Aunque parezca que haya pasado un mes, Carlos Mazón ha dimitido esta misma semana. Con su renuncia el lunes, se pone fin al mandato del president que reconquistó la Generalitat para el PPCV tras ocho años de gobierno progresista. Lo hizo mediante un ascenso exprés a la cúpula del partido, después de una década alejado de la política, y fue el primer presidente en establecer un pacto con Vox para alcanzar el poder, con las consecuencias que ello pudo tener en las elecciones generales de julio de 2023, que privaron a Alberto Núñez Feijóo de una mayoría parlamentaria suficiente para llegar a la Moncloa.

Mazón se marcha por la presión ciudadana tras lo ocurrido con la Dana en Valencia, sus 229 víctimas mortales y la gestión posterior. Pese a los intentos de imponer un relato alternativo —centrado en el supuesto fallo de las agencias estatales del Gobierno y en la acusación de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez politizó la tragedia, como subrayó en su discurso de despedida—, el ya expresidente abandona el cargo porque tanto la gestión como el discurso posterior sobre aquel fatídico 29-O hizo aguas por todas partes. Todas las versiones que ofreció fueron desmentidas posteriormente, y sobre todo, nunca se comprendió que, ante la mayor catástrofe climatológica sufrida por la Comunitat, el presidente de todos los valencianos estuviera ausente durante cinco horas. Todo lo que vino después fue aún peor. Como también lo fue el trato ofrecido a los familiares de las víctimas, incluyendo su intento de diferenciar (también Vox) entre las “buenas” —aquellas que él recibía, un sector muy minoritario— y las “rebeldes”, a las que nunca atendió (más bien, las menospreció, como han vuelto a denunciar esta semana en el Congreso de los Diputados).

Más allá de precisar quién falló o acertó aquel 29 de octubre —algo que la investigación judicial desvelará—, lo que no ha tenido lógica en todo este proceso es que Mazón no cerrara el círculo vicioso en el que se metió tras la gestión de la DANA. Admitió errores personales, sí, pero volvió a cargar toda (o casi toda) la responsabilidad sobre el Gobierno central, cuando las novedades judiciales que conocemos cada día apuntan a que la gestión de esa jornada por parte de los responsables de la Generalitat fue, como mínimo, negligente: desde la retirada de los bomberos del barranco del Poyo, hasta la subestimación de las primeras consecuencias; pasando por la convocatoria tardía del Cecopi, la omisión de los primeros avisos para activar la alerta Es-Alert (aunque el motivo fuera el posible desbordamiento de la presa de Forata), y las extensas discusiones internas en el órgano de Emergencias. Por citar solo algunos ejemplos.

Por eso creo que la losa de la gestión seguirá pesando, aunque Mazón ya no esté. El PP, como partido, tendrá la difícil tarea de esquivar el señalamiento social y político. Y es posible que el nuevo acuerdo con Vox —más allá del rechazo a la inmigración y otras boutades que incluirá— tenga como objetivo airear a los cuatro vientos que la principal responsable es el malvado Sánchez y sus agencias estatales, pese a que las novedades de la investigación judicial nos indiquen cada semana lo contrario. Es decir, el relato político del futuro Consell (si lo hay) querrá mantenerse en sus trece, posiblemente con un PP más debilitado porque Vox lo va a meter su ideario en la boca. Aunque el juzgado de Catarroja diga otra cosa, y bien distinta.

Sea como fuere, lo que está claro es que desde aquel 29-O, la legislatura en la Comunitat Valenciana ya fue otra. Posiblemente, ya entonces se debió plantear un adelanto electoral para redefinir los objetivos y prioridades del mandato. Pero lo que ha ocurrido es que la persistencia en ese relato ha continuado hasta convertir la situación en insostenible. Así que, si no hay un cambio de última hora, nos abocamos a la prórroga de la prórroga, y posiblemente con los mismos discursos, incluso más exacerbados. Al menos, eso es lo que intentará Vox ante la debilidad del PP, que no quiere elecciones ni por asomo, ni por esa retahíla de encuestas que dicen que aún les dan la mayoría. Si fuera así, ya les digo que las elecciones estarían convocadas. Ahora, todo se decidirá en un despacho. No lo tendrá fácil el sucesor/a.

De esta manera, se pone fin a una etapa que apenas habrá durado dos años y algunos meses. Posiblemente, en el pensamiento de Mazón estuviera dimitir antes, como dijo el lunes. Pero el relato que se defendía en público no era ese: sino hacer de la reconstrucción una reválida, pese a que las opciones de repetir como candidato era mínimas. Él siempre pensó, si tenía una posibilidad, que sólo debía abandonar el cargo con un derrota electoral, y no de esta manera. Pero en una tarde, en cuestión de horas, se fue todo al garete. Si uno analiza lo que pasó esa tarde, con lo que hoy sabemos, entenderá muchas cosas: hubo subestimación de las previsiones; exceso de confianza y el fallo múltiple a la hora de remediar la situación. La tormenta perfecta, casi la misma que se dio cuando él volvió a la política: un liderazgo gestado desde las esferas del partido (entonces, la dirección de Pablo Casado), tras 10 años fuera de la política; apartando a los rivales, y a las voces divergentes; simpatía en la esfera pública sí, mucha, pero desidia (y ostracismo) hacia todo aquel que no comulgaba con sus principios; falta de autocrítica (eran los mejores, y todo lo hacían bien), y mucho mensaje hiperbólico en los logros, y en las críticas. Quienes conocieron su mandato en la Diputación de Alicante no les sorprenderá muchas de estas cosas. Una ola, conservadora y antiSánchez, le llevó en volandas en mayo de 23, pese a que dos meses antes ni él mismo ni su partido creían en la victoria; ahora, una riada, la del 29O, se lo ha llevado, una año después.