El desarrollo de la zona de La Canal, rebautizada ahora como Alcoy Sur, constituye hoy por hoy la única opción real para que Alcoy pueda seguir siendo una ciudad industrial. Se trata de un ámbito de gran extensión situado entre Alcoy e Ibi, sobre el principal acuífero que abastece al municipio, circunstancia que ha generado una fuerte controversia. Ese conflicto entre desarrollo económico y protección ambiental ha marcado durante más de tres décadas la agenda local, con intentos fallidos, cambios de emplazamiento y alternativas inviables. Todo ello mientras los indicadores económicos lanzan señales preocupantes: desde 2012, Alcoy ha perdido el 27% de sus industrias. 116 en números absolutos.

La afirmación de que La Canal es la única posibilidad no responde a una posición ideológica, sino al análisis de las alternativas existentes. El resto de opciones planteadas resultan inviables porque ofrecen una superficie insuficiente para atender la demanda de grandes parcelas que requieren las empresas del siglo XXI y porque, lejos de evitar conflictos ambientales, presentan problemas por su impacto.

Un ejemplo claro es Els Pagos. Los problemas de estabilidad de la ladera sobre la que se asienta obligaron a reducir en un 20 % la superficie inicialmente prevista, dejándola en apenas 130.000 metros cuadrados. A ello se suma un informe de la Generalitat que cuestiona su desarrollo por el alto valor paisajístico del entorno. No se trata de una objeción menor.

De hecho, la zona fue en su día tanteada por importantes empresas nacionales de transporte. La imposibilidad de ofrecer parcelas de gran tamaño frustró su implantación, y esas compañías operan hoy en polígonos de otras localidades de las provincias de Valencia y Alicante. Resulta significativo que los propios propietarios del suelo hayan planteado como alternativa la instalación de una planta fotovoltaica, un indicio claro de la escasa confianza en su viabilidad como espacio industrial.

La otra opción recogida en el nuevo Plan General -todavía pendiente de aprobación- es la ampliación del polígono de Santiago Payà. Se trata del mismo polígono que lleva casi catorce años con un acceso precario tras los deslizamientos de terreno que destruyeron el vial de entrada. Ese mismo problema ha afectado a varias empresas de la zona, algunas de las cuales han tenido que ser evacuadas en episodios de lluvias intensas por arrastres de tierra.

La naturaleza arcillosa del terreno convierte ese ámbito en un auténtico quebradero de cabeza. Más que pensar en su ampliación, invita a plantear planes de contingencia o incluso de reubicación de las industrias allí instaladas. Por si fuera poco, la posible superficie disponible para ampliar ronda los 400.000 metros cuadrados, claramente insuficiente para ofrecer parcelas de gran tamaño y planificar un desarrollo industrial a medio y largo plazo.

Descartadas las alternativas por inviables, el debate se centra inevitablemente en el impacto ambiental de La Canal. Tanto la zona como el acuífero han sido objeto de numerosos estudios científicos y técnicos. El más reciente es el del perímetro de protección, fechado en 2020, que redefine el documento original de 2005 tras detectar el Instituto Geológico y Minero de España importantes carencias. Este estudio establece cinco zonas de protección en función de la vulnerabilidad frente a una posible contaminación.

Los terrenos en los que se plantea el desarrollo industrial, con el respaldo de los agentes económicos y de la Generalitat -y, según el momento, también del Ayuntamiento-, se encuadran en una zona de vulnerabilidad baja o muy baja. Se trata del área situada a lo largo de los márgenes de la autovía central, en la parte más próxima al término municipal de Ibi y, por tanto, más alejada de la cabecera del acuífero. Los informes técnicos indican que entre la superficie y el acuífero existe una potente capa de margas, con un grosor medio de unos 300 metros.

Los empresarios hablan con cautela de un proyecto inicial de un millón de metros cuadrados. Sin embargo, esa ubicación permitiría planificar el futuro industrial de Alcoy durante décadas, aprovechando más de siete millones de metros cuadrados catalogados como de riesgo bajo. En términos estratégicos, La Canal ofrece la posibilidad de diseñar un eje de desarrollo a muy largo plazo, una auténtica avenida de la industria que conecte las áreas fabriles de Alcoy con las de la Foia de Castalla, consolidando así un gran corredor industrial en las comarcas centrales.

Los técnicos, no obstante, establecen restricciones claras sobre la tipología de actividades permitidas y exigen sistemas de seguridad muy estrictos para evitar que cualquier vertido pueda alcanzar la cabecera del manantial de El Molinar. Hablan de impermeabilización, tratamiento y control exhaustivo de vertidos. Medidas costosas, sin duda, pero coherentes con una ciudad que aspira a ser inteligente, innovadora y ambientalmente responsable.

Cuando se trata del agua que abastece a la población, cualquier exceso de celo está justificado. En este sentido, conviene recordar que el nuevo perímetro de protección incorpora una figura inexistente en el documento original: la zona de protección hidrológica, caracterizada por un riesgo de contaminación muy alto, especialmente en caso de arrastres.

Resulta llamativo que en esta zona de máxima vulnerabilidad se ubiquen urbanizaciones como El Estepar, La Sarga o diversas masías diseminadas que carecen de red de saneamiento y gestionan sus aguas residuales mediante fosas sépticas. Cuesta entender que se pretenda frenar el desarrollo industrial por un riesgo potencial localizado a considerable distancia mientras se tolera una situación claramente deficiente en el punto de mayor riesgo para el acuífero.

El debate, por tanto, no es únicamente si debe desarrollarse un área empresarial en La Canal. La cuestión es mucho más profunda. Alcoy se enfrenta a una decisión estratégica: determinar si quiere seguir siendo una ciudad industrial a medio plazo o si, por el contrario, asume la pérdida progresiva de ese tejido productivo y se resigna a modelos que aceleran el éxodo de población y talento.

Quienes se oponen al proyecto deben asumir que no existe una alternativa real capaz de impulsar el sector que genera empleo más cualificado y que ha dado identidad y prestigio a la ciudad a lo largo de su historia. Y deben entender también que la industria actual, intensiva en tecnología y conocimiento, poco tiene que ver con la producción contaminante del siglo XIX.

Al mismo tiempo, es imprescindible que los impulsores de La Canal concreten de una vez qué actividades podrían implantarse y cuál sería el precio final del metro cuadrado tras aplicar las medidas de protección. En definitiva, aclarar si el proyecto es económicamente viable o si requiere una gestión pública decidida para hacerlo posible. Este punto es clave para arrancar compromisos de financiación a las administraciones.

De este debate deben surgir certezas. En un sentido o en otro. Lo que Alcoy no puede permitirse es seguir prolongando indefinidamente una discusión que, de forma irresponsable, retrasa decisiones clave. La ciudad debe decidir si apuesta por su futuro industrial o si acepta, de facto, renunciar a uno de los pilares que históricamente la han sostenido.

Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor de Historia.