BENIDORM.- El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana respalda la decisión del Ayuntamiento de Benidorm de resolver el convenio urbanístico firmado con la mercantil Prometosa Construcciones (propiedad del oriolano Francisco Gómez Hernández, alías El Paloma) y retirarle la condición de agente urbanizador del sector PAU-1 El Murtal, uno de los desarrollos urbanísticos más complejos y judicializados del municipio, con capacidad para construir casi 3.000 viviendas. La nueva resolución tiene mucho calado, pues en anteriores resoluciones, el CJC había negado la posibilidad de retirar la condición del agente urbanizador, como sucedió en mayo de 2025.Y desde hace meses, Andra Patrimonio (Raúl Pérez Allepuz) reclama ser el agente urbanizador de la zona.
El origen del conflicto se remonta al año 2000, cuando el Ayuntamiento adjudicó a Prometosa el desarrollo del sector. Sin embargo, diversas resoluciones judiciales, entre ellas una sentencia del Tribunal Supremo de 2007, modificaron sustancialmente las condiciones económicas del programa al anular parte de las cargas que debían asumir los propietarios. Posteriormente, otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, dictada en 2023, reconoció el derecho de la urbanizadora a una compensación económica por el desequilibrio generado por esas decisiones judiciales.
Mientras tanto, el desarrollo urbanístico permaneció bloqueado. El Ayuntamiento de Benidorm requirió en numerosas ocasiones a la empresa para que presentara un proyecto de urbanización actualizado y adaptado a la normativa vigente. Los servicios técnicos municipales concluyeron reiteradamente que los documentos aportados presentaban importantes deficiencias y que el coste de las obras se había disparado, superando el 120 % respecto al presupuesto inicialmente previsto.
Tras varios requerimientos, informes técnicos y recursos administrativos, el consistorio benidormí inició un procedimiento para resolver el convenio urbanístico. Un primer intento fue archivado por caducidad, pero posteriormente volvió a tramitarse el expediente incorporando nuevos informes técnicos y jurídicos. El nuevo informe responde a la petición realizada en abril de este año.
El Consell Jurídic considera que las condiciones esenciales del programa han cambiado de forma objetiva como consecuencia de las resoluciones judiciales y del fuerte incremento de los costes de urbanización, circunstancias que hacen inviable mantener el contrato en los términos inicialmente adjudicados. Además, aprecia que persisten las deficiencias técnicas del proyecto presentado en su día por la empresa urbanizadora.
El dictamen, de carácter preceptivo aunque no vinculante, despeja el camino para que Benidorm adopte la resolución definitiva y reorganice el futuro desarrollo del sector El Murtal, pendiente desde hace más de dos décadas.
Este asunto tiene una notable repercusión económica, ya que las sentencias obligan al ayuntamiento a devolver parte de las cantidades abonadas por la urbanizadora y, al mismo tiempo, abren una nueva etapa para decidir cómo culminar la urbanización de uno de los últimos grandes sectores de expansión pendientes de Benidorm.
Las últimas subastas de suelo, sin pujas
El desarrollo del PAU-1 Murtal servirá como expansión de la zona de Poniente, que en los últimos años se ha convertido en un sector importante para inversiones inmobiliarias de gran calado, muestra de ello son todas las promociones de TM Grupo Inmobiliario, de Alibuilding o Goya Real Estate. Sin embargo, esta bolsa de suelo sigue sin conseguir un aval suficiente para su desarrollo, que sigue enquistado con procedimientos legales y administrativos en el Consistorio.
En medio de esta situación, el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Benidorm sacó a subasta terreno propiedad de Royal Invest España SL e Intermax Global SL, sobre las que pesa una deuda de 1.910.477,59 euros en concepto de principal y otros 83.600 euros de intereses y costas. El edicto deja constancia que es la mercantil Gardos Inversiones SL la que solicita la ejecución hipotecaria contra estas empresas. Según consta en la certificación registral, Royal Invest España cuenta con el 69% del aprovechamiento que sale a subasta, mientras que Intermax Global dispone del 31% restante.
Como ya informara este diario, el juzgado ordenó el lanzamiento de la subasta de suelo en propiedad de las mismas, que responde a 1.533,55 unidades de aprovechamiento urbanístico que tiene que ser materializado en el PAU-1 Murtal de Benidorm y que, según fuentes municipales, podría traducirse en superficie suficiente para la construcción de un edificio en la zona. Así, el valor del aprovechamiento asciende a 2.390.000 euros.
