Cuando España levantó la Copa del Mundo, casi todos entendieron que Donald Trump sobraba en aquella fotografía. No había jugado un minuto, no había entrenado al equipo ni había contribuido al éxito deportivo. Simplemente ocupó el lugar más visible. En Almussafes ha ocurrido algo parecido. Solo que esta vez el protagonismo no correspondía a un presidente extranjero, sino a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
Quien sí podía y debía estar
La presencia de las máximas autoridades en un anuncio industrial de esta magnitud resulta lógica. Lo extraordinario no es asistir, sino apropiarse del protagonismo de una operación cuyo mérito corresponde, fundamentalmente, a quienes la han negociado durante meses desde el ámbito empresarial y técnico.
Qué significa realmente este acuerdo
Porque el acuerdo alcanzado entre Ford y Geely no nace de una decisión política. Es el resultado de una negociación privada entre dos multinacionales que han encontrado un punto de encuentro para garantizar el futuro industrial de Almussafes. Una alianza societaria que permitirá fabricar nuevos modelos y devolver perspectivas de estabilidad a una planta que llevaba demasiado tiempo instalada en la inseguridad.
Durante meses, Almussafes dejó de fabricar únicamente automóviles para empezar a fabricar incertidumbre. Lo que estaba en juego no era un modelo concreto, sino la continuidad de una de las mayores factorías industriales de España y el futuro de más de 4.000 empleos directos y cerca de 20.000 indirectos.
La idea empresarial que lo explica todo
Quien no ha participado nunca en una gran decisión empresarial y ha arriesgado un capital quizá desconozca la enorme complejidad que encierra una operación de estas características. Complejidad y vértigo. Detrás de un acuerdo de esta magnitud y con elevadísimo alcance vertebrador existen miles de horas de trabajo, análisis financieros, previsiones comerciales, estudios de costes, planificación industrial, reorganización logística, programas de formación y, sobre todo, un elemento imprescindible: la confianza mutua entre inversores.
Las empresas no invierten únicamente en instalaciones. También invierten en entornos. Analizan la seguridad jurídica, la estabilidad institucional, el marco laboral, la competitividad fiscal y la capacidad de un territorio para transmitir confianza a largo plazo. Esa infraestructura invisible y virtual resulta, en muchas ocasiones, tan decisiva como una nave industrial o una línea de producción.
Es probable que algunos de los calendarios anunciados terminen modificándose. La industria del automóvil enseña que los proyectos evolucionan y que algunos modelos nunca llegan a rodar, mientras otros aparecen bajo una denominación distinta. Lo verdaderamente relevante no es el nombre comercial del vehículo, sino que existe una inversión, un compromiso industrial y una hoja de ruta que devuelve expectativas de futuro a Almussafes. Hay quienes se empeñan en no entender la importancia que tiene para España que esos coches circulen antes por el Corredor Mediterráneo antes de pisar el asfalto en otro país.
Por qué la credibilidad no es un adorno
Precisamente por ello, la credibilidad institucional adquiere un valor esencial. Los ciudadanos y los inversores necesitan distinguir entre quien acompaña una operación y quien realmente la hace posible.
El Gobierno ha defendido el papel desempeñado por el Mecanismo RED, que ha permitido sostener el empleo durante los últimos años y cuyo coste cifró Pedro Sánchez en torno a los 45 millones de euros. El president Pérez Llorca reivindicó para su Consell factores de entorno —fiscalidad, suelo, estabilidad institucional— como argumento de atracción de la inversión. Se pueden compartir esas lecturas o no, pero al menos están ancladas en sus competencias reales. Son instrumentos que han contribuido a amortiguar el impacto social de la crisis y a dinamizar el acuerdo.
Sin embargo, resulta mucho más difícil identificar una aportación concreta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en este expediente. Si hubiera existido una actuación relevante en materia de innovación industrial, digitalización de procesos, formación tecnológica o transferencia de conocimiento, sería sencillo señalarla. Hasta la fecha no existe una actuación verificable que permita atribuir al ministerio un papel determinante en la negociación o en el contenido del acuerdo.
Y esa ausencia no es un detalle menor. Porque una política de innovación no consiste únicamente en gestionar convocatorias o participar en actos institucionales. También implica reforzar la competitividad de las empresas mediante inversiones en talento, tecnología, automatización o inteligencia artificial aplicada a la producción. Son herramientas que pueden marcar diferencias cuando una planta compite por nuevas adjudicaciones industriales. Quién sabe si los dos últimos ERE hubieran sido menos agresivos. No lo sabremos, porque no se ejecutó.
Lo sorprendente, por tanto, no fue la presencia institucional de la ministra, sino el protagonismo adquirido en un anuncio cuyo contenido no dependía de su departamento y que, además, llegaba apenas veinticuatro horas después de unas declaraciones políticas que desviaron –y mucho– el foco informativo. Cuando una operación industrial de esta importancia termina compartiendo titulares con polémicas ajenas a la fábrica, el riesgo es evidente: el debate político eclipsa el verdadero valor y alcance del proyecto.
Quienes sí trabajaron sin necesitar la foto
Conviene recordar también que detrás de este acuerdo hay decenas de profesionales cuya labor apenas ha trascendido. Técnicos de diferentes administraciones, responsables empresariales y equipos especializados han trabajado durante meses lejos de los focos para construir un clima de confianza entre todas las partes.
Un ejemplo ilustra bien esa forma de trabajar. El vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Díez Climent, viajó a China y coordinó buena parte del proceso con María Scheifler, directora de proyectos estratégicos de la Presidencia del Gobierno. Responsables pertenecientes a administraciones y sensibilidades políticas distintas colaboraron con un objetivo común: asegurar el futuro industrial de Almussafes. Su trabajo se conoció cuando todo había terminado. Nunca antes.
Así debería funcionar la política industrial. Menos protagonismo y más resultados.
El coste de cruzar el umbral
Existe una diferencia entre acompañar una operación estratégica y presentarla como propia. Ese límite no a menudo resulta fácil de identificar, pero conviene no traspasarlo. Porque las fotografías pasan. Los proyectos industriales permanecen durante décadas.
Dentro de unos años, cuando se recuerde este acuerdo, la pregunta verdaderamente importante no será quién ocupaba la primera fila durante el anuncio. Será mucho más sencilla: ¿quién contribuyó realmente a hacerlo posible?
