa, y pesa mucho. Un voto que, digan lo que digan, siempre ha sido popular. Y porque, quieran o no, aún está por ver cómo acaba, si es que algún día termina, el gran lío de posibles corruptelas y hasta dónde y a quién alcanzan.