Hacienda persigue el fraude. Nadie persigue la corrupción.
En 2025, la Agencia Tributaria recaudó 22.743 millones de euros persiguiendo el fraude fiscal, un 20,2% más que el año anterior. Ese mismo ejercicio, España seguía arrastrando una factura de corrupción que el último estudio disponible —del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, con datos de la Comisión Europea y Eurostat— cifraba en 90.000 millones anuales, el 8% del PIB (Grupo Verdes/ALE, 2018). Una cifra se persigue con inspectores, expedientes y sanciones que se publican cada trimestre. La otra se persigue con memorándums y declaraciones de intenciones que, a tenor de los resultados, nadie con poder de acción se molesta en leer.
En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC) ya cuantificaba el sobrecoste de la contratación pública en más de 48.000 millones euros. Un 4,5% del PIB. Desde el punto de vista metodológico, comparar periodos distintos y las estimaciones de los Verdes exigen cautela. Lo importante es el enfoque cualitativo. Ahora bien, ante la falta de indicios de que la corrupción haya remitido, tomar el dato de 2018 como referencia es un ejercicio de prudencia; la realidad actual podría ser aún peor. La ausencia de datos actualizados y de un sistema de auditoría pública comparable al de Hacienda es, en sí misma, un diagnóstico. Al fraude fiscal se le calcula cada año –como debe ser–, hasta con decimales. A la corrupción pública ni siquiera se le pone precio.
Lo que nos costaría, en limpio
Aquel informe de 2018 situaba a España como el sexto país de la Unión Europea con más pérdidas por corrupción. Para dimensionarlo: los 90.000 millones equivalían a cuatro veces las ayudas a los parados, al 90% del presupuesto de sanidad o al 88% del gasto en pensiones. Repartido entre la población, cada español habría recibido casi 2.000 euros extra al año. Aunque la estimación de 90.000 millones fuera errónea en un 50%, las cifras siguen siendo escandalosas. Se trata de un coste de oportunidad real: sanidad, pensiones y ayudas familiares que no llegan por un porcentaje del PIB que se evapora sin que nadie lo audite.
La AEAT que sí existe
La Agencia Tributaria demuestra que el modelo funciona cuando hay voluntad: más de dos millones de actuaciones de control en 2025, 52.299 sobre grandes empresas y patrimonios —un 12,7% más—, 547 millones liquidados en inspecciones a grandes fortunas y otros 68 millones recuperados de contribuyentes que fingían residir fuera de España. Nada impide replicarlo para lo público; comisiones, contratación irregular, empresas rescatadas o asesores sin currículum en consejos de administración. Un cuerpo de inspección de lo público, con la misma autonomía técnica que ya funciona contra el fraude fiscal, no es una utopía. Es una decisión política que, tras años de autismo político, sigue sin tomarse.
Lo que no existe
Para la corrupción pública no existe una agencia equivalente. En ese terreno no hay nada parecido a Hacienda. Al contrario, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) —organismo evaluador, no investigador— lleva años advirtiendo que el Gobierno ignora sus recomendaciones clave: desde regular los lobbies hasta despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. La Comisión Europea ya calificó en 2025 la situación española como "una preocupación pública importante". Por su parte, la OCDE denunció que el país sigue careciendo de una «estrategia anticorrupción única y unificada». El resultado de esta parálisis lo certifica Transparencia Internacional: España cayó tres puestos en 2025, estancándose en los 55 puntos sobre 100, empatada con Chipre y por debajo de Portugal. Ya me dirán ustedes qué hacemos con este panorama.
Si un directivo de una empresa privada se equivoca en un presupuesto, lo normal es que dimita o sea despedido. En la administración pública, una obra que acaba costando el doble de lo presupuestado no genera, por lo general, ni dimisión ni sanción, ni siquiera —en la mayoría de los casos— explicación pública.
Crear una Agencia Tributaria del gasto público es viable. Una institución cuyo objetivo no fuese recaudar más, sino evitar que el dinero recaudado se pierda por el camino. Es una decisión política que, ocho años después de la moción de censura contra la corrupción que llevó a Sánchez al Gobierno —presentada, con la paradoja que ya conocemos, por un Ábalos hoy señalado judicialmente—, sigue sin tomarse.
El Ejecutivo repite su «tolerancia cero» cada vez que le mencionan los casos Koldo, Ábalos o Cerdán. Los números dicen otra cosa: hay un organismo que persigue con lupa cada euro no declarado, y ninguno con el mismo mandato para el euro público mal gestionado. Cuando eso cambie, existirá un escenario presidido por la credibilidad, confianza en los servicios públicos y revertiría la elevada desafección política actual. Mientras tanto, solo hay recaudación por un lado y memorándums por el otro.
España no necesita otra declaración solemne e impostada de tolerancia cero contra la corrupción. Necesita controles eficaces, responsabilidades claras y resultados medibles.
La corrupción no debería ser patrimonio de la izquierda ni de la derecha. Tampoco el dinero público. Es patrimonio de todos; y precisamente por eso, todos deberíamos exigir que cada euro tenga dueño, destino y explicación.
