BENIDORM. El pleno municipal de Benidorm ha aprobado por unanimidad la resolución de la condición de agente urbanizador a la mercantil Prometosa Construcciones, propiedad de Francisco García, alías El Paloma, que desde el año 2006 era la encargada de desarrollar el sector PAU-1 Murtal. La resolución del contrato llega tras un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística. Al tratarse de una resolución objetiva, “no cabe la incautación de la garantía depositada por el urbanizador”, según ha explicado la portavoz y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles. El Murtal es uno de los desarrollos urbanísticos de Benidorm con capacidad para construir casi 3.000 viviendas.
La edil ha realizado un repaso a todas las actuaciones que se han llevado a cabo desde que se produjo la adjudicación de este sector urbanístico en el año 2003 y ha recordado que los litigios comenzaron con el recurso por parte de Prometosa a una sentencia del año 2007 que fijaba la retribución del agente urbanizador. Caselles ha indicado que en 2011 "se firmó la ejecución subsidiaria para redactar el proyecto de urbanización y en 2015, tras una licitación abierta, se adjudicó a la empresa Lorente Tallada la reparcelación. Más tarde, en 2019, se inscribió en el Registro, pero el agente urbanizador se negó a pagar la cuota que le correspondía y hubo de ser adelantada por propietarios del sector".
Una vez inscrito el proyecto de reparcelación empezó a correr el plazo de 36 meses para entregar las obras de urbanización. "Durante tres años ha habido requerimientos de subsanación de deficiencias de los distintos proyectos de urbanización que se han presentado y, a fecha de hoy, el último aún tiene deficiencias no subsanadas", ha explicado Caselles. En el año 2023, a la vista del incremento de las cargas de urbanización, el TSJ concluyó que se había producido un aumento sustancial del 118% respecto de las originales del año 2000. "Así, tras tres años de requerimientos, se inició el procedimiento de resolución subjetiva por culpabilidad que acabó con un dictamen del CJC", ha precisado la edil. En 2025, ha continuado, el pleno declaró la caducidad del procedimiento de responsabilidad subjetiva "y, por lo tanto, entramos en un supuesto objetivo de resolución según la LRAU, una resolución sin culpabilidad debido al incremento de las cargas".
"Con todos los informes en la mano, lo que procede es voto favorable para la resolución objetiva por causa de un incremento de más del 20% de las cargas de urbanización, resolver la condición de agente urbanizador de conformidad con el CJC, la ley de contratos y la LRAU", ha señalado Lourdes Caselles, que ha recalcado que "al ser objetiva, no cabe incautación de la garantía", que ascendía a 1,6 millones.
La aprobación de este punto conlleva además que se mantiene el planeamiento aprobado en su día, así como el proyecto de reparcelación "porque resulta útil al interés general". También se ha dejado claro que el Ayuntamiento de Benidorm no puede llevar a cabo la gestión directa del sector, "pero tenemos constancia de que los propietarios se están moviendo para constituirse en Agrupación de Interés Urbanístico y que alguno incluso tiene más del 60% del suelo, por lo que podría presentarse como agente urbanizador", ha incidido la titular de Urbanismo, como ya anunciara en julio en declaraciones a Alicante Plaza.
