Sé que ha sido el monotema de esta semana, incluso por encima del balance de las fiestas de Fogueres de Alicante, pero creo que merece una reflexión. Como ya saben, el pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el jueves la solicitud para modificar la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, con el objetivo de que la ciudad deje de ser considerada zona de predominio lingüístico valenciano y pase a ser zona de predominio castellano. Lo aprobó el PP, a instancias de una iniciativa de Vox, después de haberlo planteado hasta en cinco ocasiones —como bien ha recordado el escritor Joan Borja en este diario—, aunque solo la votación del jueves reunió los votos necesarios para elevar la propuesta. Se trata de una declaración institucional que, aunque no tiene efectos legales inmediatos, sí supone una declaración de intenciones. Para que tenga validez jurídica, deberían modificar la ley las Corts Valencianes, que la aprobaron en 1983 por amplio consenso.

Pese a la osadía de la medida, por varias razones —entre ellas, por acientífica—, el PP de Alicante y su alcalde, Luis Barcala, podrían haber conextualizado al menos su posicionamiento y, de paso, su trascendencia. Pero no fue el caso. La cuestión es que el PP ha tenido que aprobar un plan de ajuste por haberse excedido en 30 millones de euros, y alcanzó un acuerdo con Vox —pese al ofrecimiento del PSPV-PSOE—. Como contrapartida, había que dar salida, esta vez sí, a la declaración institucional. Barcala podría haber dicho que había que hacer "de la necesidad virtud" (para aprobar no solo el plan de ajuste, sino posteriores modificaciones presupuestarias), pero como no lo ha hecho —pese a las cándidas palabras de su portavoz, Mari Carmen de España—, toca analizar las consecuencias que, sobre todo para el PP, tiene esta declaración de intenciones.

Y para ello, toca hacer memoria. Si esta ha sido la quinta vez que la iniciativa se ha llevado al pleno, hay que recordar que hubo una cuarta, a finales de 2023, ya con el PP y Vox en el Gobierno de la Generalitat Valenciana. Entonces, los populares lograron convencer a Vox de retirar la moción porque el Consell de Carlos Mazón iba a aprobar una ley que daría libertad a los padres para elegir la lengua mayoritaria en los colegios. Llegó el nuevo texto normativo, la denominada Ley de Libertad Educativa, que permite a los progenitores elegir la lengua mayoritaria, respetando los porcentajes que exige la ley —el mínimo del 25%, establecido por el Constitucional en el caso de comunidades bilingües—. Se nos vendió la ley, ya en plena vigencia, como la solución a los "desmanes" del Gobierno del Botànic, que dejaba esa decisión en manos de los consejos escolares —donde están representadas las AMPAs y las direcciones de los centros—.

Fue este año cuando los padres y madres votaron con total libertad (se supone). Y ahora, la Conselleria de Educación debe adecuar esa demanda a la oferta de cada centro. El conseller Rovira siempre ha dicho que se atenderán todas las solicitudes, y será en este próximo septiembre cuando comprobaremos si Educación ha podido encajarlas todas. Ante esta situación, la pregunta que conviene hacerse —y que creo que debió valorar Luis Barcala— es: ¿no era la Ley de Libertad Educativa la solución? ¿Por qué ahora respaldar la solicitud de cambio del mapa lingüístico? ¿Es que en Alicante no se cumple la ley del Consell de Mazón?

Más allá de compensar el apoyo de Vox al plan de ajuste, la decisión adoptada por el PP de Alicante no tiene explicación ni justificación alguna. Hablamos de un partido que respaldó la Llei d’Ús i Ensenyament; que respalda y defiende el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; y que, en años anteriores, bajo gobiernos populares —con Zaplana, Camps y Fabra—, hizo gala del sistema de líneas en las dos lenguas oficiales (valenciano y castellano) en la enseñanza. El Botànic ya no es excusa, como intentó hacernos ver Mari Carmen de España el jueves. Hay un nuevo gobierno del PP, cuyo presidente, Carlos Mazón, reivindica(ba) la moderación (otra cosa es que lo haya conseguido) y de mantener los consensos, entre ellos, el de la Llei d’Ús i Ensenyament.

Voy a ser inocente, y a pensar que esta declaración institucional no irá más allá. Pero ya saben que en política todo es posible. Desde luego, si el cambio prosperara, la reivindicación histórica de la “libertad educativa” del PP saltaría por los aires. Porque, entre otras cosas, los padres y madres de Alicante, en ese caso, no podrían ejercerla. Ya hay progenitores cuyos hijos residen en municipios castellanohablantes y no pueden solicitar la enseñanza en valenciano en las mismas condiciones que en otro municipio, como por ejemplo, Alicante.

Pero más allá de eso, el respaldo del PP de Barcala manda un mensaje, a mi modesto entender, muy confuso para el PPCV. Además de abrazar los postulados ultras de Vox —cosa que ya no sorprende—, el voto a favor de esa medida, pese a que no tenga trascendencia legal e independientemente del nivel de valenciano que se hable o del que soliciten los padres (un 17% en la ciudad), significa varias cosas: internamente, hace ver que no les gusta el modelo bilingüe de la Comunitat, que no lo quieren para sus hijos e hijas, pese a que la ley vigente, elaborada por el propio PP, en teoría lo permite. Y en la práctica, supone una restricción de derechos para los ciudadanos de Alicante, por pocos que sean, o que lo soliciten.

Externamente, para futuros universitarios y estudiantes de Secundaria o FP de la provincia de Alicante que quieran cursar estudios en la ciudad, el mensaje es claro: no vengáis, no queremos oferta en valenciano en nuestros estudios.

Como ciudad, la manifestación es clara: Alicante quiere ser una isla, no solo porque que el valenciano tenga el mínimo uso social posible, sino también como territorio cerrado a oportunidades para jóvenes y profesores de otros puntos de la Comunitat que quieran instalarse y hacer su itinerario formativo o laboral aquí. Y, por último, en el seno del PPCV, que Alicante se manifieste a favor del cambio del mapa lingüístico no deja de ser una anomalía en la historia del propio partido, que puede generar réplicas contra el consenso de la Llei d’Ús; que va a provocar el señalamiento de otras formaciones, y un sonrojo para aquellos alcaldes y concejales que defienden de buena fe el valenciano en sus municipios como un ejemplo de coherencia interna y de cohesión social, o que simplemente defiendan la propia Ley de Libertad Educativa. Porque a cualquier intento, le van a reprochar el posicionamiento de Alicante, como ahora al PSOE le señalan por otras cosas. 

Por tanto, la pregunta es pertinente: ¿no era la Ley de Libertad Educativa la solución?